Toda Colombia lo sabe pero, más allá de sus fronteras, tal vez poca
gente se enteró de que un factor trascendente en la abstención y en el voto en contra
de los acuerdos de paz alcanzados entre las FARC y el gobierno fueron un
conjunto de declaraciones en torno a algo que llamaron la “ideología de
género”.
No surge de la nada, son un conjunto de temas en los que ya
existía un tira y afloja. ¿Los temas? Los de siempre: derechos sexuales,
derechos reproductivos y equidad de género. En este caso, sobre todo los
primeros.
En los últimos años Colombia ha vivido importantes avances.
Desde el año pasado, las parejas del mismo sexo pueden optar a procesos de adopción
y este año se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. También a
mediados de año se lanzó el borrador de unos manuales de convivencia dirigidos
al personal docente y administrativo de los centros educativos donde se
abordaba el respeto con el que debían tratar a sus estudiantes con respeto a su
orientación sexual o su identidad de género. En palabras del viceministro de educación,
Víctor Saavedra Mercado, lo que se pretendía era “que se eliminen expresiones o
lineamientos que castigan las expresiones de género”.
El documento no era una ocurrencia del ejecutivo, suponía cumplir
una orden de la Corte Constitucional después de que un joven de 16 años se
suicidara lanzándose desde la terraza de un centro comercial dejando una nota
en la que confesaba que el acoso sufrido en el entorno escolar y familiar por
ser homosexual se le hacía insoportable. La tragedia de Sergio Urrego conmocionó
al país.
Pero no todo el mundo leyó esta iniciativa como una maniobra
para tratar de atajar la discriminación en el ámbito educativo, hubo sectores ―fundamentalmente
religiosos―
que entendieron que se trataba de una especie de conspiración desde la
comunidad LGTBI para “convertir” al resto.
Imagen de Colombia Diversa, organización que vela por los derechos de las personas LGTBI |
Ante las actitudes fundamentalistas, las reacciones de la
institucionalidad suelen ser cobardes. La ahora exministra de educación, Gina
Parody, quien además es abiertamente lesbiana (algo que por supuesto fue usado
en su contra), adujo que el manual no había sido elaborado por el Ministerio
sino por una de las agencias de Naciones Unidas: el UNFPA.
El manual está escondido en algún cajón, víctima de uno de
esos trámites que podría condenarle a la esterilidad.
¿Y los acuerdos de
paz?
¿Qué
tiene que ver todo esto con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC?
En principio, nada.
En julio de este año se anunció que éstos serían los primeros
acuerdos de paz donde se incluiría el enfoque de género de manera transversal.
A la hora de explicarlo, el jefe de la delegación de Gobierno, Humberto de la
Calle, sorprendió con un discurso
conceptualmente rico dando cátedra sobre la diferencia entre sexo y género: “El enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social que son históricas, en el sentido de que son productos sociales no deterministas. […] El
género evoca roles de dominación, de discriminación sobre todo a la mujer y a
formas de identidad sexual diferentes”. Y hasta nombró
a Simone de Beauvoir.
Hacer
el enfoque de género transversal a los acuerdos supone muchas cosas. Por un
lado, que se reconozca que las mujeres y la comunidad LGTBI han sido víctimas
del conflicto armado de una forma diferenciada. Un punto clave es señalar la
violencia sexual como delito de lesa humanidad no amnistiable ni indultable,
teniendo en cuenta que el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres,
según datos de Medicina Legal. Asimismo, el desplazamiento fruto del conflicto se
ha exacerbado en las mujeres. “Cuando una mujer es desplazada, se desplaza toda
una familia o casi toda una comunidad”, apostilló Yiya Sandoval, integrante del
movimiento ciudadano Paz a la Calle.
En el punto de participación política, se estableció la
“promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación,
toma de decisiones y resolución de conflictos”, aunque no se logró aprobar la
paridad.
En el de reforma agraria se tiene en cuenta el papel de las
mujeres y la importancia de que aparezcan como propietarias y titulares en la
asignación de tierras, además de incluirlas explícitamente en planes y
programas para la capacitación técnica o la distribución de semillas.
En cuanto a los cultivos ilícitos, al dejar de perseguir los
delitos menores no violentos se salva a la mayoría de mujeres implicadas en
estas redes, mujeres
empobrecidas generalmente a las que se coloca en los puntos de la cadena más
vulnerables.
Como ven, nada en relación al concepto de familia, de qué
sexo deben ser sus componentes o su orientación sexual. Tampoco sobre si el
enfoque de la educación en los centros escolares deba ser conforme al concepto
tradicional de familia o abrirse a un concepto más abierto e inclusivo. No es
que estas discusiones sean baladí, sólo que no se abordan en los acuerdos. Estas
controversias se mezclan de forma malintencionada con los acuerdos.
Sería para reírse si no fuese por la cantidad de personas
que lograron movilizar. Una amiga me contó que su madre siempre pensó en abstenerse
hasta que un día regresó del culto evangélico convencida de que debía votar por
el `no´ “para que no nos impongan el homosexualismo”.
¿Quiénes
generaron este malentendido? Personajes como el exprocurador general, Alejandro
Ordóñez, la procuradora para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia
y la familia, Ilvia Myriam Hoyos, la senadora del Partido de la U ―el
partido del presidente Juan Manuel Santos, por cierto―, Ángela Hernández, la
senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, líderes de varias iglesias,
fundamentalmente evangélicas, y, por supuesto, uno de los principales
portavoces de la campaña del `no´, el senador y expresidente del Gobierno,
Álvaro Uribe Vélez.
Todos
pusieron en el centro del debate la defensa de la familia tradicional, los
valores y principios religiosos que, en su opinión, estaban siendo amenazados
por la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo Final. En otras palabras, se distorsionó la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de forma malintencionada mediante un discurso homofóbico.
Yiya Sandoval acusó a estos sectores de querer regresar a un
“enfoque familista” negando la laicidad del Estado colombiano e irrespetando
los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.
Desde Paz a la Calle, Paola Vargas reflexionaba: “Esto fue
un sacudón para ver que tenemos que salir de nuestras esferas políticas y
hablar con los demás porque el tema de género no está muy claro. Así se logre
firmar los acuerdos, la implementación depende de una educación mucho más
profunda”.
Yiya Sandoval (izquierda) y Paola Vargas, de la Comisión de Género de Paz a la Calle. |
Después del
plebiscito
La controversia no termina con el plebiscito. Una vez que
gana el `no´ por un estrecho margen, comienzan las conversaciones y tanto el
gobierno como las FARC buscan dialogar en torno a los temas sobre los que no
hay consenso. Entre ellos, la ideología de género. Hay que tener en cuenta que
el fenómeno cristiano en Colombia cuenta con 6.000 iglesias, según datos de la
Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Unos 15 millones de feligreses.
Las iglesias cristianas plantean cosas como la defensa del
concepto tradicional de la familia, que el término género se circunscriba a
sexo únicamente y que se garantice el derecho de padres y madres a educar
conforme a sus valores.
La comunidad LGTBI demandan que el acuerdo entre gobierno y
FARC no abarque la definición de familia, matrimonio o adopción por parejas del
mismo sexo, por no tener relación con ninguno de los puntos.
Santos ya ha dicho que el enfoque de género se queda en los
acuerdos, pero la ideología de género no está incluida, ni se va a abordar el
concepto de familia en La Habana.
Falta mucho para aceptar que el género es una construcción
social donde también entra la orientación sexual como una decisión individual
influida por múltiples factores, frente a la idea de que sexo y género van de
la mano por voluntad de una deidad y toda forma de sexualidad no heterosexual
no es “legítima”.
Como indicaban las integrantes de la Comisión de Género de
Paz a la Calle, lo que ha quedado claro es que se necesita hacer mucha
pedagogía en el tema de derechos.
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