La rutina
campesina se vio interrumpida cuando tropas del ejército recorrieron la vereda.
Siete hombres fueron entresacados. Antonio tenía 16 años cuando vio cómo dos de
sus tíos eran tachados de guerrilleros y
tiroteados.
“Ver y
callar. La voz del silencio. Porque somos los que mandamos y nosotros hacemos
lo que nos parece”, les escupió un teniente cuando reclamaron que los ultimados
eran meros campesinos.
Posteriormente
aparecieron las Defensas Civiles Campesinas, que decían haber surgido para
proteger sus tierras. A Antonio le conminaron a que caminara con ellos so pena
de acabar con su vida.
―Yo no soy de
guerra, yo soy campesino―, contestó.
Logró
escapar, no así su padrastro.
Ante la creciente
presencia de tropas legales e ilegales, varias decenas de personas marcharon en
busca de un lugar tranquilo donde vivir, pero el área se había convertido en un
hervidero de grupos armados y tampoco hallaban tierras con las que subsistir.
Él y su madre
decidieron probar suerte en la ciudad. Antonio encontró trabajo en la
construcción, pero en poco tiempo lo identificaron como el sobrino de los tíos
guerrilleros. Estaba marcado. Aunque buscaba el modo de llevar una vida trabajando
al margen de todo conflicto, el destino parecía empeñado en contrariarlo.
Volvió a huir,
esta vez solo, a una zona rural. La confrontación armada le perseguía, o tal
vez se había tornado omnipresente. Tropezó con las Autodefensas de Carlos
Castaño, uno de los cabecillas máximos del paramilitarismo.
―Yo no soy de
la guerra―, insistió.
― Va a tener
que ser a las buenas o a las malas.
Sonó a
maleficio. Y se cumplió. Un día Antonio decidió acercarse a un señor que sabía
tenía relación con la guerrilla que operaba en la zona. Le dijo que quería
hablar con ellos y le dieron cita.
Antonio tiene
un sinnúmero de alegatos a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. “Allá no lo obligan. Primero le explican”, enfatiza contra quienes
aseguran que el reclutamiento forzado es habitual en las filas de las FARC.
Cuenta que le pusieron un requisito antes de decidirse, que pasara tres meses
en un campamento.
La decisión
estaba tomada: “Muramos por algo porque mi familia murió por trabajar”. Con
este pensamiento, Antonio pasó en 1991 a integrar las filas de la guerrilla más
grande del continente.
En ese tiempo
formó una familia que nada sabía de su vida de guerrillero. Su esposa le creyó
cuando le dijo que trabajaba como jornalero en una finca donde ella no le podía
acompañar. Él iba a visitarla cada tanto tiempo y le mandaba dinero para el
sostenimiento de los dos hijos que la pareja tuvo.
En uno de los
combates le alcanzaron algunas esquirlas de granada en una pierna. Esta
dolencia le perseguiría el resto de su vida y fue el motivo por el que le dieron
permiso para retirarse. Tras casi dos décadas de lucha, regresó a la ciudad.
Antonio llegó
a vivir con su familia y a trabajar en la construcción. Pero un día una gran
cantidad de agentes ―habla de 80― irrumpieron en su casa, le encañonaron frente
a su esposa e hijas y lo llevaron detenido. Cuenta que aquella escena provocó ataques
de pánico a su hija.
Acusado de
rebelión, le ofrecieron soltarle a cambio de información.
―Yo no
entrego, no soy un bandido―, replicó.
Tras cuatro
meses preso, lo soltaron por falta de pruebas, pero lo detuvieron nuevamente y
lo condenaron a 6 años.
En la cárcel
sufrió más que en el monte. Su pierna empeoró y llegaron a plantearle
amputársela. Acusa a la jueza que llevó su caso de no apiadarse de él y de
colocar a su familia en una situación de vulnerabilidad, puesto que al detenerle
con tal dispositivo, los paramilitares reaccionaron hostigando a su familia.
Estando encarcelado,
Antonio tuvo que admitir el engaño a su mujer. Se confesó revolucionario y le dijo
que era libre de aceptar su condición y perdonarlo o dejarle. Él no le
reprocharía nada y seguiría manteniendo a sus hijos. Ella decidió disculparlo.
Por su estado
de salud, lo indultaron cuando iba a cumplir dos años cautivo. Pero su vida no
mejoró sustancialmente. Él y su familia están siendo acosados por bandas paramilitares.
Muestra algunas de las hojas que le han llegado con amenazas.
Una de las notas recibidas por Antonio.
Tuvo que sacar a su hija de la institución educativa donde
estudiaba porque la llamaron a ese centro. “Niña, nosotros sabemos que usted es
hija del señor Antonio. Si no se va, los vamos a matar”. Cuenta que ha llevado su queja a La Habana porque lo
que le está pasando a él puede ocurrirle a quienes están próximos a
desmovilizarse.
Acudió a una institución gubernamental que
le sugirió que se fuese a la capital, algo que rehusó. “¿Es que no
estamos pues en un proceso de paz? Si nosotros vamos a salir de la selvaa producir en el país, a dar ideas en el
país, a ayudar a la comunidad y tenemos que irnos a meternos a un hotel a
Bogotá, entonces, ¿qué paz estamos haciendo?”
Pidió que le ayudaran a rehacer su vida en
una zona rural. Cambió su lugar de residencia, pero las amenazas continuaron.
Le persiguen. Nuevamente se siente acorralado.
“Yo no tengo libertad, no tengo tranquilidad, llevo seis
meses luchando para sacar a esta familia adelante y no me dejan”. Subraya que
no quiere guerra porque solo trae muerte y destrucción a todas las partes.
Cuando le pregunto por las acusaciones
hacia las FARC, por las atrocidades que se atribuyen a este grupo armado,
Antonio muestra la fe sin fisuras de un creyente: “Yo le digo (que) sí
hay violaciones, pero son bloques. Bloques que desobedecen la conducta a
aplicar. Es lo mismo que en las zonas militares”. Asegura que ni su persona ni
nadie con quien él luchó durante esos 20 años codo con codo cometieron ningún
tipo de atropello a los derechos humanos o a la población civil.
―¿Nunca han matado a civiles? ―, insisto.
―No. Yo nunca llegué a hacer eso.
Siempre paramilitares y ejército. La guerra con los que estábamos combatiendo.
La ciudad de Medellín, que en los 90 fue considerada la más peligrosa del mundo, sigue escondiendo un complejo entramado de redes delincuenciales. Es interesante entrevistar a una persona como Fernando Quijano para tratar de entender un poco lo que sucede.
Este hombre menudo habla sobre los entresijos
del crimen en la ciudad y el área metropolitana donde se asienta, el Valle de
Aburrá, como quien enseña una casa que conoce de memoria. Salta de un
dato a un personaje y luego retoma sin dar un respiro. Pero no se limita a
analizar. Preside la organización Corpades (Corporación para la paz y el Desarrollo Social) y
dirige la agencia de noticias Análisis Urbano. Desde ambos espacios está
tratando de impulsar procesos de diálogo para acabar con la violencia en la
metrópoli.
Sus señalamientos sobre el carácter paramilitar de la criminalidad y los vínculos de ésta con la institucionalidad le han llevado a vivir rodeado
de guardaespaldas.
En los
medios de comunicación se oye hablar de bandas criminales a las que denominan “bacrim”
y de paramilitares. ¿Qué distingue cada fenómeno y cómo se relacionan?
Nosotros, desde Corpades y Análisis Urbano, creemos
que las bacrim no existen. Entendemos que lo que existen son estructuras
paramilitares y paramafiosas que son hijas de ese paramilitarismo que dicen que
se acabó con la desmovilización parcial que inició a finales del 2003 y
concluyó aproximadamente en el 2006. El paramilitarismo para nosotros nunca ha
dejado de existir.
El paramilitarismo
se caracteriza por su lucha contrainsurgente y por contar con el apoyo de
fuerzas del Estado, ¿cierto?
Si hablamos de paramilitarismo es porque tiene
vínculos con un sector del Estado. Participan militares, policía, agentes del
Estado en todo su orden. Tienen poder en altas esferas del Estado colombiano. Además,
hay poderes reales que lo acompañan. Un sector de los terratenientes, agricultores
y ganaderos mafiosos. Es una clase que llamamos emergente y ese ejército le
sirve a esa clase. Con eso protege sus tierras, tierras que fueron robadas en la
guerra en Colombia a miles de víctimas.
Siguen operando de forma contrainsurgente
porque la política contrainsurgente que aplica el paramilitarismo en Colombia
es persiguiendo al movimiento social. Lo contrainsurgente va más allá de decir
que es contra la guerrilla, va contra la izquierda, va contra la posibilidad de
cambio en el país, de un verdadero cambio. Más allá de enfrentar a la guerrilla
que, obviamente, se enfrentan. Asesinan defensores de derechos humanos
diariamente. Vienen asesinándolos desde hace muchos años. Hay quienes dicen que
no existe el paramilitarismo. Acaba de decretarlo el fiscal encargado, el presidente
Juan Manuel Santos también lo dice.
¿Y cómo
se estructura ese paramilitarismo mafioso en el Valle de Aburrá?
En el caso del Valle de Aburrá, la historia
nos muestra lo siguiente. Hay una Oficina que ha transcendido y se ha
transformado de Oficina de Envigado a Oficina del Valle de Aburrá. Para
nosotros sigue existiendo el Cartel de Medellín. Para nosotros la Oficina del
Valle de Aburrá es la fachada del Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín
nunca se acabó.
Cuando matan a Pablo Escobar, toman el control
quienes ganan la guerra contra Pablo.
Entonces,
al hablar de la Oficina del Valle de Aburrá, ¿hablamos de narcotráfico?
Nosotros creemos que lo que hay no es narco,
sino mafia, que se asemeja a un pulpo, una gran cabeza y muchos tentáculos
metidos en todos los negocios, en todas las formas donde se puede obtener
dinero. Desde la explotación sexual hasta el tráfico de drogas, desde el tema
de minería ilegal hasta la madera, desde el paso de migrantes hasta el contrabando.
¿Por
qué dice que la Oficina de Envigado es una fachada del Cartel de Medellín?
Cuando tú pones la fachada, no ves lo que hay
detrás y para mí eso es una de las cosas más inteligentes que hizo el cartel de
Medellín. Encuentras a Douglas, a Kenner, a Sebastián, a Valenciano… los jefes
gatilleros con poder alto, pero ésa es la fachada. La pregunta mía es qué hay
detrás del muro, ahí está el Cartel de Medellín, el gran negocio, el
macronegocio. Mientras la Oficina va a la guerra, la capturan o la matan, el
Cartel casi siempre está tranquilo.
Mucha gente ha sido acusada de ser los jefes
de la Oficina sin serlo. Nosotros creemos que han cubierto a los verdaderos
poderes mafiosos que hay atrás, los que yo llamo los “sin rostro”. Podemos
saber que están metidos en lo legal mucho de ellos, que hacen juego entre lo
legal y lo ilegal y sentimos que han sido protegidos en este país.
¿Esta
mafia es también paramilitar?
La mafia tradicionalmente se ha dedicado a los
negocios, a conseguir dinero, a no mezclarse de mucha violencia. Pero en Colombia
mezcla violencia, se mete en asuntos de la política, de la disputa de tierras,
de perseguir a la izquierda, a los sectores democráticos y demás.
La mafia se asocia y se ha asociado en
Colombia con ejércitos paramilitares y con la doctrina paramilitar para tener
regiones a su servicio. Yo pienso que la mafia también ha adquirido cierto
tinte ideológico porque se han metido en esas luchas, en esas disputas
ideológicas.
Antes
ha nombrado la muerte de Pablo Escobar como un punto de inflexión en la historia
del Cártel de Medellín. En esa transformación, el personaje de don Berna es
clave.
Berna, Diego Fernando Murillo Bejaramo, viene
de procesos de la izquierda. Él estuvo en el proyecto Estrella Roja del Sur, un
proyecto que había tenido raíces en el Ejército Popular de Liberación. Pero era
colaborador, él trabajaba para los Moncada. Cuando Estrella Roja se va contra
los Moncada, Berna se va a luchar del lado de sus patrones.
Los Moncada trabajaban para Pablo Escobar,
pero luego se enfrentan y Escobar los mata. Después de la muerte de sus
patrones, tiene importancia militar con los Perseguidos por Pablo Escobar, los
Pepes. Dicen que “Semilla”, el hermano de él, fue el que asesinó a Pablo
Escobar.
¿Qué
pasa después de la muerte de Pablo Escobar?
Los Pepes fueron premiados por el poder de
este país y por los Estados Unidos. A don Berna le dan el premio de tener el
control del crimen urbano (del Valle de Aburrá). Primero lo hace a través de La
Terraza, una de las bandas más poderosas y duras que ha existido en la historia
de la ciudad metropolitana del Valle de Aburrá, una de las que trabajó para el
Cartel de Medellín.
La Terraza llega un momento en que es la que
coordina y controla toda la actividad criminal. A finales del 96 llega a la
ciudad de Medellín la primera oleada del Bloque Metro, que son parte de los
paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de los hermanos
Castaño, y abren acuerdos con la Terraza.
Unos años después entra en guerra La Terraza
con el Bloque Metro. El paramilitarismo pierde esa guerra. En esa guerra La
Terraza asesina a Semilla y Diego Fernando (don Berna) se refugia en la región
de Urabá. De ahí viene con todo el poder, ya no solo de la mafia, sino ya como
paramilitar. Berna viene fortalecido y le gana la guerra a La Terraza. Asesinan
a una gran cantidad de jefes y toman el control de La Terraza y del Valle de
Aburrá. La Terraza hoy está sometida a La Oficina.
Berna termina siendo el subinspector general
de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el 2002 anuncia que tiene el control
total de las bandas del Valle de Aburrá. Cuando toma las bandas, las
paramilitariza.
Antes
dijo que entre el 2003 y el 2006 hubo un proceso de desmovilización de
paramilitares.
Para nosotros hubo una desmovilización parcial.
En ese momento en el Valle de Aburrá eran más de 8.000 integrantes de bandas
que habían sido sometidas y controladas por el paramilitarismo en cabeza de don
Berna. Cuando se da la primera desmovilización no llegaron a 900 personas, o
sea, fue el 10% de las bandas que ya estaban paramilitarizadas. En ese proceso,
a don Berna lo extraditan a Estados Unidos. Allí está preso.
¿Qué
pasa tras las desmovilizaciones?
La Oficina va a una guerra interna entre el
2007 y finales del 2010 entre dos alas de la Oficina: los que encabeza
Valenciano y los que encabeza Sebastián. Cuando está terminando la guerra,
alias Sebastián dice: “Yo triunfé, soy el dueño del Valle de Aburrá”. Y
aparecieron los Urabeños y le dijeron: “No, nosotros ya llegamos”. En 2012
prende la guerra entre Urabeños y Oficina y en junio de 2013 dijeron “No nos
matemos más” y hacen el Pacto del Fusil. Corpades y Análisis Urbano lo
bautizamos como el Pacto del Fusil, el acuerdo entre criminales. Hoy al
interior de la Oficina hay guerras internas. Por eso el número de muertes va
creciendo.
¿Tienen
datos sobre la realidad de las bandas actualmente en el Valle de Aburrá y en
Medellín?
Son 500 aproximadamente en el Valle, 350 están
en Medellín.
¿Cómo llegan
a estas cifras?
Varias organizaciones nos dedicamos a hacer un
trabajo de hacerle un barrido hace unos años a este tema y encontrábamos en ese
momento unas 400 bandas en Medellín. Hoy podríamos estar en unas 350. La
discusión que siempre ha existido es cuántos son sus miembros. Para la institucionalidad
no son más de 2.000 en el solo Medellín. Nosotros hemos hecho cálculos y pueden
existir más o menos en el Valle de Aburrá unas 13.000 personas vinculadas. Unos
son gatilleros, otros campaneros, otros los que están en casas de tortura, conocidas
como de pique, otros son los que manejan la droga, otros las finanzas y así
sucesivamente. No hemos hablado en esos 13 mil de sus bases sociales, que están
ahí por conveniencia, miedo o simpatía. Estamos hablando de bandas organizadas
y sometidas. Hoy las someten la oficina del Valle de Aburrá y las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia.
¿En qué
consiste el Pacto del Fusil?
Repartir territorios, cesar la guerra entre
ellos, fortalecer el negocio. El Pacto del Fusil es una alianza poderosa,
mafiosa, paramilitar. Todo lo que suman las bandas lo tienen al servicio de
ellos. Eso es parte de la cuota inicial de la negociación de ellos con el Estado,
así el Estado y las alcaldías y la gobernación lo nieguen.
¿Los Acuerdos
de Paz que se están negociando en La Habana tendrán algún efecto?
Yo siento que los Acuerdos de Paz de La Habana
van a dar para mucho. Obligatoriamente tiene que venir, por un lado, el combate
al paramilitarismo, que ya los acuerdos de La Habana dicen que existe el
paramilitarismo. Ya hay un acuerdo, dos hombres lo dirigen: el general (Óscar) Naranjo
por parte del equipo negociador del gobierno y Pablo Catatumbo por las FARC.
Están diseñando la estrategia para enfrentar el paramilitarismo. Por un lado,
los van a golpear duro, si no los Acuerdos de Paz no van a avanzar. Y por otro
lado, les van a tener que dar diálogos, negociación y someterlos a la justicia
al mayor número posible de hombres.
Lo de La Habana los va a obligar a negociar y
a transformarse. Tú vas a ver el próximo año una nueva cartografía del crimen,
unas nuevas siglas, unos nuevos jefes, porque eso es lo que va pasando, se va
transformando el negocio y se van transformando las estructuras de acuerdo al
momento histórico. Lo que van a surgir ahora son ejércitos antipaz, son
ejércitos antirrestitución de tierras, antiacuerdos de paz. Y esos ya se están
organizando y preparando. De un momento a otro surgirán las nuevas siglas de la
nueva versión paramilitar en Colombia.
Suena a
lo que mucha gente dice: que se espera una oleada de violencia tras los
acuerdos.
Se va a venir. Lamentable pero se va a venir. Reconocerlo
es muy duro, pero se va a venir. Contra el movimiento social, contra las FARC,
contra miembros del gobierno, contra miembros de la clase dirigente que negoció
la paz y contra muchos más, hasta contra ellos mismos para crear el caos. Ahí
está la pericia del gobierno, de los países de Europa, de Estados Unidos, de la
dirigencia de las FARC, de los que creemos en la paz para saber entender esos
momentos.
Ustedes
tienen una propuesta para mitigar esto, ¿no es así?
Nosotros estamos proponiendo establecer unos
diálogos que lleven al sometimiento de las bandas de la Oficina y de los
Gaitanistas, pero con la participación activa de la sociedad, y estamos
proponiendo que vengan los Estados Unidos y participen de la mesa de
negociación porque ellos tienen responsabilidad en lo que está pasando en estas
guerras urbanas y en el crecimiento desmesurado que han tenido los Gaitanistas.
Queremos reducir ostensiblemente el ejército
urbano de las bandas, que participen en esa negociación sus jefes, el poder
oculto y construyamos unas nuevas reglas del juego. El crimen no se va a acabar
nunca, pero aspiramos a que se vuelva invisible, menos violento, que sea una
lucha entre el Estado contra el crimen, pero no lo que se hace ahora que en el
medio está la comunidad y es la que recibe todo el golpe, la que pone la cuota
mayor de sacrificio para enriquecer a otros con lo mismo de siempre: pobre
matando pobre. Estamos apostando a que logremos un gran proceso de paz,
regional en principio, que se pueda llevar a otras regiones del país.
¿Cómo
pretenden llevar a cabo estos acuerdos urbanos?
Yo creo que con las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia hay que encontrar un punto intermedio, que no es el reconocimiento
político pero que no es el sometimiento. Las bandas hay que llevarlas al
sometimiento a la justicia, igual que a la Oficina.
¿Qué se
negociaría?
Muchas cosas. Desmontar parte del negocio. Acabar
con las casas de tortura, con la vacuna, con el control territorial, con las
relaciones institución-crimen, con reducir el ejército de ellos. Quitar todo el
manejo de reclutamiento forzado de menores.
Pintada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Análisis Urbano
¿Qué se les da? Lo que una ley de sometimiento
puede otorgar, el 50 o 60 o 70 por ciento de los beneficios, reducción.
Perpetuamos gente metida en las cárceles. ¿Para qué? Más de 120 mil personas
están hacinadas hoy en las cárceles y eso para qué ha servido. Que los Estados
Unidos se lleven las rutas, la información, que se lleven 50 pesitos de cada
100 pesos y que nos dejen al capo aquí para negociar con él, para someterlo a
la justicia acá.
Cuando
hablas de entablar diálogos urbanos con los Gaitanistas y la Oficina, hablas de
que a ambas estructuras se les de distinto trato, ¿por qué?
Los Gaitanistas son herederos de grupos de la
guerrilla del EPL, de la disidencia que no se sumó a la dejación de armas del
91. También del paramilitarismo. Actúan como paramilitares: enfrentan a la
guerrilla, matan líderes sociales, defensores de derechos humanos, amenazan,
toman control de territorios, desplazan, están contra la restitución de tierras.
Creo que hay que encontrar un punto medio porque ellos no te van a aceptar el
sometimiento porque saben que tienen fuerza militar, son capaces de responder y
han respondido militarmente.
Yo soy enemigo de los Gaitanistas, pero hoy en
Colombia estoy convencido de que la paz tiene que ser con ellos porque si no
qué vamos a hacer los próximos años con gente que tiene presencia en 22
departamentos, que tiene un ejército que no creo en las cifras del gobierno
nacional que dice que no son más de tres mil hombres. Si están en 22
departamentos, calcule el número de tropas que tiene para estar hoy enfrentados
en el Chocó con el ELN, para haberse enfrentado en el Bagre con el ELN, para
estar cubriendo fronteras, para estar tomando control en otros departamentos.
Para la Oficina sólo recomiendo el
sometimiento a la justicia, no darle el mismo status. La fuerza de la Oficina
se basa en territorios, en negocios, en poder militar. Si los jefes de la Oficina
nos ayudan a desmantelar casas de tortura, paga-diario, venta de drogas a
menores de edad, si liberan los barrios, obvio que merecen garantías
importantes, no se trata de que haya impunidad, pero merecen premios. En las
fincas podemos construir cárceles alternas porque ¿quién dijo que a punta de
cárcel esto lo resolvemos?