Cómo se logró que mucha gente creyera que los derechos de la comunidad LGTBI (o la “colonización homosexual”) estaban en disputa en La Habana

Toda Colombia lo sabe pero, más allá de sus fronteras, tal vez poca gente se enteró de que un factor trascendente en la abstención y en el voto en contra de los acuerdos de paz alcanzados entre las FARC y el gobierno fueron un conjunto de declaraciones en torno a algo que llamaron la “ideología de género”.

No surge de la nada, son un conjunto de temas en los que ya existía un tira y afloja. ¿Los temas? Los de siempre: derechos sexuales, derechos reproductivos y equidad de género. En este caso, sobre todo los primeros.

En los últimos años Colombia ha vivido importantes avances. Desde el año pasado, las parejas del mismo sexo pueden optar a procesos de adopción y este año se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. También a mediados de año se lanzó el borrador de unos manuales de convivencia dirigidos al personal docente y administrativo de los centros educativos donde se abordaba el respeto con el que debían tratar a sus estudiantes con respeto a su orientación sexual o su identidad de género. En palabras del viceministro de educación, Víctor Saavedra Mercado, lo que se pretendía era “que se eliminen expresiones o lineamientos que castigan las expresiones de género”. 

El documento no era una ocurrencia del ejecutivo, suponía cumplir una orden de la Corte Constitucional después de que un joven de 16 años se suicidara lanzándose desde la terraza de un centro comercial dejando una nota en la que confesaba que el acoso sufrido en el entorno escolar y familiar por ser homosexual se le hacía insoportable. La tragedia de Sergio Urrego conmocionó al país.

Pero no todo el mundo leyó esta iniciativa como una maniobra para tratar de atajar la discriminación en el ámbito educativo, hubo sectores ―fundamentalmente religiosos― que entendieron que se trataba de una especie de conspiración desde la comunidad LGTBI para “convertir” al resto.

Imagen de Colombia Diversa, organización que vela por los derechos de las personas LGTBI

Ante las actitudes fundamentalistas, las reacciones de la institucionalidad suelen ser cobardes. La ahora exministra de educación, Gina Parody, quien además es abiertamente lesbiana (algo que por supuesto fue usado en su contra), adujo que el manual no había sido elaborado por el Ministerio sino por una de las agencias de Naciones Unidas: el UNFPA.

El manual está escondido en algún cajón, víctima de uno de esos trámites que podría condenarle a la esterilidad.

¿Y los acuerdos de paz?

¿Qué tiene que ver todo esto con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC? En principio, nada.

En julio de este año se anunció que éstos serían los primeros acuerdos de paz donde se incluiría el enfoque de género de manera transversal. A la hora de explicarlo, el jefe de la delegación de Gobierno, Humberto de la Calle, sorprendió con un discurso conceptualmente rico dando cátedra sobre la diferencia entre sexo y género: “El enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social que son históricas, en el sentido de que son productos sociales no deterministas. […] El género evoca roles de dominación, de discriminación sobre todo a la mujer y a formas de identidad sexual diferentes”. Y hasta nombró a Simone de Beauvoir. 

Hacer el enfoque de género transversal a los acuerdos supone muchas cosas. Por un lado, que se reconozca que las mujeres y la comunidad LGTBI han sido víctimas del conflicto armado de una forma diferenciada. Un punto clave es señalar la violencia sexual como delito de lesa humanidad no amnistiable ni indultable, teniendo en cuenta que el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, según datos de Medicina Legal. Asimismo, el desplazamiento fruto del conflicto se ha exacerbado en las mujeres. “Cuando una mujer es desplazada, se desplaza toda una familia o casi toda una comunidad”, apostilló Yiya Sandoval, integrante del movimiento ciudadano Paz a la Calle.

En el punto de participación política, se estableció la “promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos”, aunque no se logró aprobar la paridad. 

En el de reforma agraria se tiene en cuenta el papel de las mujeres y la importancia de que aparezcan como propietarias y titulares en la asignación de tierras, además de incluirlas explícitamente en planes y programas para la capacitación técnica o la distribución de semillas.

En cuanto a los cultivos ilícitos, al dejar de perseguir los delitos menores no violentos se salva a la mayoría de mujeres implicadas en estas redes, mujeres empobrecidas generalmente a las que se coloca en los puntos de la cadena más vulnerables.

Como ven, nada en relación al concepto de familia, de qué sexo deben ser sus componentes o su orientación sexual. Tampoco sobre si el enfoque de la educación en los centros escolares deba ser conforme al concepto tradicional de familia o abrirse a un concepto más abierto e inclusivo. No es que estas discusiones sean baladí, sólo que no se abordan en los acuerdos. Estas controversias se mezclan de forma malintencionada con los acuerdos.

Sería para reírse si no fuese por la cantidad de personas que lograron movilizar. Una amiga me contó que su madre siempre pensó en abstenerse hasta que un día regresó del culto evangélico convencida de que debía votar por el `no´ “para que no nos impongan el homosexualismo”.

¿Quiénes generaron este malentendido? Personajes como el exprocurador general, Alejandro Ordóñez, la procuradora para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, Ilvia Myriam Hoyos, la senadora del Partido de la U ―el partido del presidente Juan Manuel Santos, por cierto―, Ángela Hernández, la senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, líderes de varias iglesias, fundamentalmente evangélicas, y, por supuesto, uno de los principales portavoces de la campaña del `no´, el senador y expresidente del Gobierno, Álvaro Uribe Vélez.

Todos pusieron en el centro del debate la defensa de la familia tradicional, los valores y principios religiosos que, en su opinión, estaban siendo amenazados por la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo Final. En otras palabras, se distorsionó la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de forma malintencionada mediante un discurso homofóbico.

Yiya Sandoval acusó a estos sectores de querer regresar a un “enfoque familista” negando la laicidad del Estado colombiano e irrespetando los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.

Desde Paz a la Calle, Paola Vargas reflexionaba: “Esto fue un sacudón para ver que tenemos que salir de nuestras esferas políticas y hablar con los demás porque el tema de género no está muy claro. Así se logre firmar los acuerdos, la implementación depende de una educación mucho más profunda”. 

Yiya Sandoval (izquierda) y Paola Vargas, de la Comisión de Género de Paz a la Calle.

Después del plebiscito

La controversia no termina con el plebiscito. Una vez que gana el `no´ por un estrecho margen, comienzan las conversaciones y tanto el gobierno como las FARC buscan dialogar en torno a los temas sobre los que no hay consenso. Entre ellos, la ideología de género. Hay que tener en cuenta que el fenómeno cristiano en Colombia cuenta con 6.000 iglesias, según datos de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Unos 15 millones de feligreses.

Las iglesias cristianas plantean cosas como la defensa del concepto tradicional de la familia, que el término género se circunscriba a sexo únicamente y que se garantice el derecho de padres y madres a educar conforme a sus valores. 

La comunidad LGTBI demandan que el acuerdo entre gobierno y FARC no abarque la definición de familia, matrimonio o adopción por parejas del mismo sexo, por no tener relación con ninguno de los puntos.

Santos ya ha dicho que el enfoque de género se queda en los acuerdos, pero la ideología de género no está incluida, ni se va a abordar el concepto de familia en La Habana. 

Falta mucho para aceptar que el género es una construcción social donde también entra la orientación sexual como una decisión individual influida por múltiples factores, frente a la idea de que sexo y género van de la mano por voluntad de una deidad y toda forma de sexualidad no heterosexual no es “legítima”.

Como indicaban las integrantes de la Comisión de Género de Paz a la Calle, lo que ha quedado claro es que se necesita hacer mucha pedagogía en el tema de derechos.

Paz a la Calle, un continuo proceso de definición

Me dirigí al Park Way, un parque céntrico de Bogotá donde se reúnen quienes integran en la capital colombiana Paz a la Calle. Este movimiento ciudadano surgió tras el plebiscito del 2 de octubre, donde la población pudo votar a favor o en contra de los acuerdos alcanzados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Los resultados sorprendieron a la mayoría. En esta votación en la que todas las encuestas vaticinaban una victoria clara del “sí”, aunque por un breve margen de algo más de 40 mil votos, ganó el “no”.

Prepativos de una de las marchas por la paz.

Esto generó una reacción ciudadana que se tomó las calles y dio lugar a varias iniciativas. Paz a la Calle es una de ellas. Con la idea de tratar de entender cómo visualizan y se plantean la actual coyuntura me acerqué y les propuse una entrevista. Lo primero fueron evasivas: nadie quería tomar la voz del grupo, forma parte de su filosofía horizontal. Les planteé una entrevista coral, más acorde. Aceptaron. Entrevisté a tres de sus integrantes.

Comenzamos por cómo surgió el movimiento. “Nos volcamos al día siguiente (del plebiscito) a plantear que necesitábamos generar una asamblea ciudadana para mirar qué íbamos a hacer con el tema de la paz. El papel protagónico ya no era de los negociadores sino que la paz estaba en manos de los ciudadanos”, recordó Darwin Torres.

Paz a la Calle es una de las iniciativas surgidas desde universidades, organizaciones y sectores de la ciudadanía, algunos de los cuales no se había movilizado hasta entonces. Hay que subrayar algo que distingue a Colombia de otros países latinoamericanos: el gran miedo a la movilización y la disidencia política. Los crímenes políticos en este país son y han sido sumamente frecuentes, marcando un patrón que ha alejado a mucha gente de la protesta social. Por eso las movilizaciones tras el plebiscito tienen un mérito añadido.

Los puntos de Paz a la Calle

En un movimiento tan heterogéneo y participativo suele ser difícil llegar a acuerdos. Por supuesto, donde no hay fisuras es en el anhelo de paz: “Quiero vivir en un país en paz. Lo único que me han enseñado y con lo que he convivido es con la guerra, con el odio, el dolor, la exclusión y con la eliminación de la diferencia. La base de todo esto es que se nos garantice como ciudadanos, como consta en la Constitución, que podamos tener garantías del derecho a la paz”, sostuvo Darwin Torres.

Más allá de ese punto fundamental, en las asambleas han definido reglas en cuanto a su forma de funcionar y de defender la paz en la calle. Algunas de ellas son:

• Son un movimiento asambleario, horizontal, donde no quieren contar con liderazgos ni representaciones. Uno de sus mayores temores es que algún partido o movimiento político quiera apropiarse de su trabajo, de su imagen, de su lucha.

• Quieren que se mantenga el enfoque de género en los acuerdos, un tema que ha sido distorsionado y polemizado desde la campaña por el “no” en el plebiscito.

• Aplauden y apoyan que haya iniciado el proceso de diálogo con la otra guerrilla que sigue en armas: el ELN.

• Están en contra de que el acuerdo de paz sea construido entre las élites políticas y los grandes poderes de este país. Esto lo dicen porque, tras el plebiscito, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, abanderado fundamental del “no”, se reunió con Santos para estudiar qué cambios debían contener los acuerdos para poder ser aprobados. Mucha gente temió que esto diera lugar a un nuevo acuerdo pactado entre élites.

Los puntos que consensuó inicialmente el movimiento.

 Lo que no está tan claro: el cómo

Aunque está claro que defienden una “paz plena, duradera y con justicia social donde se vean incluidas comunidades y víctimas del conflicto armado y se garantice el goce efectivo de derechos”, en palabras de Darwin Torres, falta concretar las vías por las que apuestan y que consideran legítimas para alcanzarla. “Estamos construyendo un sueño colectivo de una paz incluyente pero no tiene una forma particular”, señaló Soledad Granada.

En el horizonte de la política colombiana se han mencionado varias opciones para dar salida al callejón en el que quedó el gobierno tras la bofetada del “no”. Que los acuerdos se mantengan como están o sean modificados es una de las disyuntivas esenciales. Aunque en los principios de Paz a la Calle aparece la defensa de los acuerdos tal y como han sido redactados, al preguntar no parece que el consenso sea tan sólido.

Mientras Darwin Torrres aseguró que “el principal de todos (los objetivos) es que los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC se mantengan”, Carolina Moreno Beltrán matizó: “Hay que acordar cosas para que el acuerdo esté legitimado por más personas. No podemos respaldar la totalidad de los acuerdos cuando la mitad del país se pronunció diciendo que no los quería así”. Esta integrante defiende que se renegocie lo acordado, como está haciendo el gobierno, aunque aclarando que hay puntos que no deberían modificarse, como que las víctimas estén en el centro del acuerdo.

Bogotá vs Colombia

Moreno Beltrán también hace esta matización porque, tras conversar con gente de otras regiones del país, observaron que mucha no está de acuerdo con los acuerdos. “Son muy importantes las regiones. Ellos son quienes más han sufrido la violencia, entonces tenemos que esperar a ver a qué consensos llegamos”, reiteró Moreno Beltrán.

La necesidad de alcanzar acuerdos más allá de la capital es un factor que ha ralentizado la definición de objetivos de Paz a la Calle. Este grupo siente un gran complejo por su condición capitalina, todas las personas entrevistadas quisieron enfatizar que no quieren pecar de centralistas, tomar decisiones en nombre de la mayoría de la sociedad.

Una de las asambleas de Paz a la Calle. Fuente: Pacifista.

“Llevamos mucho cuidado de no creernos la vanguardia de esta solución porque desde la ciudad tenemos que aprender mucho del campo, de los que no han sido escuchados nunca y nosotros somos en realidad una población privilegiada. Somos estudiantes o profesionales, somos gente que tenemos la posibilidad de estar haciendo esto”, reflexionó Granada.

Aunque la coyuntura actual pesa mucho, quienes integran Paz a la Calle aspiran a construir paz más allá del acuerdo. “Nuestra apuesta política es tratar de llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas para que se empoderen como actores políticos para entender que la ciudadanía tiene un poder”, añadió Soledad, quien definió Paz a la Calle como “una iniciativa de construcción de paz ya de hecho. Ya estamos construyendo paz, yo creo”.

Historia de un hombre que se llama revolucionario

La rutina campesina se vio interrumpida cuando tropas del ejército recorrieron la vereda. Siete hombres fueron entresacados. Antonio tenía 16 años cuando vio cómo dos de sus tíos eran tachados de guerrilleros  y tiroteados. 

“Ver y callar. La voz del silencio. Porque somos los que mandamos y nosotros hacemos lo que nos parece”, les escupió un teniente cuando reclamaron que los ultimados eran meros campesinos.

Posteriormente aparecieron las Defensas Civiles Campesinas, que decían haber surgido para proteger sus tierras. A Antonio le conminaron a que caminara con ellos so pena de acabar con su vida.

―Yo no soy de guerra, yo soy campesino―, contestó.

Logró escapar, no así su padrastro.

Ante la creciente presencia de tropas legales e ilegales, varias decenas de personas marcharon en busca de un lugar tranquilo donde vivir, pero el área se había convertido en un hervidero de grupos armados y tampoco hallaban tierras con las que subsistir.

Él y su madre decidieron probar suerte en la ciudad. Antonio encontró trabajo en la construcción, pero en poco tiempo lo identificaron como el sobrino de los tíos guerrilleros. Estaba marcado. Aunque buscaba el modo de llevar una vida trabajando al margen de todo conflicto, el destino parecía empeñado en contrariarlo.

Volvió a huir, esta vez solo, a una zona rural. La confrontación armada le perseguía, o tal vez se había tornado omnipresente. Tropezó con las Autodefensas de Carlos Castaño, uno de los cabecillas máximos del paramilitarismo.

―Yo no soy de la guerra―, insistió.

― Va a tener que ser a las buenas o a las malas.

Sonó a maleficio. Y se cumplió. Un día Antonio decidió acercarse a un señor que sabía tenía relación con la guerrilla que operaba en la zona. Le dijo que quería hablar con ellos y le dieron cita.

Antonio tiene un sinnúmero de alegatos a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Allá no lo obligan. Primero le explican”, enfatiza contra quienes aseguran que el reclutamiento forzado es habitual en las filas de las FARC. Cuenta que le pusieron un requisito antes de decidirse, que pasara tres meses en un campamento.

La decisión estaba tomada: “Muramos por algo porque mi familia murió por trabajar”. Con este pensamiento, Antonio pasó en 1991 a integrar las filas de la guerrilla más grande del continente.

En ese tiempo formó una familia que nada sabía de su vida de guerrillero. Su esposa le creyó cuando le dijo que trabajaba como jornalero en una finca donde ella no le podía acompañar. Él iba a visitarla cada tanto tiempo y le mandaba dinero para el sostenimiento de los dos hijos que la pareja tuvo.

En uno de los combates le alcanzaron algunas esquirlas de granada en una pierna. Esta dolencia le perseguiría el resto de su vida y fue el motivo por el que le dieron permiso para retirarse. Tras casi dos décadas de lucha, regresó a la ciudad.

Antonio llegó a vivir con su familia y a trabajar en la construcción. Pero un día una gran cantidad de agentes ―habla de 80― irrumpieron en su casa, le encañonaron frente a su esposa e hijas y lo llevaron detenido. Cuenta que aquella escena provocó ataques de pánico a su hija.  

Acusado de rebelión, le ofrecieron soltarle a cambio de información.

―Yo no entrego, no soy un bandido―, replicó.

Tras cuatro meses preso, lo soltaron por falta de pruebas, pero lo detuvieron nuevamente y lo condenaron a 6 años.

En la cárcel sufrió más que en el monte. Su pierna empeoró y llegaron a plantearle amputársela. Acusa a la jueza que llevó su caso de no apiadarse de él y de colocar a su familia en una situación de vulnerabilidad, puesto que al detenerle con tal dispositivo, los paramilitares reaccionaron hostigando a su familia.

Estando encarcelado, Antonio tuvo que admitir el engaño a su mujer. Se confesó revolucionario y le dijo que era libre de aceptar su condición y perdonarlo o dejarle. Él no le reprocharía nada y seguiría manteniendo a sus hijos. Ella decidió disculparlo.

Por su estado de salud, lo indultaron cuando iba a cumplir dos años cautivo. Pero su vida no mejoró sustancialmente. Él y su familia están siendo acosados por bandas paramilitares. Muestra algunas de las hojas que le han llegado con amenazas.

Una de las notas recibidas por Antonio.

Tuvo que sacar a su hija de la institución educativa donde estudiaba porque la llamaron a ese centro. “Niña, nosotros sabemos que usted es hija del señor Antonio. Si no se va, los vamos a matar”. Cuenta que ha llevado su queja a La Habana porque lo que le está pasando a él puede ocurrirle a quienes están próximos a desmovilizarse.

Acudió a una institución gubernamental que le sugirió que se fuese a la capital, algo que rehusó. “¿Es que no estamos pues en un proceso de paz? Si nosotros vamos a salir de la selva  a producir en el país, a dar ideas en el país, a ayudar a la comunidad y tenemos que irnos a meternos a un hotel a Bogotá, entonces, ¿qué paz estamos haciendo?”

Pidió que le ayudaran a rehacer su vida en una zona rural. Cambió su lugar de residencia, pero las amenazas continuaron. Le persiguen. Nuevamente se siente acorralado.

“Yo no tengo libertad, no tengo tranquilidad, llevo seis meses luchando para sacar a esta familia adelante y no me dejan”. Subraya que no quiere guerra porque solo trae muerte y destrucción a todas las partes.

Cuando le pregunto por las acusaciones hacia las FARC, por las atrocidades que se atribuyen a este grupo armado, Antonio muestra la fe sin fisuras de un creyente: “Yo le digo (que) sí hay violaciones, pero son bloques. Bloques que desobedecen la conducta a aplicar. Es lo mismo que en las zonas militares”. Asegura que ni su persona ni nadie con quien él luchó durante esos 20 años codo con codo cometieron ningún tipo de atropello a los derechos humanos o a la población civil.

―¿Nunca han matado a civiles? ―, insisto.

―No. Yo nunca llegué a hacer eso. Siempre paramilitares y ejército. La guerra con los que estábamos combatiendo.

La política contrainsurgente que aplica el paramilitarismo en Colombia es persiguiendo al movimiento social

La ciudad de Medellín, que en los 90 fue considerada la más peligrosa del mundo, sigue escondiendo un complejo entramado de redes delincuenciales. Es interesante entrevistar a una persona como Fernando Quijano para tratar de entender un poco lo que sucede. 

Este hombre menudo habla sobre los entresijos del crimen en la ciudad y el área metropolitana donde se asienta, el Valle de Aburrá, como quien enseña una casa que conoce de memoria. Salta de un dato a un personaje y luego retoma sin dar un respiro. Pero no se limita a analizar. Preside la organización Corpades (Corporación para la paz y el Desarrollo Social) y dirige la agencia de noticias Análisis Urbano. Desde ambos espacios está tratando de impulsar procesos de diálogo para acabar con la violencia en la metrópoli.

Sus señalamientos sobre el carácter paramilitar de la criminalidad y los vínculos de ésta con la institucionalidad le han llevado a vivir rodeado de guardaespaldas.

En los medios de comunicación se oye hablar de bandas criminales a las que denominan “bacrim” y de paramilitares. ¿Qué distingue cada fenómeno y cómo se relacionan?

Nosotros, desde Corpades y Análisis Urbano, creemos que las bacrim no existen. Entendemos que lo que existen son estructuras paramilitares y paramafiosas que son hijas de ese paramilitarismo que dicen que se acabó con la desmovilización parcial que inició a finales del 2003 y concluyó aproximadamente en el 2006. El paramilitarismo para nosotros nunca ha dejado de existir. 

El paramilitarismo se caracteriza por su lucha contrainsurgente y por contar con el apoyo de fuerzas del Estado, ¿cierto?

Si hablamos de paramilitarismo es porque tiene vínculos con un sector del Estado. Participan militares, policía, agentes del Estado en todo su orden. Tienen poder en altas esferas del Estado colombiano. Además, hay poderes reales que lo acompañan. Un sector de los terratenientes, agricultores y ganaderos mafiosos. Es una clase que llamamos emergente y ese ejército le sirve a esa clase. Con eso protege sus tierras, tierras que fueron robadas en la guerra en Colombia a miles de víctimas.

Siguen operando de forma contrainsurgente porque la política contrainsurgente que aplica el paramilitarismo en Colombia es persiguiendo al movimiento social. Lo contrainsurgente va más allá de decir que es contra la guerrilla, va contra la izquierda, va contra la posibilidad de cambio en el país, de un verdadero cambio. Más allá de enfrentar a la guerrilla que, obviamente, se enfrentan. Asesinan defensores de derechos humanos diariamente. Vienen asesinándolos desde hace muchos años. Hay quienes dicen que no existe el paramilitarismo. Acaba de decretarlo el fiscal encargado, el presidente Juan Manuel Santos también lo dice.

¿Y cómo se estructura ese paramilitarismo mafioso en el Valle de Aburrá?

En el caso del Valle de Aburrá, la historia nos muestra lo siguiente. Hay una Oficina que ha transcendido y se ha transformado de Oficina de Envigado a Oficina del Valle de Aburrá. Para nosotros sigue existiendo el Cartel de Medellín. Para nosotros la Oficina del Valle de Aburrá es la fachada del Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín nunca se acabó.

Cuando matan a Pablo Escobar, toman el control quienes ganan la guerra contra Pablo. 

Entonces, al hablar de la Oficina del Valle de Aburrá, ¿hablamos de narcotráfico?

Nosotros creemos que lo que hay no es narco, sino mafia, que se asemeja a un pulpo, una gran cabeza y muchos tentáculos metidos en todos los negocios, en todas las formas donde se puede obtener dinero. Desde la explotación sexual hasta el tráfico de drogas, desde el tema de minería ilegal hasta la madera, desde el paso de migrantes hasta el contrabando. 

¿Por qué dice que la Oficina de Envigado es una fachada del Cartel de Medellín?

Cuando tú pones la fachada, no ves lo que hay detrás y para mí eso es una de las cosas más inteligentes que hizo el cartel de Medellín. Encuentras a Douglas, a Kenner, a Sebastián, a Valenciano… los jefes gatilleros con poder alto, pero ésa es la fachada. La pregunta mía es qué hay detrás del muro, ahí está el Cartel de Medellín, el gran negocio, el macronegocio. Mientras la Oficina va a la guerra, la capturan o la matan, el Cartel casi siempre está tranquilo. 

Mucha gente ha sido acusada de ser los jefes de la Oficina sin serlo. Nosotros creemos que han cubierto a los verdaderos poderes mafiosos que hay atrás, los que yo llamo los “sin rostro”. Podemos saber que están metidos en lo legal mucho de ellos, que hacen juego entre lo legal y lo ilegal y sentimos que han sido protegidos en este país.

¿Esta mafia es también paramilitar?

La mafia tradicionalmente se ha dedicado a los negocios, a conseguir dinero, a no mezclarse de mucha violencia. Pero en Colombia mezcla violencia, se mete en asuntos de la política, de la disputa de tierras, de perseguir a la izquierda, a los sectores democráticos y demás.

La mafia se asocia y se ha asociado en Colombia con ejércitos paramilitares y con la doctrina paramilitar para tener regiones a su servicio. Yo pienso que la mafia también ha adquirido cierto tinte ideológico porque se han metido en esas luchas, en esas disputas ideológicas. 

Antes ha nombrado la muerte de Pablo Escobar como un punto de inflexión en la historia del Cártel de Medellín. En esa transformación, el personaje de don Berna es clave. 

Berna, Diego Fernando Murillo Bejaramo, viene de procesos de la izquierda. Él estuvo en el proyecto Estrella Roja del Sur, un proyecto que había tenido raíces en el Ejército Popular de Liberación. Pero era colaborador, él trabajaba para los Moncada. Cuando Estrella Roja se va contra los Moncada, Berna se va a luchar del lado de sus patrones. 

Los Moncada trabajaban para Pablo Escobar, pero luego se enfrentan y Escobar los mata. Después de la muerte de sus patrones, tiene importancia militar con los Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. Dicen que “Semilla”, el hermano de él, fue el que asesinó a Pablo Escobar. 

¿Qué pasa después de la muerte de Pablo Escobar?

Los Pepes fueron premiados por el poder de este país y por los Estados Unidos. A don Berna le dan el premio de tener el control del crimen urbano (del Valle de Aburrá). Primero lo hace a través de La Terraza, una de las bandas más poderosas y duras que ha existido en la historia de la ciudad metropolitana del Valle de Aburrá, una de las que trabajó para el Cartel de Medellín.

La Terraza llega un momento en que es la que coordina y controla toda la actividad criminal. A finales del 96 llega a la ciudad de Medellín la primera oleada del Bloque Metro, que son parte de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de los hermanos Castaño, y abren acuerdos con la Terraza.

Unos años después entra en guerra La Terraza con el Bloque Metro. El paramilitarismo pierde esa guerra. En esa guerra La Terraza asesina a Semilla y Diego Fernando (don Berna) se refugia en la región de Urabá. De ahí viene con todo el poder, ya no solo de la mafia, sino ya como paramilitar. Berna viene fortalecido y le gana la guerra a La Terraza. Asesinan a una gran cantidad de jefes y toman el control de La Terraza y del Valle de Aburrá. La Terraza hoy está sometida a La Oficina. 

Berna termina siendo el subinspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el 2002 anuncia que tiene el control total de las bandas del Valle de Aburrá. Cuando toma las bandas, las paramilitariza.

Antes dijo que entre el 2003 y el 2006 hubo un proceso de desmovilización de paramilitares.

Para nosotros hubo una desmovilización parcial. En ese momento en el Valle de Aburrá eran más de 8.000 integrantes de bandas que habían sido sometidas y controladas por el paramilitarismo en cabeza de don Berna. Cuando se da la primera desmovilización no llegaron a 900 personas, o sea, fue el 10% de las bandas que ya estaban paramilitarizadas. En ese proceso, a don Berna lo extraditan a Estados Unidos. Allí está preso.

¿Qué pasa tras las desmovilizaciones?

La Oficina va a una guerra interna entre el 2007 y finales del 2010 entre dos alas de la Oficina: los que encabeza Valenciano y los que encabeza Sebastián. Cuando está terminando la guerra, alias Sebastián dice: “Yo triunfé, soy el dueño del Valle de Aburrá”. Y aparecieron los Urabeños y le dijeron: “No, nosotros ya llegamos”. En 2012 prende la guerra entre Urabeños y Oficina y en junio de 2013 dijeron “No nos matemos más” y hacen el Pacto del Fusil. Corpades y Análisis Urbano lo bautizamos como el Pacto del Fusil, el acuerdo entre criminales. Hoy al interior de la Oficina hay guerras internas. Por eso el número de muertes va creciendo. 

¿Tienen datos sobre la realidad de las bandas actualmente en el Valle de Aburrá y en Medellín?

Son 500 aproximadamente en el Valle, 350 están en Medellín. 

¿Cómo llegan a estas cifras?

Varias organizaciones nos dedicamos a hacer un trabajo de hacerle un barrido hace unos años a este tema y encontrábamos en ese momento unas 400 bandas en Medellín. Hoy podríamos estar en unas 350. La discusión que siempre ha existido es cuántos son sus miembros. Para la institucionalidad no son más de 2.000 en el solo Medellín. Nosotros hemos hecho cálculos y pueden existir más o menos en el Valle de Aburrá unas 13.000 personas vinculadas. Unos son gatilleros, otros campaneros, otros los que están en casas de tortura, conocidas como de pique, otros son los que manejan la droga, otros las finanzas y así sucesivamente. No hemos hablado en esos 13 mil de sus bases sociales, que están ahí por conveniencia, miedo o simpatía. Estamos hablando de bandas organizadas y sometidas. Hoy las someten la oficina del Valle de Aburrá y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

¿En qué consiste el Pacto del Fusil?

Repartir territorios, cesar la guerra entre ellos, fortalecer el negocio. El Pacto del Fusil es una alianza poderosa, mafiosa, paramilitar. Todo lo que suman las bandas lo tienen al servicio de ellos. Eso es parte de la cuota inicial de la negociación de ellos con el Estado, así el Estado y las alcaldías y la gobernación lo nieguen.

¿Los Acuerdos de Paz que se están negociando en La Habana tendrán algún efecto?

Yo siento que los Acuerdos de Paz de La Habana van a dar para mucho. Obligatoriamente tiene que venir, por un lado, el combate al paramilitarismo, que ya los acuerdos de La Habana dicen que existe el paramilitarismo. Ya hay un acuerdo, dos hombres lo dirigen: el general (Óscar) Naranjo por parte del equipo negociador del gobierno y Pablo Catatumbo por las FARC. Están diseñando la estrategia para enfrentar el paramilitarismo. Por un lado, los van a golpear duro, si no los Acuerdos de Paz no van a avanzar. Y por otro lado, les van a tener que dar diálogos, negociación y someterlos a la justicia al mayor número posible de hombres.

Lo de La Habana los va a obligar a negociar y a transformarse. Tú vas a ver el próximo año una nueva cartografía del crimen, unas nuevas siglas, unos nuevos jefes, porque eso es lo que va pasando, se va transformando el negocio y se van transformando las estructuras de acuerdo al momento histórico. Lo que van a surgir ahora son ejércitos antipaz, son ejércitos antirrestitución de tierras, antiacuerdos de paz. Y esos ya se están organizando y preparando. De un momento a otro surgirán las nuevas siglas de la nueva versión paramilitar en Colombia.

Suena a lo que mucha gente dice: que se espera una oleada de violencia tras los acuerdos.

Se va a venir. Lamentable pero se va a venir. Reconocerlo es muy duro, pero se va a venir. Contra el movimiento social, contra las FARC, contra miembros del gobierno, contra miembros de la clase dirigente que negoció la paz y contra muchos más, hasta contra ellos mismos para crear el caos. Ahí está la pericia del gobierno, de los países de Europa, de Estados Unidos, de la dirigencia de las FARC, de los que creemos en la paz para saber entender esos momentos. 

Ustedes tienen una propuesta para mitigar esto, ¿no es así?

Nosotros estamos proponiendo establecer unos diálogos que lleven al sometimiento de las bandas de la Oficina y de los Gaitanistas, pero con la participación activa de la sociedad, y estamos proponiendo que vengan los Estados Unidos y participen de la mesa de negociación porque ellos tienen responsabilidad en lo que está pasando en estas guerras urbanas y en el crecimiento desmesurado que han tenido los Gaitanistas. 

Queremos reducir ostensiblemente el ejército urbano de las bandas, que participen en esa negociación sus jefes, el poder oculto y construyamos unas nuevas reglas del juego. El crimen no se va a acabar nunca, pero aspiramos a que se vuelva invisible, menos violento, que sea una lucha entre el Estado contra el crimen, pero no lo que se hace ahora que en el medio está la comunidad y es la que recibe todo el golpe, la que pone la cuota mayor de sacrificio para enriquecer a otros con lo mismo de siempre: pobre matando pobre. Estamos apostando a que logremos un gran proceso de paz, regional en principio, que se pueda llevar a otras regiones del país. 

¿Cómo pretenden llevar a cabo estos acuerdos urbanos?

Yo creo que con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hay que encontrar un punto intermedio, que no es el reconocimiento político pero que no es el sometimiento. Las bandas hay que llevarlas al sometimiento a la justicia, igual que a la Oficina.

¿Qué se negociaría?

Muchas cosas. Desmontar parte del negocio. Acabar con las casas de tortura, con la vacuna, con el control territorial, con las relaciones institución-crimen, con reducir el ejército de ellos. Quitar todo el manejo de reclutamiento forzado de menores. 

Pintada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Análisis Urbano

¿Qué se les da? Lo que una ley de sometimiento puede otorgar, el 50 o 60 o 70 por ciento de los beneficios, reducción. Perpetuamos gente metida en las cárceles. ¿Para qué? Más de 120 mil personas están hacinadas hoy en las cárceles y eso para qué ha servido. Que los Estados Unidos se lleven las rutas, la información, que se lleven 50 pesitos de cada 100 pesos y que nos dejen al capo aquí para negociar con él, para someterlo a la justicia acá.

Cuando hablas de entablar diálogos urbanos con los Gaitanistas y la Oficina, hablas de que a ambas estructuras se les de distinto trato, ¿por qué?

Los Gaitanistas son herederos de grupos de la guerrilla del EPL, de la disidencia que no se sumó a la dejación de armas del 91. También del paramilitarismo. Actúan como paramilitares: enfrentan a la guerrilla, matan líderes sociales, defensores de derechos humanos, amenazan, toman control de territorios, desplazan, están contra la restitución de tierras. Creo que hay que encontrar un punto medio porque ellos no te van a aceptar el sometimiento porque saben que tienen fuerza militar, son capaces de responder y han respondido militarmente. 

Yo soy enemigo de los Gaitanistas, pero hoy en Colombia estoy convencido de que la paz tiene que ser con ellos porque si no qué vamos a hacer los próximos años con gente que tiene presencia en 22 departamentos, que tiene un ejército que no creo en las cifras del gobierno nacional que dice que no son más de tres mil hombres. Si están en 22 departamentos, calcule el número de tropas que tiene para estar hoy enfrentados en el Chocó con el ELN, para haberse enfrentado en el Bagre con el ELN, para estar cubriendo fronteras, para estar tomando control en otros departamentos. 

Para la Oficina sólo recomiendo el sometimiento a la justicia, no darle el mismo status. La fuerza de la Oficina se basa en territorios, en negocios, en poder militar. Si los jefes de la Oficina nos ayudan a desmantelar casas de tortura, paga-diario, venta de drogas a menores de edad, si liberan los barrios, obvio que merecen garantías importantes, no se trata de que haya impunidad, pero merecen premios. En las fincas podemos construir cárceles alternas porque ¿quién dijo que a punta de cárcel esto lo resolvemos?