“Podemos tener alrededor de cuatro mil mujeres presas por delitos de narcotráfico que no son violentos”

La política antidrogas en Colombia está cambiando. Y se espera que cambie mucho más con el empuje de los Acuerdos de Paz que se están firmando en la Habana entre las FARC-EP y el gobierno. Fruto del modelo existente hasta ahora, hay muchas mujeres presas por delitos relacionados con el cultivo y el microtráfico. Mujeres empobrecidas.

Una sonrisa cómplice asoma en la cara de Marta Restrepo mientras va deshojando la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en su país. La integrante de la Red Feminista Antimilitarista expone que tras la lucha por erradicar los cultivos ilícitos se esconde el combate a la insurgencia armada y, tras éste, la codicia de las multinacionales por los recursos del país.

Esa táctica de perseguir las plantaciones en el campo, junto con la persecución al microtráfico en las ciudades, hace que quienes terminan en la cárcel sean los eslabones más débiles de la cadena, fácilmente sustituibles. Así se explica cómo las millonarias inversiones en esta lucha apenas rozan la estructura en la que se fundamenta el negocio, la de los grandes narcotraficantes, los del lavado de dinero, los que entran y salen del país sin despeinarse y le hablan de tú a la clase política, indudable cómplice. Pero esto podría cambiar.

¿Cuál ha sido el modelo de persecución a las drogas en Colombia?

La historia del combate a las drogas en Colombia es imposible no verla en una relación de dependencia hacia los Estados Unidos porque, básicamente, las políticas antidrogas en Colombia han sido un mandato producto de una supuesta vía de cooperación entre Estados. Los intereses que han primado realmente son los que los Estados Unidos tienen en ese combate.

En Colombia, esa política antidrogas ha estado fundamentalmente ligada a  una problemática contrainsurgente. Es una práctica militarista que privilegia el control territorial militar más que perseguir realmente el negocio trasnacional, que significa perseguir a los que fabrican los químicos con los que se modifica la pasta de coca, perseguir el lavado de capitales, la plata que sale hacia los paraísos fiscales o la relación entre políticos y narcotráfico. Es más fácil desarrollar esa política sobre la vía de la erradicación del cultivo, que pone de inmediato el militarismo en el territorio rural, en donde se ha librado históricamente la guerra de guerrillas que vive este país. 

El componente de la política antidrogas, que en su momento se llamó el Plan Colombia, siempre decía que había un componente militar y un componente social. Por un lado se asperjaba químicamente con glifosato y supuestamente se intervenía socialmente para que esas comunidades transitaran hacia otra economía. Realmente eso nunca se dio. Además, esa lucha antidrogas se desentendió de una política de salud pública en el territorio colombiano para disminuir el consumo. Entonces encontramos una guerra militarista en el territorio y un aumento del consumo y el microtráfico en la ciudad.

¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Colombia?

Colombia tiene aguas en dos mares, es el país con mayor biodiversidad del mundo, tiene agua dulce, tiene minería, tiene petróleo, tiene carbón… tiene todo. Entonces el suelo de Colombia es de importancia estratégica para los Estados Unidos en términos de poder acceder a la riqueza del suelo colombiano mediante las multinacionales.

Hasta como el 2010 hubo un plan en el que los Estados Unidos establecen cinco bases militares. Eso no sucede sino en campos de guerra. Estados Unidos pensó que la derrota militar de la insurgencia era estratégica para poder acceder a ese territorio que todavía, de alguna manera, las insurgencias custodian. Por supuesto, cada vez menos. No es lo mismo la insurgencia antes del Plan Colombia a la de ahora. 

Esa cooperación militar significó traer tropas, dinero, armas, inteligencia militar y generó muchas pérdidas a las FARC, pero todo eso venía enmascarado como un plan de cooperación antidrogas. No en una intervención directa como en el caso de los contras nicaragüenses o Iraq, que fuimos porque allá había una  guerra y había que perseguir a unos rebeldes y matarlos. Aquí ellos nunca dijeron eso. Ni el congreso colombiano habría aprobado eso. Se presentó un plan de cooperación técnica, militar y social para erradicar el narcotráfico a una sociedad que había vivido los 80 y 90 asfixiada por la criminalidad del narcotráfico. 

Desde el gobierno también se ha acusado a la guerrilla de dedicarse al narcotráfico.

La teoría de los gobiernos colombianos siempre ha sido que la guerra se financia con el dinero del narcotráfico. Ese argumento ha sido el combustible de la guerra, pero eso no siempre fue así. La presencia de las insurgencias en el tráfico de drogas no es de 50 y punta años de guerra. Sólo que, como esos territorios rurales siempre han estado en disputa, los impuestos, el efectivo, han estado mediados por quien tiene el control del territorio, en algún momento las insurgencias o los paramilitares y en otros territorios exclusivamente los narcotraficantes, sin ninguna afiliación ideológica. Pero es una realidad de subsistencia en el territorio. Es el negocio del momento, el negocio que es posible por el empobrecimiento del campo, por los tratados de libre comercio. El campesinado no encuentra qué hacer.

¿Por qué se persiguen los delitos menores y no los delitos estructurales vinculados al narcotráfico?

Porque en Colombia es imposible mirar el mantenimiento, el auge y el crecimiento de los cultivos y del narcotráfico y lo exitoso como negocio si no entendieras que hay políticos detrás, que hay corrupción, que hay financiamiento de campañas electorales, que hay cambio de leyes. No se puede entender que haya crecido una mafia sin una relación con la política. Y eso no es exclusivo nuestro, una mafia sin políticos es imposible.

Dentro de esta lógica, ¿quiénes van a las cárceles colombianas por narcotráfico?

Cuando cogen un laboratorio, ahí en el laboratorio toman presas a personas que hacen diferentes trabajos. En el narcotráfico hay una división del trabajo y también es sexual. Está el químico, el raspachín y el propietario del pedacito de tierra.

El raspachín es el que siembra la mata, la saca, la pisa y ahí entra el quimiquero, que en muchas regiones del país son hoy mujeres, que son las que adicionan los químicos. Nos encontramos con que cocaleros, cocaleras, raspachines o quimiqueras, que son la base del trabajo productivo, son los que son encarcelados. Igual, cuando hay extinción de dominio se extingue sobre una familia campesina que son dos viejitos y hay 300 o 400 matas ahí. ¿Qué es la extinción de dominio? Si usted en su propiedad tiene un negocio de droga, yo, Estado, le quito su propiedad porque entiendo que es producto de ese negocio ilícito, pero además le llevo a la cárcel.

¿Cómo afecta este modelo de persecución a las mujeres?

En muchas regiones del país, producto de la guerra contrainsurgente, las mujeres se quedaron solas en el campo. Ellas son las que siembran, son las cocaleras. En Arauca y en Bocoa, al suroriente del país, ellas son mayoritariamente las que conforman las asociaciones cocaleras. También porque en algún momento pensaron que ser mujeres las iba a proteger de la criminalización. 

En la parte urbana cada vez más se desempeñan como microtraficantes. Son las que arman, empacan y, en algunos casos, venden en una plaza o en una casa. Los hombres ocupan un lugar de cuidado, de seguridad. Al momento de hacer la persecución al microtráfico ahí están las mujeres, que están casi siempre solas porque están en un escenario de narcotráfico que ha tenido sicariato. Muchas han perdido a sus maridos por haberse enlistado militarmente en las mafias. Otras vinieron desplazadas, vienen solas porque a sus maridos los perdieron o se quedaron en la guerra. Entonces son mujeres solas con hijos e hijas. 

A esas mujeres es a las que se les aplica la extinción de dominio. Alrededor del 60% de la gente que va a la cárcel en Colombia es por drogas y, en ese porcentaje, entre el 11 y el 15% son mujeres.

En el país podemos tener alrededor de cuatro mil mujeres presas por microtráfico, o sea, por delitos de narcotráfico que no son violentos, lo que quiere decir que ellas no han asesinado a nadie, no han portado un arma, no han producido un desplazamiento forzado por eso, sino que se han dedicado a vender en la plaza. Esto equivale al 32% del total de mujeres presas. Muchas de ellas en relaciones de control social territorial donde no hay otra opción. Otras, sus compañeros las meten al negocio, les dejan la mercancía para que ellas la vendan. Ellas ni siquiera saben cómo llegó ni nada sino que son simplemente las que están detrás de una puertica, venden, entregan y reciben el dinero. Ellas no saben más del negocio porque se mantienen al margen.

Las mujeres que terminan vinculadas al microtráfico lo hacen como una salida última, por no tener la posibilidad de tener otro empleo o por ser un empleo que podría representar algún nivel de autonomía y que está asociado con la necesidad de estar en casa y cuidar a los hijos e hijas porque no hay nadie más que apoye en el cuidado.

Dices que muchas acaban en prisión, ¿el encarcelamiento les afecta de manera diferente?

Lo que sigue pareciendo para esta sociedad natural es que exclusivamente las mujeres se hacen cargo de las familias. Si las mujeres llevan la carga de la familia, al ponerlas en la cárcel eso pone en mayor vulnerabilidad al resto del grupo familiar. Como ella era la única fuente de ingreso, puede que miembros más jóvenes de su familia se desplieguen hacia esa o cualquier otra actividad ilegal o que ella tenga que, desde la cárcel, estar en constante preocupación por sus hijos e hijas, dónde están.

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), el 45% de las mujeres encarceladas en 2014 (3,830) habían sido condenadas por delitos de drogas.

Además, a veces también fue delatada porque es más fácil entreguemos a esta mujer que con eso damos un positivo (una captura falsa) en la policía y la policía muestra la gran captura pero ella es la más débil de la cadena. El más grande de la cadena, el que acumula, el que tiene todas las rutas, el que viaja entre París, Nueva York, Argentina, Brasil, Chile..., ese no, ese además puede salir del país todas las veces que quiera. 

Las mujeres están confinadas territorialmente en una casa y ahí está su mayor vulnerabilidad porque, aunque supuestamente han cometido un delito que atenta contra la salud pública, son mujeres sin ningún poder en lo social.

Ese tipo de cosas hace que el castigo que se produce sobre las mujeres sea absolutamente desproporcionado. La política antidrogas de persecución al microtráfico en Colombia, además que ya de por sí es injusta, representa una desproporción en términos de la aplicación de justicia y eso constituye una vulneración de derechos humanos de parte del Estado colombiano.

Eso tiene que cambiar, tendría que ser abolida esa persecución. Todos esos recursos en la persecución del microtráfico y ese silencio respecto a los grandes responsables, lo que hacen es que toda la cadena crezca, pero además abandona una política de salud pública que respete los derechos de los consumidores y las consumidoras y que tienda cada vez más hacia un escenario de regularización. 

Existen varios puntos en los acuerdos de paz que se han firmado entre el gobierno y las FARC-EP donde se abordan aspectos relativos a las drogas ilícitas, ¿qué aportan a esta problemática?

El acuerdo solito de tierras aporta en tanto que nombra por primera vez la necesidad de subsidiar el campo colombiano. Esto es que el campesinado pueda sostenerse cultivando los alimentos que necesitamos para vivir, siendo la pertenencia de la tierra del campesinado. Eso es un elemento que sería vital para no tener que depender del cultivo de la coca y de la amapola. Que la vida campesina pueda desarrollarse en un trabajo digno que dé ingresos para el sustento familiar quita un factor de desplazamiento hacia la ciudad. Además, el acuerdo de tierras plantea programas de soberanía alimentaria. En el campo colombiano se podrían producir todos los nutrientes para alimentar a un ser humano pero no sucede así. 

¿Este acuerdo de tierras hace alguna referencia explícita a las mujeres?

En el acuerdo se plantea la titulación de la tierra como un patrimonio de familia, favoreciendo la devolución y la titulación de tierras a quienes la han habitado, privilegiando que eso se haga a nombre de las mujeres. Siempre han sido las mujeres las que más siembran el pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidad alimenticias) para la autonomía familiar. A la mujer le cuesta más asalariarse en el jornal en el campo porque solo lo puede hacer como empleada doméstica. En cambio el hombre se puede vender a múltiples tareas.

El acuerdo tiene una dificultad y es la expansión del agronegocio, de que las personas, si no hay todo lo demás coadyuvante, prefieran vender la tierra al agronegocio y venirse a la ciudad. Eso puede ser si la identidad o el arraigo campesino no se protegen, protegiendo el territorio de nuevos hechos de violencia, de control militar y si se hace todo lo que el acuerdo pide en términos de inversión en el campo. El acuerdo pide que en el campo tiene que haber salud, educación, electrificación, vías. Eso sería un coadyuvante.

Además del acuerdo de tierras, ¿en qué aportan los acuerdos?

En el específico de drogas plantea que en las zonas donde hay coca se va a hacer un proceso de sustitución. No se va a fumigar más, no se va a llevar cuadrillas a que arranquen, sino que los cocaleros y las cocaleras van a poder decidir planes municipales participativos para la erradicación. Ya no vendrá un gran plan nacional, sino que las comunidades, de acuerdo a su realidad, se organizarán, pactarán un plan con el Estado colombiano con unas metas y desarrollarán ese proceso de sustitución. El cambio fundamental es que habrá participación, se convierte al cocalero o cocalera en un actor político para el campo. Eso es vital.

El otro componente que tiene es el de la salud pública con un cambio del tratamiento a los y las consumidoras. El acuerdo es muy enunciativo, habrá que ver cómo se aterriza en transformaciones jurídicas, institucionales y políticas, que es donde nos toca hacer la fuerza.

¿Ya no se va a perseguir a quienes cultivan coca?

No, es más, ya se viene haciendo en el sur del país el plan piloto de sustitución. Tienen que ver cómo funciona la cooperación insurgencia-Estado-comunidades. 

El año pasado hubo un encuentro de unos 350 cocaleros y cocaleras que se reunieron por primera vez de manera pública a pensarse y ellos son los que producen gran parte del insumo que va a la mesa de negociación. Fue importante que salieran a nombrarse como cocaleros y cocaleras. Eso en Colombia no se había dado antes, eran criminales. Fue con el apoyo de una fundación internacional, Open Society, la de George Sorus, el mecenas estadounidense. Él fue el que financió ese encuentro.

¿Esto significa que ya no se encarcelará a las cocaleras?

Las mujeres que hoy se encuentran presas porque estaban en funciones de microtráfico, cocaleras y eso, tendrán que quedar libres bajo el acuerdo de justicia.

¿De qué cifra estamos hablando?

Producto de un cambio en la política antidrogas y la aplicación de la justicia transicional de los acuerdos, podrían salir de las cárceles alrededor de 20 mil personas entre presos y presas sociales y políticos, que están en las cárceles por el delito de rebelión y a quienes se les ha aplicado de forma conexa el delito de narcotráfico. 

Pero las otras, que no tienen ninguna relación con la insurgencia, se dice que habrá un cambio en la política en la que ese delito no será objeto de prisión. 

Extraído de la investigación Mujeres, política de drogas y encarcelamiento

¿Será penado de otra manera?

Lo que pasa es que si cambia la política yo ya no voy a seguir persiguiendo el microtráfico. Yo me voy a ir a las estructuras criminales que sé dónde cruzan, que sé por dónde sacan la droga, por el mar, las que mueven grandes capitales, yo me voy a ir a perseguir eso. 

Y si además hago un pacto y cada vez tiendo más a la liberación regulada, pues eso ya no va a ser tan buen negocio, entonces cada vez voy a tener menos gente que quiera ser parte de eso porque ya no va a ser rentable.

La compleja violencia de Medellín

En Bogotá me intentaron asaltar tres jóvenes. Les calculo unos 19 años. Tuve suerte. La gente que conoce la capital colombiana coincidió en que lo que me ocurrió es normal teniendo en cuenta dónde me metí. Al parecer, el barrio Las Cruces no es el más recomendable del centro bogotano

Pero más me llamaron la atención los comentarios de varias amistades de Medellín. "Eso aquí no te habría pasado", "Aquí es más fácil que te maten que que te roben". Impactante, ¿no? 

Al parecer, en Medellín la delincuencia está bastante organizada. Está prohibido robar. O más bien asaltar. Pueden fingir que algo se les cayó o bloquearte la salida del metro y aprovechar para tomar tu cartera o celular sin que te des cuenta. Eso es otra cosa. Pero asaltarte es raro. 

El escenario de actores que generan violencia en la ciudad es cuantioso y diverso. Hay bandas criminales a las que llaman bacrim o combos y se dice que los grupos paramilitares siguen operando. La criminalidad parece estar tan consolidada que se habla de un "pacto del fusil", un acuerdo en el que todos ganan. En algunos barrios —sobre todo en los más populares— existen fronteras invisibles, áreas de control. Viven de la venta de droga y de las "vacunas" (extorsiones) a los negocios formales e informales, pero reduciendo el ruido mediático, la violencia social. 

Por supuesto, este pacto no tiene ningún sentido si no median las fuerzas del orden, si la policía no consiente  y, muy probablemente, se lleva su parte.

Todo esto en una ciudad donde todo el mundo recuerda el sonido de las bombas de los 90. Dicen que hubo un tiempo en el que no pasaban 10 días sin que estallara una en algún lugar de la ciudad. El sicariato, matar a alguien a cambio de dinero, era algo a lo que se dedicaba mucha gente. Sobre todo, hombres jóvenes. La imagen de dos hombres en moto, la época del cártel.

La escultura El Pájaro, de Fernando Botero, estalló en junio de 1995 dejando 22 muertos.

He conocido a personas que se exiliaron en aquel periodo. Los 80 y los 90 debieron ser invivibles para mucha gente y si tanta otra sobrevivió al pánico es por la formidable capacidad del ser humano para adaptarse. Un amigo me contó que hasta a las bombas se acostumbraron los paisas. A oírlas. A alegrarse de haberse ido de aquella plaza antes de que aquel pájaro de metal explotara. 

Ahora se camina por las calles de Medellín, según las horas y la zona, pero más que en otras ciudades de la región. No obstante, quedan signos que muestran la violencia que se vivió, la que sigue latente. Por ejemplo, en el lenguaje, clave para entender una sociedad. Cuando la violencia se torna habitual, las formas de expresarla también pierden su rudeza. Aquí no se asesina, no se acribilla, se le “da bala” a alguien. No hay lugares donde secuestran, torturan y descuartizan a seres humanos, hay “casas de pique”. Pique, si, de picar. Carne picada. En mi imaginario de española solo alude a comida.

Las extorsiones, las fronteras y los acuerdos son comunes en las bandas criminales y en las estructuras mafiosas. Las pandillas centroamericanas operan de un modo similar, salvando las distancias. Me dicen que la ciudad de la eterna primavera es más segura que la capital salvadoreña de la que vengo. Puede que datos como el número de homicidios apunten hacia ahí pero, de momento, el fenómeno de la violencia con tantos actores y lógicas distintas me resulta aquí más complejo y, por tanto, más impredecible.

"Como los soldados bachilleres no van a la línea de fuego, cerca de un 84% de los soldados muertos son regulares o campesinos"

El servicio militar en Colombia, supuestamente obligatorio, es una fuente de discriminación evidente. Las cifras no pueden ser más reveladoras. En Colombia, existe una estratificación socioeconómica numerada del 0 al 6, donde el 0 se asigna a las personas con menos recursos y el 6 a las más enriquecidas. El 97% de los jóvenes que realizan el servicio militar pertenecen a los estratos 0, 1, 2 y 3. El resto, en su mayoría, obtiene la libreta militar de forma fraudulenta. Además, quienes han estudiado bachiller no han de prestar el servicio por el mismo tiempo ni en los mismos lugares que quienes no lo han hecho o viven en áreas rurales, así que los soldados que mueren son en su mayoría jóvenes campesinos o aquellos que no lograron estudiar bachiller. Un retrato de la realidad del servicio militar en Colombia, el modelo económico-militar que representa y la objeción de conciencia a través de la mirada de Julián Ovalle, integrante de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia.

¿En qué condiciones se presta el servicio militar en Colombia?

Hay tres categorías en las que los jóvenes prestan servicio militar. Unos son los soldados bachilleres que, por fortuna y son los menos, pudieron estudiar, graduarse de bachilleres. Prestan 12 meses de servicio.

Los que no son bachilleres, además de que no lograron estudiar, les toca hacer un servicio militar de entre 18 y 24 meses. El tiempo lo decide el militar que está a cargo. Hay una tercera categoría, los soldados campesinos que, en teoría, la ley dice que deberían permanecer en su territorio. Como los regulares, prestan entre 18 y 24 meses.

Además, los soldados bachilleres no pueden ir a la línea de fuego, a la zona roja del conflicto de confrontación. Eso implica que cerca de un 84% de los soldados muertos en servicio militar son soldados regulares o campesinos.

Datos de 2013 de la Defensoría del Pueblo

No es la única forma de discriminación que se da. En Colombia hay un sistema de estratificación para discriminar positivamente el pago de los servicios del Estado (agua, luz y gas). Las cifras de personas que prestan el servicio militar en función de los estratos socioeconómicos son clarísimas. El 97% de los soldados son de los estratos 1, 2 y 3, cuando el número 6 es el de mayor riqueza.

¿Cómo hacen los de los estratos altos para liberarse del servicio militar?

Acuden a un sistema corrupto que está muy bien estructurado. Hay un decir en Colombia cotidiano que es: “¿Prestaste el servicio militar o compraste la libreta?” Las clases que no son populares compran la libreta militar. ¿Eso qué quiere decir? Que le pagan a un militar o a algunos les preguntan si quieren ir o no.

¿Cuánto paga el Estado por prestar el servicio militar? 

Pagan lo mismo en los tres tipos: un 30% de un salario mínimo legal vigente. Son como 230.000 pesos al mes ($76). Después de ahí les descuentan unas botas o unas sillas o una linterna, se lo descuentan del salario.

Cuéntame sobre el movimiento de opositoras y opositores.

En el marco de la Constitución que rige actualmente, la del 91, se logra que esté expreso el derecho a la libertad de conciencia. La gente que estaba trabajando por la objeción se dijo que a través del desarrollo jurisprudencial lo lograría. Después se empieza a intentar visibilizar la importancia de que el Estado cumpla el compromiso internacional dado por la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de regular la objeción de conciencia.

Cuando firman los Estados este Pacto, tienen que acoger todas las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, que es el que vigila el cumplimiento del Pacto. El Comité, desde el 2004, le está diciendo al Estado colombiano que regule el derecho a la objeción a través de una ley. En el 2009 interponemos una demanda ante la Corte Constitucional diciéndole al Estado que no ha reconocido la objeción de conciencia y el Estado dice: “Si, tienes razón”.

Una buena noticia, ¿no?

Fue una sorpresa. Nosotros le estábamos diciendo que debería estar la objeción de conciencia dentro de la ley militar, pero la Corte dice que lo que hay que hacer es una ley que regule la objeción de conciencia en su más amplio sentido. Entonces cuenta con un reconocimiento constitucional pero todavía no hay una legislación que la regule. Así que seguimos trabajando en esta propuesta antimilitarista, aunque también nos han tachado de reivindicar un derecho burgués.

¿Por qué? 

Mucha gente no tiene conocimiento de sus derechos y esto de reivindicar la postura contra la guerra a partir de una reflexión política tiene que ver con el conocimiento de esos derechos y esas leyes. Además, para ser objetor de conciencia tienes que escribir una carta demostrando que lo eres y eso significa normalmente pasar por el sistema educativo. Es un filtro para que mucha gente no pueda acceder a este derecho.

"El militarismo es una configuración cultural y económica que privilegia valores culturales y éticos como la violencia, la ciega obediencia, la sumisión, la jerarquía, la lógica del enemigo, la homogeneidad, la disciplina" 

¿En qué consiste el antimilitarismo?

En Colombia, de entrada, es un no a la guerra. Una guerra crónica, fratricida, de 60 años. El militarismo es una configuración cultural y económica que privilegia valores culturales y éticos como la violencia, la ciega obediencia, la sumisión, la jerarquía, la lógica del enemigo, la homogeneidad, la disciplina. Todos estos valores toman una dinámica concreta adentro de un batallón. Esto se ha filtrado a la población, no sólo en la guerra de Colombia, eso pasa en todos los Estados modernos donde la institución del ejército es un referente de organización cultural.

¿Y cómo van con la aprobación de la ley?

Hemos intentado varios años que se cree esta ley y nos metimos en un lío porque Colombia tiene una tradición importantísima de cristianismo. Cuando la Corte definió que se puede objetar en ejercicio de la libertad de conciencia, ciertos sectores ultraconservadores católicos lo vincularon con los médicos que son católicos y tienen que interrumpir el embarazo de ciertas mujeres en casos que la Corte ha reconocido como posibles.

Son tres casos para que se pueda abortar. Cuando hay riesgo para la vida de la madre, cuando hay malformación del bebé y por violación. Por esos tres casos, las mujeres pueden optar por la interrupción voluntaria del embarazo, pero en esos mismos casos, los médicos también pueden apelar a la objeción de conciencia. 

Entonces nos tuvimos que enfrentar con la necesidad de contarles a las mujeres. Nos sentamos y construimos un proyecto de ley para dar cumplimiento a lo que pedía la Corte, un proyecto de ley que garantizara los derechos de los jóvenes que no quisieran hacer el servicio militar y también la posibilidad de que el personal médico ejerciera su objeción sin que se le negara a las mujeres la posibilidad del aborto. Trabajamos desde el año 2000 porque este proyecto tuviera un espacio en el congreso, pero no lo hemos logrado.

¿Lograron llegar a un proyecto que garantice el derecho a la objeción de conciencia y el derecho al aborto?

Sigue habiendo un problema. En el proyecto que ya está en curso se contempla la objeción de conciencia institucional.  Es decir, una institución podría negarse. El Hospital San Ignacio, asociado a la compañía de Jesús, se quiere declarar en objeción de conciencia en base a sus valores religiosos. Eso es gravísimo.

En Cúcuta las iglesias cristianas tienen una incidencia muy grande. Si estos ultraconservadores logran que la objeción de conciencia pueda ser a nivel institucional, puede que en Cúcuta, que es una ciudad medianamente grande, si necesita una mujer un aborto no pueda o tenga que irse lejos, a otra ciudad, donde si haya médicos dispuestos a cumplir la Constitución. Eso es lo que se está discutiendo en el Congreso de la República hoy.

"Desde el 2009 han sido reconocidos 13 objetores de conciencia ¿Cuántos han reclutado desde 2009? Estamos hablando de 7 años… digamos que 600 mil jóvenes, tirando por bajo".

En la actualidad, ¿se puede objetar al servicio militar?

En la práctica, los militares, de tanto que les hemos jodido, dicen que aceptan que hay objetores de conciencia. Pero si les preguntas desde el 2009 cuántos objetores de conciencia han sido reconocidos, te dicen que 13. ¡13, güei! ¿Cuántos han reclutado desde 2009? Estamos hablando de 7 años… digamos que 600 mil jóvenes, tirando por bajo. Se han reconocido 13 pinches objetores de conciencia y los 13 por motivaciones religiosas.

¿Y no hay visos de que las cosas vayan a cambiar?

Santos hizo una promesa de acabar con el servicio militar en las últimas elecciones, pero ha presentado un proyecto de ley donde quiere mantenerlo obligatorio, pagando más billetito a los muchachos y establece un tiempo unificado de 18 meses para prestar el servicio militar. Se beneficia a los campesinos y regulares, pero para los bachilleres se les sube de 12 a 18.

Hay una jurisprudencia en la Corte que dice que, cuando se necesita igualar las discriminaciones, la igualación debe optar por favorecer positivamente la discriminación, o sea, tendría que igualarse para lo bajo, no para lo alto.

Además, aquí los pueden multar porque los consideran remisos porque los llaman para concentración y no van. Hay tres concentraciones anuales. Al gobierno le interesa facilitarles la vida a los jóvenes que son remisos para que les paguen las multas que les deben, que debe ser una cifra bien gruesa.

Las sanciones dependen del tiempo que haya pasado desde que se declaró remiso hasta el momento en que se presenta. El promedio de las multas que tienen los jóvenes anualmente por no estar ahí es de un millón de pesos.

Entonces, hay una cuestión económica importante.

Claro, no sólo por eso. En la situación actual de servicio militar, el ejército se ha privatizado para ciertas cosas. No tengo claridad de los lugares específicos, pero cuando uno cruza mapas, se mira que lo que hay ahí es una correspondencia directa entre el crecimiento de estamentos militares,  batallones y los lugares donde los proyectos extractivos neoliberales imperialistas invierten. Es una cosa nueva que el ejército de Colombia se moderniza y hace batallones minero-energéticos, viales.

 

¿De qué se encargan?

Son militares que son también ingenieros. Se encargan de construir la autopista y de defenderla. Ese negocio resulta novedoso. El servicio militar supuestamente es para la protección de los bienes públicos pero en la práctica está profundamente ligado a los intereses del capital privado extranjero.

Y todo esto mueve mucho dinero. Por ejemplo, en el 2012, el presupuesto de educación y salud sumados los dos no dieron para apuntar lo que se invirtió en el sector de defensa.

¿Eso significa que sigue aumentando la cantidad de soldados?

Claro. Cuando se aprueba ese proyecto compartido con Estados Unidos, el Plan Colombia, al que le ponen un nombre patriótico y lo presentan como un proyecto de cooperación militar que tiene que ver con el afianzamiento de la lucha antiterrorista y antinarcóticos en Colombia, pero también es  una fuerza de control territorial militar en la región. A través de ese proyecto, Colombia asumió un compromiso de crecimiento del pie de fuerza.

Hubo un gobierno guerrerista, que ha sido señalado por tener nexos con el paramilitarismo, que empezó a invertir de una forma que no tenía precedentes en el sector de defensa y empieza a crecer el pie de fuerza del ejército a través también del servicio militar. Si ves la gráfica de los miles de personas que han pasado el servicio militar, empieza a crecer y crecer desde el gobierno de Álvaro Uribe.

¿El Plan Colombia sigue vigente en la actualidad?

No, ya no. Ahora es Peace Colombia. Lo curioso es que el gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente actual, que es el gobierno de la  paz, tiene unas cifras mayores que el de Uribe en el reclutamiento militar obligatorio.

Tenemos que ver qué  compromisos asumió el gobierno con Estados Unidos porque en el Plan Colombia había unos compromisos relacionados con el crecimiento del pie de fuerza y ahora el Peace Colombia no sé si hace referencia a eso.

En cualquier caso, estos no son proyectos autónomos de los gobiernos autónomos y soberanos que el pueblo elige en democracia. Esto es un negocio, unos compromisos internacionales y unos acuerdos comerciales con el capital trasnacional.

Fuente: ASOOC

Si el servicio militar es obligatorio, ¿cómo hace el gobierno para subir y bajar las cuotas de reclutamiento según su voluntad?

El gobierno establece una cuota anual. Vienen los militares y reciben la cuota. Cuántos jóvenes hay en edad de hacer el servicio militar no importa. Como los jóvenes están mamados de que los maten, no van a hacer la mili. Como no van y esos manes tienen que cumplir con esa cuota, se ven en la  obligación de ir a algunos barrios y montarlos en un camión y reclutarlos obligatoriamente, o forzadamente. Salen a las calles a tomar a la gente de forma arbitraria, indiscriminada, para cumplir con la cuota. Es lo que se hablaba de las batidas, que son esas redadas con camiones en las calles pidiendo libreta militar y quien no tenga libreta militar pues para el camión.

Una de las formas de hacer obligatorio el servicio militar es que sin la libreta militar no te dejaban estudiar ni trabajar. ¿Esto sigue siendo así?

Hasta hace muy poco tiempo se necesitaba para estudiar y trabajar. Se quita como requisito para graduarse en la universidad. Podías estudiar pero no te daban el título. Eso se quitó. Ahora lo que quieren hacer es que no te puedan rechazar en ningún trabajo por no tener libreta militar, pero tienes que inscribirte en una página web y tienes 18 meses a partir de entonces para pagar la libreta militar. Después de cumplir este requisito, puedes seguir trabajando. Es lo que contempla el proyecto de ley que se está tramitando.

¿La libreta militar te la dan cuando la pagas o cuando has realizado el servicio?

La libreta militar es el documento que certifica que cumpliste la obligación de definir tu situación militar. Tiene dos categorías. La primera es para aquellos que prestaron el servicio militar, la segunda es que definieron su situación sin haber prestado. Es obligatorio en Colombia, no el servicio militar, sino definir la situación.

¿Y cuánto cuesta?

Las diferencias de precios dependen del estatus socioeconómico. La Corte unificó un pago para las personas que están en estratos 1, 2 y 3 de alrededor de 90 mil pesos (unos 30 euros). El resto dan cuenta de su situación socioeconómica para que les hagan una liquidación.

El pago de la libreta es un mecanismo de financiación del ejército que no es la fuente más importante de financiación, pero si es muy importante porque, aunque sea muy bajo, esa plata es de libre circulación. Para el 2013, que es la última cifra a la que logramos acceder oficialmente, eran 27 mil millones de pesos. ¿Qué serán esto?, ¿10 millones de euros que el ejército recibe? No se sabe qué pasa con esta plata. 10 millones de euros de los que no tienen que rendir cuentas. En un país, en un Estado casado con paramilitares, uno puede hacer sospechas, ¿no?

La cultura colombiana de la traición

Cada pueblo va construyendo su cultura con pedazos de historias que ocurren, que se repiten, que se normalizan. En Colombia, son muchas las traiciones históricas y, lo que es peor, gran parte de ellas cometidas por el Estado. No existe un contexto que permita confiar en la institucionalidad.

No hay que sumergirse en densos libros de Historia para encontrar capítulos que lo ilustren. Hace poco se conmemoraba la muerte de Guadalupe Salcedo, un destacado  comandante que encabezó algunas de las guerrillas liberales de Los Llanos ―una región situada en el oriente del país fronteriza con Venezuela― en la década de los 50 enfrentándose al ejército y a los grupos paramilitares conservadores. Las guerrillas llegaron a proclamar esta región Estado independiente y a crear su propia Constitución.

Más adelante llegaron a conversaciones con el gobierno y Salcedo fue uno de los impulsores de la firma de la paz. Tres años después fue asesinado por agentes policiales. Se dice que estaba desarmado.

Otro caso inolvidable es el genocidio de la Unión Patriótica (UP). Esta organización política se formó a mediados de los 80 fruto de unos acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, donde pactaron un cese al fuego y el gobierno se comprometió a garantizarle a la guerrilla un espacio político.

En este contexto se genera una gran confluencia de fuerzas de izquierda que engloba a miembros del Partido Comunista (su componente mayoritario), socialdemócratas, sindicalistas, profesores, intelectuales y miembros de las FARC.

Se dice que fue su inesperado éxito político lo que desencadenó la oleada de asesinatos, desapariciones y amenazas que empujaron al exilio a cientos de sus integrantes. En dos décadas de ejercicio político fue asesinada una cifra que las estimaciones más conservadoras establecen en 1,100 militantes. La organización habla de 6,500 casos acreditados. Entre ellos, dos candidatos presidenciales. 

Fuente: Diario Semana

Este genocidio político de manos de agentes estatales y grupos paramilitares acabó con la escasa confianza que pudiera haber en la guerrilla de las FARC hacia los pactos con el Estado.

Pese a este contexto, la guerrilla del M-19 entra en negociaciones para firmar la paz y buscar la acción política legal a finales de los 80. 

Carlos Pizarro, líder del M19 y uno de los principales responsables de conducir a su organización hacia la paz pactada, fue ultimado en 1990 por un sicario siendo ya el candidato presidencial de la formación, pocas semanas después de la entrega de armas.

El sicario fue asesinado en el mismo avión en que hirió de muerte a Pizarro. Dos jefes paramilitares fueron también acusados y condenados de estar detrás del homicidio. Se habló de vínculos entre los paramilitares y agentes del servicio de inteligencia colombiano, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) (DAS).

Difícil exculpar al Estado de un crimen que se ejecuta en el interior de un avión comercial con una miniametralladora, después de que supuestamente se extremaran las medidas de seguridad en el aeropuerto de Bogotá, ya que un mes antes había sido asesinado en sus instalaciones el dirigente de la UP y también candidato presidencial, Bernardo Jaramillo.

Por todo esto no es de extrañar que en las negociaciones de La Habana, los dirigentes de la guerrilla estén siendo tan enfáticos en dar solidez a los acuerdos de paz, en asegurarse de que esta vez no serán traicionados, que el gobierno cumplirá su palabra, que pueden entregar las armas y pasar a la vida civil sin temer por su integridad física. Que esta vez el Estado si va a cumplir con lo prometido. La presencia de organismos internacionales como Naciones Unidas y Unasur es fundamental. Uno de los puntos acordados ha sido que la ONU podrá intervenir de forma militar a través de la OTAN en caso de que se den flagrantes quebrantamientos a los acuerdos de manera violenta.

El blindaje de los acuerdos para que no puedan ser modificados posteriormente por otro gobierno es otra medida que busca restar peso a toda esta historia de traiciones estatales. Medidas necesarias para romper con esa cultura de la traición y lograr que surjan opciones pluralistas que no usen armas ni las teman. 

Fragmento de entrevista

Video con fragmento de entrevista a Julián Ovalle, integrante de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia.

“En Colombia tenemos personas presas por ejercer el liderazgo político, sindical o comunitario”

Sergio Guzmán, integrante de la organización de abogados Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, habla con un tono vehemente y apasionado, el de quien trabaja por algo de lo que está convencido. En su caso, la necesidad de defender y sacar de las cárceles colombianas a las 12.500 personas condenadas, según sostiene, por delitos políticos.

En los textos que están siendo redactados en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, se reconoce la existencia de personas presas por motivos políticos, lo que supone admitir que esta guerrilla no es un grupo terrorista de delincuentes comunes y narcotraficantes, sino que tras su accionar existen motivaciones ideológicas. Un gran giro a la forma de presentar el conflicto armado en Colombia.

Guzmán defiende la necesidad de terminar con la guerra en Colombia y opina que los procesos de negociación que se están desarrollando en La Habana con las FARC-EP y con el ELN en Quito son necesarios “para que en el país se deje de hacer política con armas”.

La Corporación Nelson Mandela se funda en paralelo a las negociaciones de paz de La Habana, ¿cómo ocurre esto?

El año pasado, un grupo de profesionales del derecho, reflexionando y preocupados por la situación del país, veíamos una gran oportunidad en los diálogos de paz que se estaban desarrollando en La Habana con la insurgencia de las FARC para que en Colombia se dé una salida política al conflicto armado y se entienda que la guerra que está viviendo Colombia no se supera por la vía militar, sino por la vía de la negociación política.

Ese momento histórico nos pareció muy determinante y dijimos: “Así como se han creado organizaciones de derechos humanos para atender la crisis de la guerra, ¿por qué no constituimos una organización que se dedique a ser la defensora de una paz perpetua y estable?”. 

No solo es para defender políticamente los acuerdos de La Habana y Quito, sino para que esos acuerdos sean debidamente aplicados en términos de que queden en libertad todos y todas las prisioneras políticas de Colombia.

Algunos de los que están en las cárceles como prisioneros políticos son rebeldes civiles, rebeldes sin armas. Es a lo que llamamos prisioneros de conciencia o personas que están privadas de su libertad por ejercer un liderazgo político, sindical, comunitario en la defensa de los derechos humanos.

¿De qué cifra estamos hablando?

Solo en Colombia aproximadamente tenemos 12,500 prisioneros y prisioneras políticas. De esos, aproximadamente se estima, según los censos muy insuficientes todavía, que cerca de 6,000 serían verdaderos insurgentes. Unos 3,500 pertenecen a la guerrilla de las FARC y otros 2,500 aproximadamente al ELN.

¿Por qué Nelson Mandela?

Le damos el nombre de Nelson  Mandela porque representa la lucha incansable por la paz y los derechos humanos y un reconocimiento, una validación de que las personas que han quedado privadas de su libertad por haber ejercido el derecho a la rebelión no pueden seguirse estigmatizando como si fueran los peores y más perversos delincuentes que ha tenido la tierra colombiana.

Partimos de que quienes han ejercido el derecho de rebelión pacífico o armado son luchadores por la democracia que deben ser aceptados a través de un proceso de reconciliación para que la paz sea estable y duradera porque no podemos seguir tratando de matar al diferente o encarcelar al que es inconforme. No, a esas personas las necesita la democracia porque una democracia es más democracia en la medida en que permita más ejercicio de la contradicción, de la oposición.

Hábleme del derecho de rebelión.

Un rebelde es el que considera que el gobierno actual y su institucionalidad no son legítimos, considera que hacen parte de una normatividades propias de un régimen arbitrario, injusto, tiránico y se levanta en armas para instaurar unas nuevas autoridades y un nuevo orden con nuevas leyes. En Colombia esto es un delito, el que haga eso va para la cárcel, pero en el derecho internacional humanitario y en el derecho penal internacional se acepta que cuando un pueblo está sometido a un gobierno tiránico, opresor, que viola los derechos humanos, es legítimo que se levante en rebeldía. 

El derecho de rebelión es considerado un derecho humano por la jurisprudencia internacional y quienes en ejercicio de ese derecho humano se rebelen tienen un tratamiento judicial especial, un tratamiento benéfico, privilegiado. Ese tratamiento especial se llama amnistía e indulto.

Consideramos que aquella persona que ha sido condenada como delincuente político porque ejerció el derecho de rebelión es un delincuente altruista, que no transgrede las normas constitucionales y legales para buscar beneficios egoístas, del interés particular, sino que lo hace para buscar un modelo de sociedad que sea mejor para todos y todas.

El derecho internacional penal define claramente que el delito de rebelión puede tener delitos adicionales. Son los delitos conexos. El delito conexo es el que se ejecuta para garantizar que el delito de rebelión pueda continuar, desarrollarse y llevarse a un final.

Si monto una organización que está al margen de la ley y su propósito es derrocar las autoridades vigentes y para hacerlo necesito tener un ejército igual que el que está defendiendo la institucionalidad, ese ejército requiere una serie de recursos. Si para ello asaltas un banco, ese robo no es para que usted se enriquezca, sino para sostener una causa que es por la liberación de un país que se considera está sometido a una opresión de un gobierno que viola los derechos humanos.

¿Hasta qué punto el delito de rebelión puede tener conexos otros delitos?, ¿se podrían incluir los delitos de lesa humanidad?

No, no. El delito de rebelión abarca todos los delitos que no sean de lesa humanidad. Y por tanto no son ni amnistiables ni indultables todos esos delitos que van más allá de los delitos comunes. Esto lo dice claramente el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, ningún insurgente ni ningún jurista puede decir que el delito de violencia sexual es un delito conexo al delito de rebelión.

¿Cómo está regulado este derecho en la legislación colombiana?

Hasta el año 97, que hubo la primera sentencia de la Corte Constitucional frente al artículo 127 del Código Penal, se decía que los delitos que se cometan en el marco del delito de rebelión serán delitos conexos solo si no son delitos atroces. En esa época el delito atroz era lo que hoy en día conocemos como de lesa humanidad.

A partir de esa sentencia, los delitos que se cometan en nombre del delito de rebelión ya no serán conexos, se juzgarán por separado.

Con el acuerdo de La Habana firmado el 15 de diciembre del 2015 se vuelve a revivir en Colombia el delito político en toda su magnitud y se dice que el delito político de rebelión aceptará que hay unos delitos conexos.

Antes de ese acuerdo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado venían emitiendo sentencias donde decían que la guerrilla de las FARC y el ELN no son terroristas, son insurgentes, que en algunos momentos algunos de sus integrantes han cometido conductas terroristas, pero no por eso la organización es terrorista.

Otra sentencia importante que sacó la Corte Suprema de Justicia es que el delito de narcotráfico también puede ser un delito conexo.

¿Estos cambios en la legislación han beneficiado el proceso de La Habana?

No porque el acuerdo de paz que se ha firmado en La Habana dice que no se rige por el derecho penal colombiano sino por el derecho penal internacional y el derecho penal humanitario.

Y, en materia de presos políticos, ¿qué supondrá la firma de los acuerdos?

De acuerdo con las lecturas que he realizado, desde el momento en que se firme el acuerdo de paz y éste sea debidamente aprobado e incorporado como parte de las normas colombianas, deben empezar a expedirse por parte de las autoridades competentes que tengan los casos las amnistías y los indultos en forma inmediata para todas las personas que hagan parte de las filas de la insurgencia de las FARC-EP.

Igualmente, toda persona que haya sido judicializada o esté en proceso de serlo por delitos de carácter político, aunque no pertenezca a la estructura de la insurgencia de las FARC-EP, también deberá quedar inmediatamente en libertad.

Además, toda persona que haya sido procesada o que apenas se le vaya  a iniciar el proceso por motivos relacionados con la protesta social por alguno de los tipos penales establecidos en la Ley 1453 del año 2010, la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A esas personas no se les decretará la figura del indulto o la amnistía, sino la cesación de procedimiento.

Finalmente, todas las personas en la cárcel producto de la pobreza, especialmente mujeres, madres de familia, campesinos y campesinas que hayan sido procesados por la figura penal del artículo 375 del Código Penal que se refiere a la conservación, cultivo de plantas, droga o alucinógena, también quedarán en libertad.

Todo esto parece responder a un gran cambio de concepción desde el Estado.

Eso no hubiera sido posible en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él decía que esto era una democracia perfecta que estaba siendo atacada por unos grupos terroristas y que a eso no se le llama conflicto armado interno y por tanto es legítimo que el Estado utilice como única fórmula de solución el arrasamiento, la exterminación total de ese fenómeno delictivo.

Hay una variación sustancial entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos porque cuando este gobierno inicia las negociaciones con las FARC, lo primero que hace es reconocer que Colombia si vive un conflicto armado interno y que como tal se acoge a toda la normatividad internacional que regula ese asunto.

¿Qué va a pasar con los miembros de la insurgencia que están libres?

La mayoría de esa gente va a quedar sujeta a la amnistía, salvo quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Ésos se presentarán a la jurisdicción especial de paz. En ese proceso, quienes mientan o no digan toda la verdad estarán sujetos hasta a 20 años de cárcel.

Si dicen la verdad y cuentan todo y aceptan sus responsabilidades, tendrán un tratamiento que irá entre 5 y 8 años de pena alternativa.

Las penas parecen más relacionadas con el momento en que se dice la verdad que con la gravedad de los delitos cometidos.

Si, ese sería un criterio clave. Se considera desde el punto de vista de la justicia restaurativa que es mejor que una persona tenga una sanción alternativa y conocer la verdad y desencajar toda esa cadena de horror que está oculta y que está en la impunidad, aunque no haya una condena de cárcel de 20 o 30 años.

Lo peor para los crímenes de guerra y lesa humanidad es que queden en la impunidad porque es la que genera el espacio para que vuelva a ocurrir. Pero si no queda impunidad y se genera la verdad y se generan sanciones, eso va a ser más sanador que lo que tenemos ahora.

Hoy tenemos mediante la justicia redistributiva una cantidad de gente que ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, los tenemos en la cárcel, los han metido las organizaciones de víctimas y la verdad no aparece por ningún lado. Porque ellos han callado la verdad. Los encuentran culpables pero nunca denuncian  a sus superiores, ni dicen cómo se creó esa situación en tiempo, modo y lugar, quién financió, quién dio la orden, quién orquestó. Eso es una de las cosas que está reclamando el movimiento de víctimas.

La ley 975 del 2005, que es la ley mediante la cual se hizo el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, ¿qué le trajo a las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? La verdad no fue total, fue verdad a medias y, lo más triste, solo basada en la verdad que le diera la gana declarar al postulado. Además, fueron penas también de hasta de 8 años. En materia de reparación, se creó un fondo de reparación de víctimas y el Estado no tuvo dinero para este fondo.

Aquí en este proceso va a haber verdad plena o completa porque se contrasta la versión de la víctima con la del victimario. En la otra primaba la versión del victimario sobre la de la víctima. Hay un cambio tenaz.

¿En qué lapso de tiempo se espera que se den las amnistías y los indultos?

Máximo un año para la amnistía y el indulto. El resto puede demorarse más porque el acuerdo de paz tendrá que tener un capítulo con los acuerdos del ELN. El posconflicto está pensado para 20 años. De 10 a 20 años se puede dar la justicia transicional.

Antes has dicho que uno de los colectivos que se verá beneficiado por este proceso de indultos y amnistías está relacionado con el cultivo y tráfico de estupefacientes.

El artículo 375 del Código Penal dice que serán judicializados y penados con cárcel la persona que cultive, conserve o financie marihuana u otra planta de la que se extraiga cocaína, morfina, heroína, que produzca dependencia. Es el artículo que se aplica a campesinos y campesinas que no son traficantes, sino que por circunstancias de la vida la producen.

La cárcel está llena de esta gente. Hay una cantidad de campesinos y campesinas empobrecidos enorme. Entonces, con esta medida se busca que queden en libertad.

¿Qué sucederá con los cultivos?

También se va a cambiar la forma de erradicar los cultivos. Aquí había dos formas de atacar el cultivo. O unidades del ejército quemaban el cultivo, que era algo minoritario, o mandaban aviones a fumigar con glifosato, que era lo más extendido.

Ya no se va a volver a erradicar vía fumigación, sino que se van a generar acuerdos con esta gente para que no vuelvan a cultivar eso y para que la erradicación sea manual. Va a ser un cambio cultural. Eso está muy bien explicado en el punto cuatro de los acuerdos de la Habana. La insurgencia va a contribuir desminando esos campos.