¿Qué pasará con los campesinos que habitan los páramos?

Los páramos tropicales son unos lugares mágicos, casi marcianos. No tienen árboles, pero están repletos de vegetación y animales que solo allí podemos encontrar. Greenpeace habla de 3.379 especies de plantas, 70 de mamíferos, 154 de aves y 90 de anfibios y lo describe como “el ecosistema con mayor irradiación solar del mundo”. Los suelos están mojados, algunas partes parecen pantanosas. Se encuentran a unos 3.000 metros de altura, pudiendo llegar a los 4.000. Atrapan el agua, la purifican y dan origen a muchos ríos y quebradas.

Páramo de Ocetá (Boyacá)

Foto: Leonardo Chicuasuque Ramírez

Los encontramos en Centroamérica, Sudamérica, África y Nueva Guinea. Colombia es el país con más páramos del mundo (49%) y Boyacá el departamento con más páramos de Colombia. Como cada metro cuadrado de páramo produce un litro de agua por día, los casi dos millones de hectáreas de páramo colombiano abastecen al 70% de la población del país.

Colombia tiene 34 páramos delimitados, con una superficie total de 1.932.395 hectáreas. Los páramos regulan y purifican el agua, generan recursos alimenticios como la pesca y almacenan gases de efecto invernadero.

En el 2010 el Gobierno colombiano decidió regular el uso de los suelos paramunos

Fue tan copiosa la lluvia entre 2010 y 2011, que afectó de forma grave a más de tres millones de personas. Esto alertó al país sobre qué se podía hacer para mitigar los severos fenómenos naturales. El Gobierno propuso proteger ecosistemas estratégicos como los páramos prohibiendo las actividades que se desarrollan en ellos: la minería, la extracción petrolífera y las actividades agropecuarias.

Primero había que delimitarlos, un proceso que no ha concluido. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-­2018, el Gobierno enunció que las empresas petroleras y mineras podían continuar desarrollando sus actividades hasta la finalización del contrato si lo habían firmado antes de cierta fecha, pero la Corte Constitucional tumbó esta premisa afirmando que ponían en riesgo el derecho de la población a acceder a agua de calidad.

El problema humano: los campesinos que habitan los páramos

Hay millares de familias que llevan toda la vida viviendo en estos lugares y de ellos. Jorge Luis López Ardila, vocero de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), indicó que el gobierno habla de entre 300 y 500 mil personas. Muchas de ellas, campesinas. “Esas personas no saben qué va a pasar con su trabajo, con su sustento y con su vivienda”, añadió.

“Ya nos delimitaron que desde un sitio que le llaman El Afilador para arriba no van a dejar cuidar vacas, cultivar… nada de eso, pero el gobierno no se reporta con nosotros qué nos va a poner a hacer, qué va a ser su vida, de qué van a vivir”. Lo cuenta Rosa Ismenia Cárdenas Duarte, que nació y vive en la vereda Dichavita del municipio de Sogamoso.

Rosa Ismenia Cárdenas Duarte, campesina paramuna
de la vereda de Dichavita, en Sogamoso (Boyacá)

Ella lamenta que nadie del Gobierno se haya personado para informarles. Toda la información les ha llegado a través de la asociación a la que representa Jorge Luis y muchos en la vereda no han querido acudir a las reuniones informativas, probablemente por miedo o desconfianza. No olvidemos que Colombia es un país donde estar organizada sigue significando situarse en el punto de mira.

“Cuando hay un paro, dicen que es que somos locos, que salimos por ahí a las calles a no sé qué. No sé si es que no les interesa o no saben. De la vereda solo tres o cuatro nos reunimos, a los demás no les interesa”, relata Ismenia.

El director de Corpoboyacá, la institución que se encarga en el departamento de Boyacá de la gestión y protección de los recursos medioambientales, aseguró que los datos de un estudio sobre la población que habita el páramo de Pisba les están mostrando la necesidad de hacer estos diagnósticos en los demás. “Estos estudios buscan conocer cuántas personas, dónde están ubicadas, qué hacían antes de que la Corte Constitucional declarara no minería, no ganadería, no agricultura, cuáles son sus expectativas, cuál es su nivel de vida. Sin conocer este detalle, cualquier programa o plan de manejo de programas y proyectos para las comunidades no va a tener un fundamento de conocimiento real”, remarcó Ricardo López Dulcey.

Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá: “Para la formulación de los planes de manejo necesitamos un conocimiento más detallado de la realidad social y económica en los territorios de páramo”.

López Dulcey enfatizó que es importante no acabar generando el desplazamiento de esta población. “Como para vivir necesitamos el agua, el aire, yo creo que hay que darle la prioridad a la conservación, pero los campesinos en este proceso no pueden salir damnificados, y desde el Estado tenemos la responsabilidad de darle una respuesta coherente y satisfactoria a estas necesidades”, expuso el director de la autónoma.

Opciones laborales

Conseguir conservar este ecosistema desarrollando alternativas de vida satisfactorias para quienes los habitan es complejo. El Gobierno ha planteado impulsar el ecoturismo y servicios ambientales como guardapáramos y vigías de incendios forestales. Desde Asonalca proponen que el ecoturismo esté regulado por las propias comunidades, que sean ellas (y no las corporaciones) las que determinen la carga turística de personas al año que soporta su territorio. Que no sean las multinacionales de turismo las que exploten ese rubro, sino que quede en manos de la comunidad.

Jorge Luis López Adila, vocero de Asonalca.

¿Y los cultivos?

Otro de los problemas es que, según López Adila, entre el 60 y el 70% de la papa que se consume en el país se produce en los páramos. “¿Qué va a pasar con esa producción de cebolla, papa, alverja, leche, habas, truchas…?”, pregunta. El director de Corpoboyacá confiesa no tener respuesta y asigna la responsabilidad al  Ministerio de Desarrollo Agropecuario. “No sabría dar una respuesta completa pero los Ministerios de Desarrollo Agropecuario y otros tendrá que estar pensando ya y dar esas alternativas porque de todas formas hay que hacer ese cambio”, contestó.

La propuesta

Desde Asonalca tienen claro que no debe haber minería, ni extracción petrolífera en ningún ecosistema estratégico. Proponen que se genere una mesa donde comunidades campesinas, organizaciones campesinas, agencias, ministerios y otras instituciones del Gobierno se sienten a “concertar qué se puede y qué no se puede hacer en un páramo”.

Lo que le gustaría a Ismenia va en la misma línea: ”Que nos reunieran como campesinos y nos explicaran las razones por las cuales nos desalojan, de qué vamos a vivir, qué nos van a poner a hacer, cuáles son los planes que tienen para nosotros los campesinos. Únicamente nos desalojan como si no pertenecemos a acá. Me parece como un atropello”.

López Ardila cuenta que, si se abre la negociación, están dispuestos a comprometerse a no avanzar en la frontera agrícola, es decir, no seguir ampliando el terreno en el que cultivan. También promover una transición hacia los cultivos agroecológicos. No obstante, pide un margen de tiempo más amplio que los tres años propuestos por el Gobierno. “En tres años no se alcanza a desintoxicar una tierra que ha estado durante años en sembradío tóxico. Calculamos 10 años por lo menos”, puntualizó.

“Estoy de acuerdo en dejar de usar químicos, así nos toque comer gusanos”, secundó Ismenia sonriéndose el chiste.

Jorge Luis opina que este cambio necesita impulso: “Al sembrar orgánico se necesita más fuerza de trabajo porque tienen que hacer sus propios abonos, fungicidas… y la producción es igual o un poquitico menor. Si se va a vender como una producción convencional, va a estar en desventaja o va a producir menos ganancia. Hay que buscar la forma de que unos mercados específicos sean para los productos orgánicos”.

Desde Asonalca piden apoyo y apuntan a distintas opciones, como que el gobierno se haga cargo de comprar gran parte de esta producción, que las organizaciones campesinas creen sus propias redes de comercio o impulsar la relación entre sindicatos y organizaciones campesinas para que se genere un comercio directo entre ellas.

La falta de reconocimiento al campesino

Esta organización denuncia que detrás de toda esta problemática está la falta de reconocimiento del campesinado como sujeto político por parte del Estado. Al no haberlo, como sí ocurre con la población indígena o negra, carecen de derechos colectivos como el de contar con una consulta previa si se plantea que haya un proyecto petrolero o minero en su territorio.

Jorge Luis López Ardila, vocero de Asonalca: “El Estado desconoce los derechos del campesinado como sujeto político, como colectivo. En esa medida el campesino no tiene los mismos derechos que un indígena o un negro”.

“El gobierno nacional debe reconocer en el campesinado una construcción cultural diferente a la de la mayoría del país. También debe reconocer que dentro de su derecho a la tierra y al territorio esta decidir qué se hace y qué no se hace en ese territorio”, detalló el integrante de Asonalca.

El campesinado es una clase social que ha construido históricamente una relación con el entorno, que cultiva sus productos para el autosostenimiento y la comercialización basándose fundamentalmente en la fuerza de trabajo familiar y que no tiene grandes posesiones de tierra, que tiene una economía familiar de subsistencia.

Istmenia tiene su propia visión del futuro: “¿Si seguimos así? Pues cada día más pobreza supongo, ¿no? Más desempleo, más necesidades, más hambre, tanto para los de la ciudad como para los del campo porque, por más que ellos tengan dinero, si no llegan alimentos a la ciudad, ¿qué van a hacer?, ¿qué van a comer?”.

"El Estado español te acoge pero no te permite seguir políticamente vivo"

La historia del grupo de música “propuesta” Pasajeros es una de esas que merecen ser contadas. Lo sospeché cuando la oí por encima, pero al entrevistar a uno de sus componentes, Leonardo Rúa, no imaginaba lo intensa e interesante que sería, ni que a través de ella aparecería la de una ciudad: Medellín.

Pasajeros se formó en 1991 con canciones que buscaban hablar de la realidad que les rodeaba. Su lírica atinó tanto que fueron amenazados, encarcelados y empujados a pedir asilo.

¿Cómo arranca el grupo Pasajeros?

Se funda con tres integrantes, nos damos a la tarea de hacer canciones que hablen de nuestra propia realidad. En la década de los 90, había empezado a implementarse en Colombia la política neoliberal que trajo el presidente César Gaviria y que provocó muchos cierres de empresas y, por lo tanto, mucho movimiento obrero en contraposición. El acompañamiento constante del grupo en las tomas de empresas, en actividades culturales, eso fue marcando los primeros años de los 90.

Medellín era una ciudad industrial por excelencia, era el 80% del Producto Interior Bruto del país, con una gran industria que se sustentaba más que todo en la parte textil. Había unas 20 empresas textileras aquí grandes, como Coltejer, Tejecom, Fabricanto.

Se van porque, con la entrada de las políticas neoliberales, a las empresas locales y a las extranjeras que estaban aquí funcionando les era más barato abrir una base en México con cero sindicato, cero servicio pensional y mano de obra más barata.

Leo Rúa, cantante del grupo Pasajeros.

¿Aquí si había derechos laborales?

Sí, claro. Había sindicatos fuertes. Los destruyen con esa apertura económica. Los obreros se tomaron las empresas porque lo iban a vender todo y les iban a dejar sin su patrimonio. Con el grupo les apoyamos con la dinámica cultural para la resistencia en los campamentos que crearon en las empresas que iban a ser desalojadas. Todo el movimiento social se vuelca allá para apoyarlos hasta que logran llegar a unos acuerdos con la empresa. En ese proceso fueron más de 300 empresas que cerraron en Medellín.

Cuando esto se rompe, se rompe una cadena generacional de esperanza de empleo y todas estas vacantes que quedan se vuelven el caldo de cultivo de la violencia estructural que ya venía atrapando un personaje que era Pablo Escobar desde los 80. Ellos pasan a engrosar las filas de desempleados y los grupos de delincuencia común. Se financian del microtráfico, trabajos sicariales, hurtos y esas cosas.

En esa misma década de los 90, surgen en los barrios las milicias populares, que son una respuesta a esa violencia estructural que se formó porque, con el desempleo, los jóvenes no vieron otra opción que meterse ahí, al dinero fácil. Y el Estado, en lugar de propiciar fuentes de empleo, las estaba acabando en esta ciudad. Eso generó un gran ciclo de violencia que parecía interminable, entran las milicias y las bandas de los barrios.

Los organismos de seguridad llegan a los barrios y, si veían a 5 chicos parados en una esquina, lo que hacían es dispararles. Le llamaban “la fumigada”, la mal llamada limpieza social. El movimiento cultural que te venía relatando nace en respuesta también a eso. No podemos permitir que sigan matando a los jóvenes de esta ciudad.

Se empiezan a formar unos colectivos culturales muy importantes en los barrios con el fin de llegar a aquellos barrios donde el Estado no ha llegado, no solamente con cultura sino también con educación, salud… con atenciones básicas.

¿Desde los movimientos barriales se suple la salud y la educación?

Si. El Estado había llegado a algún barrio de las comunas populares de Medellín. Hacían el centro de salud pero no llevaban médicos, hacían el colegio pero no ponían profesores. Después de algunos años de permanecer vacíos estos espacios, la comunidad decide juntarse a través de las Juntas de Acción Comunal, convocar a estudiantes y a grupos culturales y una vez visto esto se decide ocupar estos espacios y traer los estudiantes de la universidad para que vengan y hagan sus prácticas aquí y nos ayuden con la gente.

Empieza a haber un movimiento muy fuerte alrededor de todos los barrios populares de Medellín. Se juntaba una cantidad de gente no solamente a trabajar para la comunidad sino también a los eventos culturales. Como parte de esa formación que se les ofrecía a los muchachos en la parte artística y cultural, salían talleres de poesía, literatura, música, telecomunicaciones, danza, teatro, que se desarrollaban en esos mismos espacios. Ésta era una forma de robarle jóvenes al conflicto, que además era muy fuerte en esos momentos. Desde los 80, 90 y 2000 hay tres generaciones de jóvenes varones asesinados.

Hay otra respuesta del Estado y es que cuando entran las milicias a las comunas de Medellín, el Estado para contrarrestar esto coopta a los ejércitos de reserva que dejó Pablo Escobar tirados, les da armas, les da vehículos, les da poder, les pone un uniforme gris y les pone un nombre muy bonito: Cooperativa de Vigilancia Convivir. Arman a los jóvenes que trabajaban con la mafia en la protección del pueblo contra las milicias. Es, de alguna manera, el inicio del paramilitarismo en la parte urbana.

¿Cuál es el argumento del Estado contra las milicias?

Únicamente decían que la guerrilla se estaba tomando la ciudad y tenían que contrarrestar eso. Las milicias urbanas nacen como un fenómeno de autodefensa contra las bandas de delincuencia que venían azotando los barrios con mucha violencia. Homicidios, violencia sexual, cobro de vacunas… Fue una década donde se contaban cada semana 100, 150 muertos en la ciudad de Medellín.

También empieza a darse la incursión paramilitar, no sólo con las Convivir, sino que el Estado empieza a traer hombres del Urabá antioqueño a la ciudad para sacar a las milicias de los barrios. Frente a la histeria que había de que la guerrilla se iba a tomar la ciudad, se la terminan tomando los paramilitares.

Sería complicado trabajar en los barrios con semejante contexto.

Había barrios donde no solamente era suficiente hablar con la acción comunal del barrio sino que además había que pedir permiso al jefe de las milicias o al jefe de la banda criminal o al grupo paramilitar de ese barrio. Generalmente los grupos paramilitares no permitían ese tipo de actividades.

El mensaje era que no nos podíamos quedar parados en la esquina esperando que el Estado venga y nos mate. “Venga, aprovechemos sus cualidades, ¿qué puede hacer?, ¿qué podemos construir?, ¿le gusta cantar?, ¿bailar?, ¿una actividad cultural?” Primero lo mostrábamos y luego presentábamos los talleres.

Éramos muchos. Lo hacíamos a través de la corporación cultural La Aldaba. También estuvo un tiempo apoyando ese proceso la ONU. De ese modo había un nombre muy grande para poder entrar tranquilamente a esos barrios y hablar con los actores armados. Al llegar con el nombre de la ONU la gente pensaba que era algo importante.

¿Os fuisteis haciendo famosos en este proceso?

Si, un poquito.

Una de las canciones míticas del grupo.

Hay un episodio que marca vuestras vidas.

En el 2004 estábamos apoyando un gran paro cívico que hubo en el norte del Valle de Aburrá en contra de un peaje que iban a poner cerca del municipio de Copacabana dentro del área metropolitana.

¿Cómo afectaba ese peaje a la comunidad?

Casi toda la gente que vive allí trabaja en el sur. Al desplazarse saliendo de su municipio encuentran un peaje, lo que incrementa los costos. Es un municipio de clase media baja. Fueron dos meses de paro cívico muy fuerte y cuando estaban negociando con el Estado, los promotores del paro nos piden que participemos de un concierto. En un gran operativo nos detienen a los músicos del grupo Pasajeros bajo cargos de terrorismo y rebelión. Fue un gran operativo del cuerpo élite antiterrorista de la policía, pero también participó el ejército. Éramos cinco miembros, pero iban a por los fundadores, que éramos tres.

¿Cuántos integraban el operativo?

Muchos, para cada uno de nosotros había un pelotón de 10 policías con unas armas que ni ellos podían con ellas. A cada uno nos llevaban en un vehículo diferente, custodiados como si hubieran capturado a Fidel Castro. Una cosa impresionante, desproporcionada para capturar a tres peludos músicos.

¿Hasta entonces habíais sufrido amenazas?

En los 90 la presencia del Estado en cuanto a persecución al movimiento social era muy fuerte. Todo lo que estuviera contra el Estado olía a subversión y era objeto de persecución. Cuando salías de algún sitio siempre veías el mismo coche, tipo camioneta, cuatro puertas de vidrios oscuros, con cuatro personas adentro, mutilados (con la cabeza rapada), como policial, con los vidrios abajo.

La misma descripción de los vehículos con los que ya sabíamos que iban a los barrios a asesinar a los jóvenes. Como ya todos sabíamos qué estaba pasando, cada vez que salíamos de alguna sede, reunión o concierto, lo primero que hacíamos es mirar quién había por ahí.

Hubo llamadas telefónicas varias veces pidiéndonos que nos fuéramos del país, que nos calláramos, que nos iban a matar si seguíamos cantando y haciendo bulla contra el Estado. Eran llamadas típicas de las fuerzas del orden acá.

¿Tomasteis medidas de precaución?

Si. Por ejemplo, no vivir más de seis meses en una misma vivienda. Al centro de la ciudad no se podía venir o, por lo menos, venir solo. A ciertos barrios, bares y sitios, llegó un momento en que ya no podíamos ir. De hecho, antes de la detención hubo una llamada que fue la amenaza más fuerte. Fue en una mesa de paz en la universidad nacional amenazándonos, diciendo que nos iban a callar la boca porque estábamos hablando muchas cosas cuando cantábamos.

Seis meses antes de la detención, la situación estaba muy delicada y no habíamos vuelto a tocar en la ciudad. Tocábamos fuera, en otras ciudades o países como Cuba o España. Esas salidas nos daban un manto de protección porque nos retirábamos un poco y dejábamos que los ánimos se aplacaran, después de unos meses volvíamos y volvían las amenazas y nos teníamos que ir otra vez, pero nunca pensamos en salir del país porque eran amenazas y como que ya te estabas acostumbrando a vivir mirando en las vitrinas de los comercios quién te estaba siguiendo simulando estar viendo la ropa exhibida.

Las amenazas siempre las identificas con grupos del Estado

Lo que pasa es que aquí siempre actuaron las fuerzas del Estado en contra del movimiento social. Otra cosa es que paguen a sicarios de un grupo armado para que hagan el trabajo sucio y maten a líderes sindicales o sociales.

¿Qué pasa cuando os detienen?

Nos llevan a prisión, nos ponen una chapa grandísima de sindicación de terrorismo y rebelión. Algo que era muy difícil de demostrar. En esa época ya casi todo Medellín estaba cooptado por el paramilitarismo, había un ideario político de eliminar a las milicias y todo lo que tuviera que ver con ellas y en ese momento incluía el movimiento social. Había desaparecidos, asesinatos selectivos, amenazas, vetos, no se podía ir a ciertas zonas. También las emisoras de radio cambiaron sus programaciones de radio de toda la vida y a cambio pusieron reggaetón. Eso va cambiando la mentalidad de la gente. Prohibieron escuchar canción social. La música de Pasajeros fue vetada por los paramilitares y por las fuerzas del orden en los barrios donde íbamos.

Para el 2004, el grupo estaba más grandecito, éramos cinco, con batero y bajo eléctrico. Antes éramos guitarra, bombo y vientos andinos. Jamás pusimos palabras directas en una canción, nuestra construcción era muy literaria, muy poética, pero reflejaba las dinámicas sociales que habíamos vivido, la desigualdad social que venía ampliándose en la ciudad.

La detención fue un hecho escandaloso. Sobre todo porque fue una detención sin orden de captura, abiertamente ilegal, porque se pasaron tres horas con nosotros dando vueltas a toda la ciudad sin saber qué hacer hasta que al día siguiente legalizaron.

¿Sabéis quién ordena esa detención?

Viene de una fiscal especializada antiterrorista. Tiempo después nos damos cuenta que la orden viene del alto gobierno. Para ese entonces era (Álvaro) Uribe el Presidente de la República.

La voz se corrió muy rápido porque siempre a los eventos nos acompañaban organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Nos trasladan a la cárcel de Bellavista, nos leen los cargos de terrorismo y rebelión, donde nos hacían parecer como si fuésemos los jefes de las milicias populares de todo Medellín. A uno le ponían que era el jefe de finanzas, otro el jefe político y otro el jefe militar. Tenían cinco declaraciones de cinco testigos que decían que eran desmovilizados, unos de las milicias del ELN, otros de las milicias de las FARC, pero todos recibían órdenes nuestras supuestamente. Eso era muy curioso porque cualquiera que tenga conocimiento de eso sabe que cada uno obedece a una línea de mando diferente.

Estando en prisión nos damos cuenta de que esos testigos si eran reinsertados, pero no de un  grupo subversivo sino del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas (grupo paramilitar que operaba en Medellín y se desmovilizó en el 2003). La fiscal les había inducido a dar testimonio contra nosotros. Ponían que ordenábamos homicidios, que habíamos dado dinero para comprar fusiles en no sé qué sitio o para poner bombas en algún sitio de la ciudad. Una serie de cosas que formaron un proceso de unos 500 folios. Impresionante.

También estaban documentados todos los seguimientos que habíamos notado que nos habían hecho, pero ninguno llegaba a una conclusión de que estuviéramos haciendo algo ilegal. Simplemente nos seguían y ya.

Cuando nos damos cuenta de este entramado que prepara la fiscalía para llevarnos a prisión, solicitamos las pruebas. Pasamos seis meses en prisión sin que ordenaran una prueba que nosotros pidiéramos. Es ahí donde interviene la ONU y con su intervención la Fiscalía se ve amenazada y entonces ordena las pruebas y el cambio de fiscal. La nueva fiscal mira ese proceso y ve que es ilegal, ordena las pruebas y se demuestra que los testigos eran falsos, que era un montaje judicial, lo que aquí llamamos un falso positivo judicial. Eso da como resultado que seis meses después salgamos en libertad.

Fragmento de la entrevista donde Leo Rúa narra su experiencia en la cárcel de Bellavista.

¿Qué hicisteis al salir de prisión?

Estuvimos tres meses bajo un programa de protección de defensores de derechos humanos en Bogotá, y es ahí donde llegan nuevas amenazas que venían directamente del DAS (el servicio de inteligencia colombiano de aquel entonces) y nos toca tomar la decisión de salir del país.

En esos tres meses en Bogotá tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Director Nacional de Fiscalías y él nos dice que la orden de la detención nuestra viene de altas esferas del gobierno y que es mejor que busquemos dónde irnos. Estuvimos nueve años en mi caso en el exilio.

¿Cómo os vais?

Amnistía Internacional ayudaba a sacar a la gente del país, pero nosotros no fuimos por ahí porque, por la premura, no dio tiempo a hacer el trámite necesario, había que esperar mucho tiempo y la cuestión era de inmediatez.

Unos amigos nos envían una invitación para hacer una gira de conciertos por el Estado español. Hicimos la gira de conciertos y fuimos a la oficina de asilo y refugio, a través del CEAR de España (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Pudimos llevar unos documentos que acreditaban la persecución del Estado, entre ellos la inclusión de la ONU del caso Pasajeros como caso tipo de la violación al derecho a la libertad de expresión en Colombia.

No fue fácil el exilio, no es fácil romper con tu vida tajantemente, con toda tu dinámica familiar, social, profesional, musical y llegar a un país donde no te conoce nadie, aunque habíamos estado de gira e hicimos otra a la llegada, realmente éramos un grupo que nadie conocía. Y lo que cantábamos obedecía a una dinámica muy de acá que la gente en España poco entendía.

¿Cómo se os recibe desde la institucionalidad española como asilados?

En términos de ayudas efectivas, nos llevamos una poco grata sorpresa porque en realidad la salida del país era para preservar no solamente la vida, sino la dinámica artística y musical que teníamos como grupo. Lo que nos propone el CEAR es ubicarnos a cada uno en una ciudad diferente de todo el Estado español, con lo que no cumplíamos el objetivo. No tenía sentido salir del país para estar desperdigados.

¿Cuál es el argumento que usa el CEAR?

La falta de cupos. Las políticas de ayuda al refugiado adolecen de muchas cosas. No hay un estudio personal del individuo que viene a pedir asilo en cuanto a sus capacidades, su formación académica, su experiencia laboral, sus expectativas de vida… simplemente eres un refugiado más, un inmigrante más que viene a hacer su vida a España, a rebuscarse.

Yo creo que el refugiado político no es un inmigrante económico, es un perseguido político, que tiene una historia, que tiene una hoja de vida de trabajo social que tiene que ser tenida en cuenta por los centros de ayuda. Veníamos buscando una dinámica que nos mantuviera políticamente vivos y eso no lo propicia el Centro Español de Ayuda al Refugiado. Por lo menos no en nuestro caso.

¿Crees que hay una intencionalidad de que no os mantengáis políticamente vivos?

Creo que hay políticas que no lo permiten y la conclusión lógica es que el Estado español es un aliado incondicional económica y políticamente del Estado colombiano. Si tú eres piedra en el zapato para el Estado colombiano, el Estado español te acoge pero no te permite o al menos no te deja fácil seguir desarrollando la dinámica que traes en tu Estado de origen.

¿Cuáles son los intereses de España en Colombia?

En ese momento, estoy hablando del 2005, había muchos intereses económicos de España en Colombia. Endesa, Aguas de Barcelona, el Canal de la Reina Isabel, Repsol y una multiplicidad de empresas que estaban explotando aquí los recursos minero-energéticos. Esas empresas eran objeto de acusación por parte de los movimientos sociales por la explotación, por los contratos basura, por la explotación de los recursos sin medir las consecuencias ambientales, por las concesiones fiscales que se les daba, 80 para la empresa y 20 para el Estado.

¿Qué pasa con Pasajeros?

En el 2008 logramos grabar un disco en España, el quinto trabajo que se llamó Bitácora de vuelo y ahí pusimos las canciones que hicimos durante la prisión y durante el exilio. Tuvimos giras por Suiza, Dinamarca, Francia, Suecia, España.

Me voy a Canadá y seguimos comunicándonos, ya podíamos hacer hasta video-ensayos con el avance de los medios de comunicación. Seguimos alimentando dinámicas y en el 2013 decido regresar a Colombia a retomar el trabajo que ha dejado el grupo acá. Había otro ya acá en Colombia, quedaba otro en España, otro se había ido a Venezuela.

¿Por qué decides regresar?

Cuando el DAS desaparece definitivamente veo condiciones para regresar al país. Migración cambia totalmente porque estaba manejada por el DAS. El gran peligro de los exiliados políticos era que, al regresar al país, tenían que pasar los filtros del DAS y muchos eran asesinados al salir del aeropuerto o días cerquita de haber regresado. Ya no estando ese filtro ahí puedes decir: “Ya puedo entrar”.

¿Cómo encuentras Medellín?

Se notaban ciertos cambios en la dinámica social, pero había mucho por hacer todavía. En 10 años, la infraestructura de la ciudad había cambiado mucho, se llenó de edificios, pero también cada vez más polarizada entre los barrios populares y la clase media- alta. La presencia del Estado había aumentado con casas de la cultura, bibliotecas, parques. El nivel educativo y de formación en pensamiento crítico siguen pendientes. Siguen haciendo cosas para que la gente no piense, no critique de forma constructiva.

¿Cómo encuentras al movimiento social?

Muy tímido. Para lo que era antes cuando había realmente un conflicto y un riesgo social, físico, de perder la vida. Muy temeroso. Muy ligado a las instituciones del Estado. Sin embargo siguen haciendo cosas.

En las ayudas que venían por cuenta de la cooperación internacional se cambiaron las condiciones y pusieron un filtro. Necesitabas que una institución del Estado te avalara. Se asfixió a organizaciones no avaladas por el Estado. Una manera de coaptar la manera de trabajar de las organizaciones sociales. Gran parte fue por el lobby que hizo en Europa Álvaro Uribe Vélez. El problema que planteaba Uribe es que esos dineros no pagaban impuestos al llegar directamente. Así les ponen filtros para que, con la excusa de la veeduría de la institución colombiana, escojo con quién se puede. Se quedan con gran parte del presupuesto y, de paso, es selectivo.

¿Qué es de Pasajeros hoy?

En mayo celebramos los 25 años. Presentamos temas viejitos, temas del exilio y temas nuevos, que no están grabados aún. Pasajeros es un proyecto social y musical y en esa dinámica vienen elementos nuevos. Hay una visión, una línea política, que sigue siendo la misma, puesto que las condiciones sociales no han variado mucho, solo la infraestructura. La base del conflicto social está sin resolver. 

La ambigüedad que trae muerte en Colombia

La violencia en muchos países latinoamericanos es frecuente. Lo que distingue a Colombia es la cantidad de casos donde busca atacar un discurso político. Los asesinatos de personas que participaban en organizaciones sindicales, campesinas, afro, estudiantiles, indígenas o integraban alguna organización o partido político son cuantiosos.

Las organizaciones nacionales e internacionales y el Gobierno no logran ponerse de acuerdo acerca de la cifra de este tipo de homicidios en el 2016. Entre 58 y 116. Tomaremos una intermedia, de 85, del informe de la organización Front Line Defenders, que da cierto nivel de credibilidad al presentar un listado de las personas fallecidas. Según el documento, en todo el mundo fueron asesinadas 285 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Colombia, con casi un tercio de los casos, es el país con mayor número. No parece que se le haya dado mucho bombo a esta noticia, pese a lo impactante y trascendente que es.

Mannifestación de integrantes de Marcha Patriótica.
Fuente: Contagioradio.com

Para Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la sensación de que nada tan grave está sucediendo en el país probablemente tenga que ver con que las personas asesinadas son líderes en sus comunidades, veredas y pueblos. “Se mata en lugares lejanos de tal manera que en los centros urbanos existe la sensación de que nada malo está pasando”, declaró para el periódico El Tiempo.

Este tipo de asesinatos era común prácticamente en toda Latinoamérica en la década de los 80. También en los 90. Pero ningún país mantiene esa lógica de una forma tan sólida como Colombia en el presente siglo. Aquí sigue habiendo organizaciones alzadas en armas desde un discurso político e integrantes de organizaciones civiles asesinadas pese a no hacer uso de la vía armada.

El uso de las armas para atacar o defender un discurso político es un tema delicado que unos denuncian, otros justifican y otros evaden. Empuñadas por Estado, paramilitares y guerrillas, ni las organizaciones sociales se libran de los señalamientos, que pueden derivar en estigma. Concretamente, las organizaciones Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asociadas en reiteradas ocasiones con las FARC y el ELN respectivamente.

Ambos son movimientos amplios de izquierdas bajo los que se agrupan una gran cantidad de organizaciones afro, indígenas, campesinas, de personas sindicalizadas, integrantes de organizaciones de derechos humanos, personas desplazadas, prisioneras de guerra, ambientalistas y miembros del movimiento urbano y de la lucha estudiantil.

Desde ambas organizaciones se ha denunciado que sus supuestos vínculos con las guerrillas se han empleado para justificar los asesinatos de sus líderes. En el 2016, coincidiendo con la recta final de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano, han sido asesinados, según la Fundación Paz y Reconciliación, 14 militantes activos de Marcha Patriótica.

Esta organización criticó la impunidad ante estos casos, puesto que ninguno de ellos está siendo investigado, según declaró a finales de 2016 James Iván Larrea, vocero de Marcha Patriótica en el departamento del Valle del Cauca.

Esto hace que resulte entendible que quienes integran el Congreso de los Pueblos estén temerosos de lo que pueda ocurrir ahora que parece que va a comenzar la fase pública de las negociaciones del Gobierno con el ELN.

Uno de sus integrantes, Olimpo Cárdenas, admitió respeto y reconocimiento "a lo que originó ese tipo de lucha en esas organizaciones insurgentes", pero denunció que “tratan de hacerse los locos porque vincularlos (al ELN con el Congreso de los Pueblos y a Marcha Patriótica con las FARC) les permite hacer la guerra sucia. Si yo vinculo al Congreso con el ELN puedo fácilmente golpear a los líderes del Congreso como ya se hizo y asesinarlos o encarcelarlos por ser del ELN. Una cosa es que seas parte de una insurgencia armada y otra es que seas parte de un movimiento de oposición, revolucionario, amplio, de masas, de una sociedad”.

Mientras Marcha Patriótica está trabajando para que se investiguen los asesinatos, se acabe con la impunidad al respecto y se comiencen a implementar los recién firmados acuerdos de paz de las FARC y el Gobierno, el Congreso de los Pueblos se prepara para formar parte activa en la mesa de negociación de Quito entre el Gobierno y el ELN.

La Mesa Social para la Paz

El Congreso de los Pueblos organizó un Congreso para la Paz en el 2013, momento en el que se estaban dando las negociaciones entre el Gobierno y las FARC y se habían anunciado las exploraciones de paz con el ELN. “La gente no quería ser solamente espectadora de procesos entre guerrilla y gobierno, quería opinar y ser tenida en cuenta”, explicó Cárdenas, quien reprobó que desde el Gobierno y desde la mayoría de medios de comunicación se limiten a identificar la paz con el fin de las armas: “Quieren que las insurgencias armadas se desmovilicen y creen que eso va a traer la democratización del país, olvidando todo lo demás”.

Fruto de este Congreso surgió la iniciativa de armar una Mesa Social para la Paz. Su pretensión es ambiciosa: incluir todas las corrientes políticas, sociales e ideológicas que existen en el país. Esto englobaría a la población que no está organizada y a quienes tienen una visión adversa. El objetivo es que estas voces dialoguen en torno a qué cambios son necesarios para lograr la paz y alcancen un acuerdo que sirva de insumo en la mesa de negociación que está tratando de arrancar en Quito entre el ELN y el Gobierno.

Al lanzamiento de la Mesa Social para la Paz llegaron integrantes de corrientes políticas diversas.
Fuente: Mesa Social para la Paz.

La propuesta casa perfectamente con uno de los puntos clave acordados por el ELN y el Gobierno: la participación ciudadana. Desde el ELN se celebró el lanzamiento de la Mesa: “Que cuenten con nosotros en este esfuerzo de paz. La participación es el alma de esta mesa, es el punto uno de la negociación. Construir una visión común de paz que sea viable”, enunció Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla, en un video proyectado en el evento de lanzamiento de la Mesa Social el pasado 3 de noviembre.

Algunos miembros de la Mesa opinaron que el Gobierno no desea que la participación ciudadana sea tan amplia, puesto que no es lo mismo poner `líneas rojas´ a una negociación con la insurgencia que ponérselas a un diálogo con la sociedad civil. El Gobierno puso unos límites para negociar con las FARC que son clave en la agenda de la Mesa Social para la Paz, como reformas de fondo en salud y educación y plantear un nuevo modelo de explotación minero-energética.

Por eso, esos mismos miembros creen que una buena parte del pulso inicial entre Gobierno y ELN será acerca del alcance de esa participación de la sociedad civil, fundamental, según afirman, en el planteamiento político del grupo insurgente. 

El tira y afloja del Gobierno colombiano y el ELN

Es complejo conocer y entender a las dos guerrillas que siguen funcionando en Colombia. Se dice que sus estilos son distintos. Al menos las formas a la hora de dialogar con el Gobierno si lo son.

En los acuerdos alcanzados en La Habana, las FARC optaron por pedir algunas modificaciones más o menos importantes según quién opine (como la reforma agraria o el punto relativo a los cultivos de uso ilícito) y facilidades para transitar hacia la vida política, asumiendo que los grandes cambios estructurales que deseaban (como el del modelo económico) no podrían darse en esta etapa. Supuestamente, aspiran a concretarlos tras la firma de los acuerdos, ya como movimiento político no armado.

El ELN pide cambios estructurales como condición para abandonar la lucha armada. Aspiran a ser una formación política, pero quieren comenzar a hacer política desde la propia negociación. El gobierno les acusa de que su intención de abandonar las armas no es sincera.

El jefe negociador del Gobierno Colombiano, Juan Camilo Restrepo, y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, se estrechan la mano en Quito.
Fuente: EFE

Un militante del ELN consultado afirmó que hay voluntad de abandonar las armas pero también recelo: “Si el ELN, después del examen juicioso de cómo ha avanzado el proceso, observa que ha habido verdaderas demostraciones de que el establecimiento también quiere caminar hacia allá, el ELN habla seriamente de las armas”. Según esta fuente, que pide el anonimato, esta guerrilla afín a la revolución cubana “no estaría dispuesta a una negociación donde le prometen que van a hacer algo y luego le engañan, como es la historia del país. Por eso ha planteado una forma de negociación en donde las cosas se vayan dando al nivel que va caminando el proceso”.

Al preguntarle por la visión de esta guerrilla acerca del uso de las armas en la actualidad, remarcó que las causas que dieron origen al alzamiento armado siguen intactas: “La lucha de clases se ha profundizado, hay más saqueo, más destrucción, más opresión, violencia estatal, cada vez se abre más el abismo entre ricos y pobres”.

Pese a todo, el ELN y el Gobierno acaban de alcanzar un nuevo acuerdo para comenzar la fase pública de las negociaciones. Estaba previsto que arrancaran en octubre, pero se dio un tira y afloja en torno a las condiciones para instalar la mesa de diálogo. El gobierno afirmó que esta insurgencia no desea realmente renunciar a las armas y lo ilustró arguyendo que se negaba a liberar al excongresista Odín Sánchez y a seguir cometiendo actos violentos.

El ELN aseguró que la liberación del político Odín Sánchez no era uno de los requisitos para la instalación de la mesa. Para demostrarlo, hizo públicos extractos del documento acordado entre esta guerrilla y el Gobierno donde se decía que se pactó la liberación de dos secuestrados sin precisar nombres y este requisito fue cumplido al soltar al exalcalde de Charalá (departamento de Santander), Fabio León Ardila, y al arrocero Alejandro Alarcón Jarro, en el departamento de Arauca.

Comunicado publicado por el ELN en octubre de 2016.

Desde el Gobierno se criticó que el ELN vulnerase el carácter confidencial de los acuerdos al hacer públicas las condiciones. El Comando Central del ELN reconoció que la  divulgación de los documentos no era procedimental, pero resultaba la única forma de demostrar a la sociedad que ellos no estaban incumpliendo.

El militante del ELN criticó el accionar del gobierno: “En el Estado no se puede confiar porque juega a la trampa, se muestra víctima y te muestra victimario y él nunca hace nada, siempre es el otro”.

En cuanto a Odín Sánchez, el excongresista del departamento del Chocó no es ningún santo, aunque casi nadie hable estos días de ello. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por ayudar a la conformación de grupos paramilitares, concretamente, el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas de Colombia (AUC). En la actualidad debe al Estado más de 5 mil ochocientos millones de pesos (casi dos millones de dólares americanos).

Odín fue secuestrado el 3 de abril de 2016 a cambio de su hermano, el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca. 

El jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, dijo en una entrevista que liberarían a Sánchez cuando el Gobierno cumpliera con el compromiso de indultar a dos rebeldes presos y nombrar a dos gestores de paz para que integren el equipo negociador del lado del ELN.

Parece que finalmente las condiciones de ambos bandos serán cumplidas casi a cabalidad. Se ha establecido el 2 de febrero como fecha en la que Odín Sánchez será liberado. También en esa fecha se nombrará a Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez Quiroz como gestores de paz. Ambos están actualmetne presos en la cárcel Bellavista de Medellín.

En cuanto a los dos miembros del ELN que serán indultados, no pueden ser personas que hayan sido condenadas por delitos como narcotráfico o genocidio, sino por delitos políticos y anexos. Esos indultos se concederán en los términos de la justicia colombiana, puesto que han de ser concedidos por un juez.

Se ha anunciado que el 7 de febrero se instalará la mesa de conversaciones en Quito y el día siguiente arrancará la primera sesión.

Respecto a otros tipos de actos violentos, como el asesinato de policías y militares, el militante dijo que, en caso de que el ELN sea realmente el responsable, no supondría ninguna irregularidad porque no se ha firmado ningún acuerdo de cese bilateral. “El ELN va a seguir golpeando cuando pueda los objetivos militares del Estado cuando, con toda seguridad, el Estado va a seguir golpeando a los miembros del ELN”, remarcó para añadir: “Nadie va a decir: `¿cómo se le ocurre al ejército haber matado a miembros del ELN si está conversando?´. Pero si el ELN mata policías, inmediatamente la matriz (en alusión a los medios de comunicación comerciales) dice: `¿Cómo se le ocurre al ELN matar policías si está conversando?´”.

Se desconoce en qué términos se negociarán esta vez temas como la posibilidad de que el ELN abandone las “retenciones” (una palabra que, según el entrevistado, tiene connotación política, a diferencia de la palabra “secuestro”, con carácter jurídico). En unos intentos de negociación anteriores se planteó que lo haría si se le abonaba el dinero que esas retenciones le aportan y si el Gobierno estaba dispuesto a hablar de temas como la desactivación del paramilitarismo, la liberación de presos políticos o el fin de los asesinatos de líderes sociales.