El tira y afloja del Gobierno colombiano y el ELN

Es complejo conocer y entender a las dos guerrillas que siguen funcionando en Colombia. Se dice que sus estilos son distintos. Al menos las formas a la hora de dialogar con el Gobierno si lo son.

En los acuerdos alcanzados en La Habana, las FARC optaron por pedir algunas modificaciones más o menos importantes según quién opine (como la reforma agraria o el punto relativo a los cultivos de uso ilícito) y facilidades para transitar hacia la vida política, asumiendo que los grandes cambios estructurales que deseaban (como el del modelo económico) no podrían darse en esta etapa. Supuestamente, aspiran a concretarlos tras la firma de los acuerdos, ya como movimiento político no armado.

El ELN pide cambios estructurales como condición para abandonar la lucha armada. Aspiran a ser una formación política, pero quieren comenzar a hacer política desde la propia negociación. El gobierno les acusa de que su intención de abandonar las armas no es sincera.

El jefe negociador del Gobierno Colombiano, Juan Camilo Restrepo, y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, se estrechan la mano en Quito.
Fuente: EFE

Un militante del ELN consultado afirmó que hay voluntad de abandonar las armas pero también recelo: “Si el ELN, después del examen juicioso de cómo ha avanzado el proceso, observa que ha habido verdaderas demostraciones de que el establecimiento también quiere caminar hacia allá, el ELN habla seriamente de las armas”. Según esta fuente, que pide el anonimato, esta guerrilla afín a la revolución cubana “no estaría dispuesta a una negociación donde le prometen que van a hacer algo y luego le engañan, como es la historia del país. Por eso ha planteado una forma de negociación en donde las cosas se vayan dando al nivel que va caminando el proceso”.

Al preguntarle por la visión de esta guerrilla acerca del uso de las armas en la actualidad, remarcó que las causas que dieron origen al alzamiento armado siguen intactas: “La lucha de clases se ha profundizado, hay más saqueo, más destrucción, más opresión, violencia estatal, cada vez se abre más el abismo entre ricos y pobres”.

Pese a todo, el ELN y el Gobierno acaban de alcanzar un nuevo acuerdo para comenzar la fase pública de las negociaciones. Estaba previsto que arrancaran en octubre, pero se dio un tira y afloja en torno a las condiciones para instalar la mesa de diálogo. El gobierno afirmó que esta insurgencia no desea realmente renunciar a las armas y lo ilustró arguyendo que se negaba a liberar al excongresista Odín Sánchez y a seguir cometiendo actos violentos.

El ELN aseguró que la liberación del político Odín Sánchez no era uno de los requisitos para la instalación de la mesa. Para demostrarlo, hizo públicos extractos del documento acordado entre esta guerrilla y el Gobierno donde se decía que se pactó la liberación de dos secuestrados sin precisar nombres y este requisito fue cumplido al soltar al exalcalde de Charalá (departamento de Santander), Fabio León Ardila, y al arrocero Alejandro Alarcón Jarro, en el departamento de Arauca.

Comunicado publicado por el ELN en octubre de 2016.

Desde el Gobierno se criticó que el ELN vulnerase el carácter confidencial de los acuerdos al hacer públicas las condiciones. El Comando Central del ELN reconoció que la  divulgación de los documentos no era procedimental, pero resultaba la única forma de demostrar a la sociedad que ellos no estaban incumpliendo.

El militante del ELN criticó el accionar del gobierno: “En el Estado no se puede confiar porque juega a la trampa, se muestra víctima y te muestra victimario y él nunca hace nada, siempre es el otro”.

En cuanto a Odín Sánchez, el excongresista del departamento del Chocó no es ningún santo, aunque casi nadie hable estos días de ello. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por ayudar a la conformación de grupos paramilitares, concretamente, el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas de Colombia (AUC). En la actualidad debe al Estado más de 5 mil ochocientos millones de pesos (casi dos millones de dólares americanos).

Odín fue secuestrado el 3 de abril de 2016 a cambio de su hermano, el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca. 

El jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, dijo en una entrevista que liberarían a Sánchez cuando el Gobierno cumpliera con el compromiso de indultar a dos rebeldes presos y nombrar a dos gestores de paz para que integren el equipo negociador del lado del ELN.

Parece que finalmente las condiciones de ambos bandos serán cumplidas casi a cabalidad. Se ha establecido el 2 de febrero como fecha en la que Odín Sánchez será liberado. También en esa fecha se nombrará a Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez Quiroz como gestores de paz. Ambos están actualmetne presos en la cárcel Bellavista de Medellín.

En cuanto a los dos miembros del ELN que serán indultados, no pueden ser personas que hayan sido condenadas por delitos como narcotráfico o genocidio, sino por delitos políticos y anexos. Esos indultos se concederán en los términos de la justicia colombiana, puesto que han de ser concedidos por un juez.

Se ha anunciado que el 7 de febrero se instalará la mesa de conversaciones en Quito y el día siguiente arrancará la primera sesión.

Respecto a otros tipos de actos violentos, como el asesinato de policías y militares, el militante dijo que, en caso de que el ELN sea realmente el responsable, no supondría ninguna irregularidad porque no se ha firmado ningún acuerdo de cese bilateral. “El ELN va a seguir golpeando cuando pueda los objetivos militares del Estado cuando, con toda seguridad, el Estado va a seguir golpeando a los miembros del ELN”, remarcó para añadir: “Nadie va a decir: `¿cómo se le ocurre al ejército haber matado a miembros del ELN si está conversando?´. Pero si el ELN mata policías, inmediatamente la matriz (en alusión a los medios de comunicación comerciales) dice: `¿Cómo se le ocurre al ELN matar policías si está conversando?´”.

Se desconoce en qué términos se negociarán esta vez temas como la posibilidad de que el ELN abandone las “retenciones” (una palabra que, según el entrevistado, tiene connotación política, a diferencia de la palabra “secuestro”, con carácter jurídico). En unos intentos de negociación anteriores se planteó que lo haría si se le abonaba el dinero que esas retenciones le aportan y si el Gobierno estaba dispuesto a hablar de temas como la desactivación del paramilitarismo, la liberación de presos políticos o el fin de los asesinatos de líderes sociales.