¿Qué pasará con los campesinos que habitan los páramos?

Los páramos tropicales son unos lugares mágicos, casi marcianos. No tienen árboles, pero están repletos de vegetación y animales que solo allí podemos encontrar. Greenpeace habla de 3.379 especies de plantas, 70 de mamíferos, 154 de aves y 90 de anfibios y lo describe como “el ecosistema con mayor irradiación solar del mundo”. Los suelos están mojados, algunas partes parecen pantanosas. Se encuentran a unos 3.000 metros de altura, pudiendo llegar a los 4.000. Atrapan el agua, la purifican y dan origen a muchos ríos y quebradas.

Páramo de Ocetá (Boyacá)

Foto: Leonardo Chicuasuque Ramírez

Los encontramos en Centroamérica, Sudamérica, África y Nueva Guinea. Colombia es el país con más páramos del mundo (49%) y Boyacá el departamento con más páramos de Colombia. Como cada metro cuadrado de páramo produce un litro de agua por día, los casi dos millones de hectáreas de páramo colombiano abastecen al 70% de la población del país.

Colombia tiene 34 páramos delimitados, con una superficie total de 1.932.395 hectáreas. Los páramos regulan y purifican el agua, generan recursos alimenticios como la pesca y almacenan gases de efecto invernadero.

En el 2010 el Gobierno colombiano decidió regular el uso de los suelos paramunos

Fue tan copiosa la lluvia entre 2010 y 2011, que afectó de forma grave a más de tres millones de personas. Esto alertó al país sobre qué se podía hacer para mitigar los severos fenómenos naturales. El Gobierno propuso proteger ecosistemas estratégicos como los páramos prohibiendo las actividades que se desarrollan en ellos: la minería, la extracción petrolífera y las actividades agropecuarias.

Primero había que delimitarlos, un proceso que no ha concluido. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-­2018, el Gobierno enunció que las empresas petroleras y mineras podían continuar desarrollando sus actividades hasta la finalización del contrato si lo habían firmado antes de cierta fecha, pero la Corte Constitucional tumbó esta premisa afirmando que ponían en riesgo el derecho de la población a acceder a agua de calidad.

El problema humano: los campesinos que habitan los páramos

Hay millares de familias que llevan toda la vida viviendo en estos lugares y de ellos. Jorge Luis López Ardila, vocero de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), indicó que el gobierno habla de entre 300 y 500 mil personas. Muchas de ellas, campesinas. “Esas personas no saben qué va a pasar con su trabajo, con su sustento y con su vivienda”, añadió.

“Ya nos delimitaron que desde un sitio que le llaman El Afilador para arriba no van a dejar cuidar vacas, cultivar… nada de eso, pero el gobierno no se reporta con nosotros qué nos va a poner a hacer, qué va a ser su vida, de qué van a vivir”. Lo cuenta Rosa Ismenia Cárdenas Duarte, que nació y vive en la vereda Dichavita del municipio de Sogamoso.

Rosa Ismenia Cárdenas Duarte, campesina paramuna
de la vereda de Dichavita, en Sogamoso (Boyacá)

Ella lamenta que nadie del Gobierno se haya personado para informarles. Toda la información les ha llegado a través de la asociación a la que representa Jorge Luis y muchos en la vereda no han querido acudir a las reuniones informativas, probablemente por miedo o desconfianza. No olvidemos que Colombia es un país donde estar organizada sigue significando situarse en el punto de mira.

“Cuando hay un paro, dicen que es que somos locos, que salimos por ahí a las calles a no sé qué. No sé si es que no les interesa o no saben. De la vereda solo tres o cuatro nos reunimos, a los demás no les interesa”, relata Ismenia.

El director de Corpoboyacá, la institución que se encarga en el departamento de Boyacá de la gestión y protección de los recursos medioambientales, aseguró que los datos de un estudio sobre la población que habita el páramo de Pisba les están mostrando la necesidad de hacer estos diagnósticos en los demás. “Estos estudios buscan conocer cuántas personas, dónde están ubicadas, qué hacían antes de que la Corte Constitucional declarara no minería, no ganadería, no agricultura, cuáles son sus expectativas, cuál es su nivel de vida. Sin conocer este detalle, cualquier programa o plan de manejo de programas y proyectos para las comunidades no va a tener un fundamento de conocimiento real”, remarcó Ricardo López Dulcey.

Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá: “Para la formulación de los planes de manejo necesitamos un conocimiento más detallado de la realidad social y económica en los territorios de páramo”.

López Dulcey enfatizó que es importante no acabar generando el desplazamiento de esta población. “Como para vivir necesitamos el agua, el aire, yo creo que hay que darle la prioridad a la conservación, pero los campesinos en este proceso no pueden salir damnificados, y desde el Estado tenemos la responsabilidad de darle una respuesta coherente y satisfactoria a estas necesidades”, expuso el director de la autónoma.

Opciones laborales

Conseguir conservar este ecosistema desarrollando alternativas de vida satisfactorias para quienes los habitan es complejo. El Gobierno ha planteado impulsar el ecoturismo y servicios ambientales como guardapáramos y vigías de incendios forestales. Desde Asonalca proponen que el ecoturismo esté regulado por las propias comunidades, que sean ellas (y no las corporaciones) las que determinen la carga turística de personas al año que soporta su territorio. Que no sean las multinacionales de turismo las que exploten ese rubro, sino que quede en manos de la comunidad.

Jorge Luis López Adila, vocero de Asonalca.

¿Y los cultivos?

Otro de los problemas es que, según López Adila, entre el 60 y el 70% de la papa que se consume en el país se produce en los páramos. “¿Qué va a pasar con esa producción de cebolla, papa, alverja, leche, habas, truchas…?”, pregunta. El director de Corpoboyacá confiesa no tener respuesta y asigna la responsabilidad al  Ministerio de Desarrollo Agropecuario. “No sabría dar una respuesta completa pero los Ministerios de Desarrollo Agropecuario y otros tendrá que estar pensando ya y dar esas alternativas porque de todas formas hay que hacer ese cambio”, contestó.

La propuesta

Desde Asonalca tienen claro que no debe haber minería, ni extracción petrolífera en ningún ecosistema estratégico. Proponen que se genere una mesa donde comunidades campesinas, organizaciones campesinas, agencias, ministerios y otras instituciones del Gobierno se sienten a “concertar qué se puede y qué no se puede hacer en un páramo”.

Lo que le gustaría a Ismenia va en la misma línea: ”Que nos reunieran como campesinos y nos explicaran las razones por las cuales nos desalojan, de qué vamos a vivir, qué nos van a poner a hacer, cuáles son los planes que tienen para nosotros los campesinos. Únicamente nos desalojan como si no pertenecemos a acá. Me parece como un atropello”.

López Ardila cuenta que, si se abre la negociación, están dispuestos a comprometerse a no avanzar en la frontera agrícola, es decir, no seguir ampliando el terreno en el que cultivan. También promover una transición hacia los cultivos agroecológicos. No obstante, pide un margen de tiempo más amplio que los tres años propuestos por el Gobierno. “En tres años no se alcanza a desintoxicar una tierra que ha estado durante años en sembradío tóxico. Calculamos 10 años por lo menos”, puntualizó.

“Estoy de acuerdo en dejar de usar químicos, así nos toque comer gusanos”, secundó Ismenia sonriéndose el chiste.

Jorge Luis opina que este cambio necesita impulso: “Al sembrar orgánico se necesita más fuerza de trabajo porque tienen que hacer sus propios abonos, fungicidas… y la producción es igual o un poquitico menor. Si se va a vender como una producción convencional, va a estar en desventaja o va a producir menos ganancia. Hay que buscar la forma de que unos mercados específicos sean para los productos orgánicos”.

Desde Asonalca piden apoyo y apuntan a distintas opciones, como que el gobierno se haga cargo de comprar gran parte de esta producción, que las organizaciones campesinas creen sus propias redes de comercio o impulsar la relación entre sindicatos y organizaciones campesinas para que se genere un comercio directo entre ellas.

La falta de reconocimiento al campesino

Esta organización denuncia que detrás de toda esta problemática está la falta de reconocimiento del campesinado como sujeto político por parte del Estado. Al no haberlo, como sí ocurre con la población indígena o negra, carecen de derechos colectivos como el de contar con una consulta previa si se plantea que haya un proyecto petrolero o minero en su territorio.

Jorge Luis López Ardila, vocero de Asonalca: “El Estado desconoce los derechos del campesinado como sujeto político, como colectivo. En esa medida el campesino no tiene los mismos derechos que un indígena o un negro”.

“El gobierno nacional debe reconocer en el campesinado una construcción cultural diferente a la de la mayoría del país. También debe reconocer que dentro de su derecho a la tierra y al territorio esta decidir qué se hace y qué no se hace en ese territorio”, detalló el integrante de Asonalca.

El campesinado es una clase social que ha construido históricamente una relación con el entorno, que cultiva sus productos para el autosostenimiento y la comercialización basándose fundamentalmente en la fuerza de trabajo familiar y que no tiene grandes posesiones de tierra, que tiene una economía familiar de subsistencia.

Istmenia tiene su propia visión del futuro: “¿Si seguimos así? Pues cada día más pobreza supongo, ¿no? Más desempleo, más necesidades, más hambre, tanto para los de la ciudad como para los del campo porque, por más que ellos tengan dinero, si no llegan alimentos a la ciudad, ¿qué van a hacer?, ¿qué van a comer?”.