La ambigüedad que trae muerte en Colombia

La violencia en muchos países latinoamericanos es frecuente. Lo que distingue a Colombia es la cantidad de casos donde busca atacar un discurso político. Los asesinatos de personas que participaban en organizaciones sindicales, campesinas, afro, estudiantiles, indígenas o integraban alguna organización o partido político son cuantiosos.

Las organizaciones nacionales e internacionales y el Gobierno no logran ponerse de acuerdo acerca de la cifra de este tipo de homicidios en el 2016. Entre 58 y 116. Tomaremos una intermedia, de 85, del informe de la organización Front Line Defenders, que da cierto nivel de credibilidad al presentar un listado de las personas fallecidas. Según el documento, en todo el mundo fueron asesinadas 285 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Colombia, con casi un tercio de los casos, es el país con mayor número. No parece que se le haya dado mucho bombo a esta noticia, pese a lo impactante y trascendente que es.

Mannifestación de integrantes de Marcha Patriótica.
Fuente: Contagioradio.com

Para Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la sensación de que nada tan grave está sucediendo en el país probablemente tenga que ver con que las personas asesinadas son líderes en sus comunidades, veredas y pueblos. “Se mata en lugares lejanos de tal manera que en los centros urbanos existe la sensación de que nada malo está pasando”, declaró para el periódico El Tiempo.

Este tipo de asesinatos era común prácticamente en toda Latinoamérica en la década de los 80. También en los 90. Pero ningún país mantiene esa lógica de una forma tan sólida como Colombia en el presente siglo. Aquí sigue habiendo organizaciones alzadas en armas desde un discurso político e integrantes de organizaciones civiles asesinadas pese a no hacer uso de la vía armada.

El uso de las armas para atacar o defender un discurso político es un tema delicado que unos denuncian, otros justifican y otros evaden. Empuñadas por Estado, paramilitares y guerrillas, ni las organizaciones sociales se libran de los señalamientos, que pueden derivar en estigma. Concretamente, las organizaciones Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asociadas en reiteradas ocasiones con las FARC y el ELN respectivamente.

Ambos son movimientos amplios de izquierdas bajo los que se agrupan una gran cantidad de organizaciones afro, indígenas, campesinas, de personas sindicalizadas, integrantes de organizaciones de derechos humanos, personas desplazadas, prisioneras de guerra, ambientalistas y miembros del movimiento urbano y de la lucha estudiantil.

Desde ambas organizaciones se ha denunciado que sus supuestos vínculos con las guerrillas se han empleado para justificar los asesinatos de sus líderes. En el 2016, coincidiendo con la recta final de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano, han sido asesinados, según la Fundación Paz y Reconciliación, 14 militantes activos de Marcha Patriótica.

Esta organización criticó la impunidad ante estos casos, puesto que ninguno de ellos está siendo investigado, según declaró a finales de 2016 James Iván Larrea, vocero de Marcha Patriótica en el departamento del Valle del Cauca.

Esto hace que resulte entendible que quienes integran el Congreso de los Pueblos estén temerosos de lo que pueda ocurrir ahora que parece que va a comenzar la fase pública de las negociaciones del Gobierno con el ELN.

Uno de sus integrantes, Olimpo Cárdenas, admitió respeto y reconocimiento "a lo que originó ese tipo de lucha en esas organizaciones insurgentes", pero denunció que “tratan de hacerse los locos porque vincularlos (al ELN con el Congreso de los Pueblos y a Marcha Patriótica con las FARC) les permite hacer la guerra sucia. Si yo vinculo al Congreso con el ELN puedo fácilmente golpear a los líderes del Congreso como ya se hizo y asesinarlos o encarcelarlos por ser del ELN. Una cosa es que seas parte de una insurgencia armada y otra es que seas parte de un movimiento de oposición, revolucionario, amplio, de masas, de una sociedad”.

Mientras Marcha Patriótica está trabajando para que se investiguen los asesinatos, se acabe con la impunidad al respecto y se comiencen a implementar los recién firmados acuerdos de paz de las FARC y el Gobierno, el Congreso de los Pueblos se prepara para formar parte activa en la mesa de negociación de Quito entre el Gobierno y el ELN.

La Mesa Social para la Paz

El Congreso de los Pueblos organizó un Congreso para la Paz en el 2013, momento en el que se estaban dando las negociaciones entre el Gobierno y las FARC y se habían anunciado las exploraciones de paz con el ELN. “La gente no quería ser solamente espectadora de procesos entre guerrilla y gobierno, quería opinar y ser tenida en cuenta”, explicó Cárdenas, quien reprobó que desde el Gobierno y desde la mayoría de medios de comunicación se limiten a identificar la paz con el fin de las armas: “Quieren que las insurgencias armadas se desmovilicen y creen que eso va a traer la democratización del país, olvidando todo lo demás”.

Fruto de este Congreso surgió la iniciativa de armar una Mesa Social para la Paz. Su pretensión es ambiciosa: incluir todas las corrientes políticas, sociales e ideológicas que existen en el país. Esto englobaría a la población que no está organizada y a quienes tienen una visión adversa. El objetivo es que estas voces dialoguen en torno a qué cambios son necesarios para lograr la paz y alcancen un acuerdo que sirva de insumo en la mesa de negociación que está tratando de arrancar en Quito entre el ELN y el Gobierno.

Al lanzamiento de la Mesa Social para la Paz llegaron integrantes de corrientes políticas diversas.
Fuente: Mesa Social para la Paz.

La propuesta casa perfectamente con uno de los puntos clave acordados por el ELN y el Gobierno: la participación ciudadana. Desde el ELN se celebró el lanzamiento de la Mesa: “Que cuenten con nosotros en este esfuerzo de paz. La participación es el alma de esta mesa, es el punto uno de la negociación. Construir una visión común de paz que sea viable”, enunció Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla, en un video proyectado en el evento de lanzamiento de la Mesa Social el pasado 3 de noviembre.

Algunos miembros de la Mesa opinaron que el Gobierno no desea que la participación ciudadana sea tan amplia, puesto que no es lo mismo poner `líneas rojas´ a una negociación con la insurgencia que ponérselas a un diálogo con la sociedad civil. El Gobierno puso unos límites para negociar con las FARC que son clave en la agenda de la Mesa Social para la Paz, como reformas de fondo en salud y educación y plantear un nuevo modelo de explotación minero-energética.

Por eso, esos mismos miembros creen que una buena parte del pulso inicial entre Gobierno y ELN será acerca del alcance de esa participación de la sociedad civil, fundamental, según afirman, en el planteamiento político del grupo insurgente. 

El tira y afloja del Gobierno colombiano y el ELN

Es complejo conocer y entender a las dos guerrillas que siguen funcionando en Colombia. Se dice que sus estilos son distintos. Al menos las formas a la hora de dialogar con el Gobierno si lo son.

En los acuerdos alcanzados en La Habana, las FARC optaron por pedir algunas modificaciones más o menos importantes según quién opine (como la reforma agraria o el punto relativo a los cultivos de uso ilícito) y facilidades para transitar hacia la vida política, asumiendo que los grandes cambios estructurales que deseaban (como el del modelo económico) no podrían darse en esta etapa. Supuestamente, aspiran a concretarlos tras la firma de los acuerdos, ya como movimiento político no armado.

El ELN pide cambios estructurales como condición para abandonar la lucha armada. Aspiran a ser una formación política, pero quieren comenzar a hacer política desde la propia negociación. El gobierno les acusa de que su intención de abandonar las armas no es sincera.

El jefe negociador del Gobierno Colombiano, Juan Camilo Restrepo, y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, se estrechan la mano en Quito.
Fuente: EFE

Un militante del ELN consultado afirmó que hay voluntad de abandonar las armas pero también recelo: “Si el ELN, después del examen juicioso de cómo ha avanzado el proceso, observa que ha habido verdaderas demostraciones de que el establecimiento también quiere caminar hacia allá, el ELN habla seriamente de las armas”. Según esta fuente, que pide el anonimato, esta guerrilla afín a la revolución cubana “no estaría dispuesta a una negociación donde le prometen que van a hacer algo y luego le engañan, como es la historia del país. Por eso ha planteado una forma de negociación en donde las cosas se vayan dando al nivel que va caminando el proceso”.

Al preguntarle por la visión de esta guerrilla acerca del uso de las armas en la actualidad, remarcó que las causas que dieron origen al alzamiento armado siguen intactas: “La lucha de clases se ha profundizado, hay más saqueo, más destrucción, más opresión, violencia estatal, cada vez se abre más el abismo entre ricos y pobres”.

Pese a todo, el ELN y el Gobierno acaban de alcanzar un nuevo acuerdo para comenzar la fase pública de las negociaciones. Estaba previsto que arrancaran en octubre, pero se dio un tira y afloja en torno a las condiciones para instalar la mesa de diálogo. El gobierno afirmó que esta insurgencia no desea realmente renunciar a las armas y lo ilustró arguyendo que se negaba a liberar al excongresista Odín Sánchez y a seguir cometiendo actos violentos.

El ELN aseguró que la liberación del político Odín Sánchez no era uno de los requisitos para la instalación de la mesa. Para demostrarlo, hizo públicos extractos del documento acordado entre esta guerrilla y el Gobierno donde se decía que se pactó la liberación de dos secuestrados sin precisar nombres y este requisito fue cumplido al soltar al exalcalde de Charalá (departamento de Santander), Fabio León Ardila, y al arrocero Alejandro Alarcón Jarro, en el departamento de Arauca.

Comunicado publicado por el ELN en octubre de 2016.

Desde el Gobierno se criticó que el ELN vulnerase el carácter confidencial de los acuerdos al hacer públicas las condiciones. El Comando Central del ELN reconoció que la  divulgación de los documentos no era procedimental, pero resultaba la única forma de demostrar a la sociedad que ellos no estaban incumpliendo.

El militante del ELN criticó el accionar del gobierno: “En el Estado no se puede confiar porque juega a la trampa, se muestra víctima y te muestra victimario y él nunca hace nada, siempre es el otro”.

En cuanto a Odín Sánchez, el excongresista del departamento del Chocó no es ningún santo, aunque casi nadie hable estos días de ello. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por ayudar a la conformación de grupos paramilitares, concretamente, el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas de Colombia (AUC). En la actualidad debe al Estado más de 5 mil ochocientos millones de pesos (casi dos millones de dólares americanos).

Odín fue secuestrado el 3 de abril de 2016 a cambio de su hermano, el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca. 

El jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, dijo en una entrevista que liberarían a Sánchez cuando el Gobierno cumpliera con el compromiso de indultar a dos rebeldes presos y nombrar a dos gestores de paz para que integren el equipo negociador del lado del ELN.

Parece que finalmente las condiciones de ambos bandos serán cumplidas casi a cabalidad. Se ha establecido el 2 de febrero como fecha en la que Odín Sánchez será liberado. También en esa fecha se nombrará a Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez Quiroz como gestores de paz. Ambos están actualmetne presos en la cárcel Bellavista de Medellín.

En cuanto a los dos miembros del ELN que serán indultados, no pueden ser personas que hayan sido condenadas por delitos como narcotráfico o genocidio, sino por delitos políticos y anexos. Esos indultos se concederán en los términos de la justicia colombiana, puesto que han de ser concedidos por un juez.

Se ha anunciado que el 7 de febrero se instalará la mesa de conversaciones en Quito y el día siguiente arrancará la primera sesión.

Respecto a otros tipos de actos violentos, como el asesinato de policías y militares, el militante dijo que, en caso de que el ELN sea realmente el responsable, no supondría ninguna irregularidad porque no se ha firmado ningún acuerdo de cese bilateral. “El ELN va a seguir golpeando cuando pueda los objetivos militares del Estado cuando, con toda seguridad, el Estado va a seguir golpeando a los miembros del ELN”, remarcó para añadir: “Nadie va a decir: `¿cómo se le ocurre al ejército haber matado a miembros del ELN si está conversando?´. Pero si el ELN mata policías, inmediatamente la matriz (en alusión a los medios de comunicación comerciales) dice: `¿Cómo se le ocurre al ELN matar policías si está conversando?´”.

Se desconoce en qué términos se negociarán esta vez temas como la posibilidad de que el ELN abandone las “retenciones” (una palabra que, según el entrevistado, tiene connotación política, a diferencia de la palabra “secuestro”, con carácter jurídico). En unos intentos de negociación anteriores se planteó que lo haría si se le abonaba el dinero que esas retenciones le aportan y si el Gobierno estaba dispuesto a hablar de temas como la desactivación del paramilitarismo, la liberación de presos políticos o el fin de los asesinatos de líderes sociales.

Cómo se logró que mucha gente creyera que los derechos de la comunidad LGTBI (o la “colonización homosexual”) estaban en disputa en La Habana

Toda Colombia lo sabe pero, más allá de sus fronteras, tal vez poca gente se enteró de que un factor trascendente en la abstención y en el voto en contra de los acuerdos de paz alcanzados entre las FARC y el gobierno fueron un conjunto de declaraciones en torno a algo que llamaron la “ideología de género”.

No surge de la nada, son un conjunto de temas en los que ya existía un tira y afloja. ¿Los temas? Los de siempre: derechos sexuales, derechos reproductivos y equidad de género. En este caso, sobre todo los primeros.

En los últimos años Colombia ha vivido importantes avances. Desde el año pasado, las parejas del mismo sexo pueden optar a procesos de adopción y este año se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. También a mediados de año se lanzó el borrador de unos manuales de convivencia dirigidos al personal docente y administrativo de los centros educativos donde se abordaba el respeto con el que debían tratar a sus estudiantes con respeto a su orientación sexual o su identidad de género. En palabras del viceministro de educación, Víctor Saavedra Mercado, lo que se pretendía era “que se eliminen expresiones o lineamientos que castigan las expresiones de género”. 

El documento no era una ocurrencia del ejecutivo, suponía cumplir una orden de la Corte Constitucional después de que un joven de 16 años se suicidara lanzándose desde la terraza de un centro comercial dejando una nota en la que confesaba que el acoso sufrido en el entorno escolar y familiar por ser homosexual se le hacía insoportable. La tragedia de Sergio Urrego conmocionó al país.

Pero no todo el mundo leyó esta iniciativa como una maniobra para tratar de atajar la discriminación en el ámbito educativo, hubo sectores ―fundamentalmente religiosos― que entendieron que se trataba de una especie de conspiración desde la comunidad LGTBI para “convertir” al resto.

Imagen de Colombia Diversa, organización que vela por los derechos de las personas LGTBI

Ante las actitudes fundamentalistas, las reacciones de la institucionalidad suelen ser cobardes. La ahora exministra de educación, Gina Parody, quien además es abiertamente lesbiana (algo que por supuesto fue usado en su contra), adujo que el manual no había sido elaborado por el Ministerio sino por una de las agencias de Naciones Unidas: el UNFPA.

El manual está escondido en algún cajón, víctima de uno de esos trámites que podría condenarle a la esterilidad.

¿Y los acuerdos de paz?

¿Qué tiene que ver todo esto con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC? En principio, nada.

En julio de este año se anunció que éstos serían los primeros acuerdos de paz donde se incluiría el enfoque de género de manera transversal. A la hora de explicarlo, el jefe de la delegación de Gobierno, Humberto de la Calle, sorprendió con un discurso conceptualmente rico dando cátedra sobre la diferencia entre sexo y género: “El enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social que son históricas, en el sentido de que son productos sociales no deterministas. […] El género evoca roles de dominación, de discriminación sobre todo a la mujer y a formas de identidad sexual diferentes”. Y hasta nombró a Simone de Beauvoir. 

Hacer el enfoque de género transversal a los acuerdos supone muchas cosas. Por un lado, que se reconozca que las mujeres y la comunidad LGTBI han sido víctimas del conflicto armado de una forma diferenciada. Un punto clave es señalar la violencia sexual como delito de lesa humanidad no amnistiable ni indultable, teniendo en cuenta que el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, según datos de Medicina Legal. Asimismo, el desplazamiento fruto del conflicto se ha exacerbado en las mujeres. “Cuando una mujer es desplazada, se desplaza toda una familia o casi toda una comunidad”, apostilló Yiya Sandoval, integrante del movimiento ciudadano Paz a la Calle.

En el punto de participación política, se estableció la “promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos”, aunque no se logró aprobar la paridad. 

En el de reforma agraria se tiene en cuenta el papel de las mujeres y la importancia de que aparezcan como propietarias y titulares en la asignación de tierras, además de incluirlas explícitamente en planes y programas para la capacitación técnica o la distribución de semillas.

En cuanto a los cultivos ilícitos, al dejar de perseguir los delitos menores no violentos se salva a la mayoría de mujeres implicadas en estas redes, mujeres empobrecidas generalmente a las que se coloca en los puntos de la cadena más vulnerables.

Como ven, nada en relación al concepto de familia, de qué sexo deben ser sus componentes o su orientación sexual. Tampoco sobre si el enfoque de la educación en los centros escolares deba ser conforme al concepto tradicional de familia o abrirse a un concepto más abierto e inclusivo. No es que estas discusiones sean baladí, sólo que no se abordan en los acuerdos. Estas controversias se mezclan de forma malintencionada con los acuerdos.

Sería para reírse si no fuese por la cantidad de personas que lograron movilizar. Una amiga me contó que su madre siempre pensó en abstenerse hasta que un día regresó del culto evangélico convencida de que debía votar por el `no´ “para que no nos impongan el homosexualismo”.

¿Quiénes generaron este malentendido? Personajes como el exprocurador general, Alejandro Ordóñez, la procuradora para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, Ilvia Myriam Hoyos, la senadora del Partido de la U ―el partido del presidente Juan Manuel Santos, por cierto―, Ángela Hernández, la senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, líderes de varias iglesias, fundamentalmente evangélicas, y, por supuesto, uno de los principales portavoces de la campaña del `no´, el senador y expresidente del Gobierno, Álvaro Uribe Vélez.

Todos pusieron en el centro del debate la defensa de la familia tradicional, los valores y principios religiosos que, en su opinión, estaban siendo amenazados por la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo Final. En otras palabras, se distorsionó la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de forma malintencionada mediante un discurso homofóbico.

Yiya Sandoval acusó a estos sectores de querer regresar a un “enfoque familista” negando la laicidad del Estado colombiano e irrespetando los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.

Desde Paz a la Calle, Paola Vargas reflexionaba: “Esto fue un sacudón para ver que tenemos que salir de nuestras esferas políticas y hablar con los demás porque el tema de género no está muy claro. Así se logre firmar los acuerdos, la implementación depende de una educación mucho más profunda”. 

Yiya Sandoval (izquierda) y Paola Vargas, de la Comisión de Género de Paz a la Calle.

Después del plebiscito

La controversia no termina con el plebiscito. Una vez que gana el `no´ por un estrecho margen, comienzan las conversaciones y tanto el gobierno como las FARC buscan dialogar en torno a los temas sobre los que no hay consenso. Entre ellos, la ideología de género. Hay que tener en cuenta que el fenómeno cristiano en Colombia cuenta con 6.000 iglesias, según datos de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Unos 15 millones de feligreses.

Las iglesias cristianas plantean cosas como la defensa del concepto tradicional de la familia, que el término género se circunscriba a sexo únicamente y que se garantice el derecho de padres y madres a educar conforme a sus valores. 

La comunidad LGTBI demandan que el acuerdo entre gobierno y FARC no abarque la definición de familia, matrimonio o adopción por parejas del mismo sexo, por no tener relación con ninguno de los puntos.

Santos ya ha dicho que el enfoque de género se queda en los acuerdos, pero la ideología de género no está incluida, ni se va a abordar el concepto de familia en La Habana. 

Falta mucho para aceptar que el género es una construcción social donde también entra la orientación sexual como una decisión individual influida por múltiples factores, frente a la idea de que sexo y género van de la mano por voluntad de una deidad y toda forma de sexualidad no heterosexual no es “legítima”.

Como indicaban las integrantes de la Comisión de Género de Paz a la Calle, lo que ha quedado claro es que se necesita hacer mucha pedagogía en el tema de derechos.

Paz a la Calle, un continuo proceso de definición

Me dirigí al Park Way, un parque céntrico de Bogotá donde se reúnen quienes integran en la capital colombiana Paz a la Calle. Este movimiento ciudadano surgió tras el plebiscito del 2 de octubre, donde la población pudo votar a favor o en contra de los acuerdos alcanzados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Los resultados sorprendieron a la mayoría. En esta votación en la que todas las encuestas vaticinaban una victoria clara del “sí”, aunque por un breve margen de algo más de 40 mil votos, ganó el “no”.

Prepativos de una de las marchas por la paz.

Esto generó una reacción ciudadana que se tomó las calles y dio lugar a varias iniciativas. Paz a la Calle es una de ellas. Con la idea de tratar de entender cómo visualizan y se plantean la actual coyuntura me acerqué y les propuse una entrevista. Lo primero fueron evasivas: nadie quería tomar la voz del grupo, forma parte de su filosofía horizontal. Les planteé una entrevista coral, más acorde. Aceptaron. Entrevisté a tres de sus integrantes.

Comenzamos por cómo surgió el movimiento. “Nos volcamos al día siguiente (del plebiscito) a plantear que necesitábamos generar una asamblea ciudadana para mirar qué íbamos a hacer con el tema de la paz. El papel protagónico ya no era de los negociadores sino que la paz estaba en manos de los ciudadanos”, recordó Darwin Torres.

Paz a la Calle es una de las iniciativas surgidas desde universidades, organizaciones y sectores de la ciudadanía, algunos de los cuales no se había movilizado hasta entonces. Hay que subrayar algo que distingue a Colombia de otros países latinoamericanos: el gran miedo a la movilización y la disidencia política. Los crímenes políticos en este país son y han sido sumamente frecuentes, marcando un patrón que ha alejado a mucha gente de la protesta social. Por eso las movilizaciones tras el plebiscito tienen un mérito añadido.

Los puntos de Paz a la Calle

En un movimiento tan heterogéneo y participativo suele ser difícil llegar a acuerdos. Por supuesto, donde no hay fisuras es en el anhelo de paz: “Quiero vivir en un país en paz. Lo único que me han enseñado y con lo que he convivido es con la guerra, con el odio, el dolor, la exclusión y con la eliminación de la diferencia. La base de todo esto es que se nos garantice como ciudadanos, como consta en la Constitución, que podamos tener garantías del derecho a la paz”, sostuvo Darwin Torres.

Más allá de ese punto fundamental, en las asambleas han definido reglas en cuanto a su forma de funcionar y de defender la paz en la calle. Algunas de ellas son:

• Son un movimiento asambleario, horizontal, donde no quieren contar con liderazgos ni representaciones. Uno de sus mayores temores es que algún partido o movimiento político quiera apropiarse de su trabajo, de su imagen, de su lucha.

• Quieren que se mantenga el enfoque de género en los acuerdos, un tema que ha sido distorsionado y polemizado desde la campaña por el “no” en el plebiscito.

• Aplauden y apoyan que haya iniciado el proceso de diálogo con la otra guerrilla que sigue en armas: el ELN.

• Están en contra de que el acuerdo de paz sea construido entre las élites políticas y los grandes poderes de este país. Esto lo dicen porque, tras el plebiscito, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, abanderado fundamental del “no”, se reunió con Santos para estudiar qué cambios debían contener los acuerdos para poder ser aprobados. Mucha gente temió que esto diera lugar a un nuevo acuerdo pactado entre élites.

Los puntos que consensuó inicialmente el movimiento.

 Lo que no está tan claro: el cómo

Aunque está claro que defienden una “paz plena, duradera y con justicia social donde se vean incluidas comunidades y víctimas del conflicto armado y se garantice el goce efectivo de derechos”, en palabras de Darwin Torres, falta concretar las vías por las que apuestan y que consideran legítimas para alcanzarla. “Estamos construyendo un sueño colectivo de una paz incluyente pero no tiene una forma particular”, señaló Soledad Granada.

En el horizonte de la política colombiana se han mencionado varias opciones para dar salida al callejón en el que quedó el gobierno tras la bofetada del “no”. Que los acuerdos se mantengan como están o sean modificados es una de las disyuntivas esenciales. Aunque en los principios de Paz a la Calle aparece la defensa de los acuerdos tal y como han sido redactados, al preguntar no parece que el consenso sea tan sólido.

Mientras Darwin Torrres aseguró que “el principal de todos (los objetivos) es que los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC se mantengan”, Carolina Moreno Beltrán matizó: “Hay que acordar cosas para que el acuerdo esté legitimado por más personas. No podemos respaldar la totalidad de los acuerdos cuando la mitad del país se pronunció diciendo que no los quería así”. Esta integrante defiende que se renegocie lo acordado, como está haciendo el gobierno, aunque aclarando que hay puntos que no deberían modificarse, como que las víctimas estén en el centro del acuerdo.

Bogotá vs Colombia

Moreno Beltrán también hace esta matización porque, tras conversar con gente de otras regiones del país, observaron que mucha no está de acuerdo con los acuerdos. “Son muy importantes las regiones. Ellos son quienes más han sufrido la violencia, entonces tenemos que esperar a ver a qué consensos llegamos”, reiteró Moreno Beltrán.

La necesidad de alcanzar acuerdos más allá de la capital es un factor que ha ralentizado la definición de objetivos de Paz a la Calle. Este grupo siente un gran complejo por su condición capitalina, todas las personas entrevistadas quisieron enfatizar que no quieren pecar de centralistas, tomar decisiones en nombre de la mayoría de la sociedad.

Una de las asambleas de Paz a la Calle. Fuente: Pacifista.

“Llevamos mucho cuidado de no creernos la vanguardia de esta solución porque desde la ciudad tenemos que aprender mucho del campo, de los que no han sido escuchados nunca y nosotros somos en realidad una población privilegiada. Somos estudiantes o profesionales, somos gente que tenemos la posibilidad de estar haciendo esto”, reflexionó Granada.

Aunque la coyuntura actual pesa mucho, quienes integran Paz a la Calle aspiran a construir paz más allá del acuerdo. “Nuestra apuesta política es tratar de llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas para que se empoderen como actores políticos para entender que la ciudadanía tiene un poder”, añadió Soledad, quien definió Paz a la Calle como “una iniciativa de construcción de paz ya de hecho. Ya estamos construyendo paz, yo creo”.

Historia de un hombre que se llama revolucionario

La rutina campesina se vio interrumpida cuando tropas del ejército recorrieron la vereda. Siete hombres fueron entresacados. Antonio tenía 16 años cuando vio cómo dos de sus tíos eran tachados de guerrilleros  y tiroteados. 

“Ver y callar. La voz del silencio. Porque somos los que mandamos y nosotros hacemos lo que nos parece”, les escupió un teniente cuando reclamaron que los ultimados eran meros campesinos.

Posteriormente aparecieron las Defensas Civiles Campesinas, que decían haber surgido para proteger sus tierras. A Antonio le conminaron a que caminara con ellos so pena de acabar con su vida.

―Yo no soy de guerra, yo soy campesino―, contestó.

Logró escapar, no así su padrastro.

Ante la creciente presencia de tropas legales e ilegales, varias decenas de personas marcharon en busca de un lugar tranquilo donde vivir, pero el área se había convertido en un hervidero de grupos armados y tampoco hallaban tierras con las que subsistir.

Él y su madre decidieron probar suerte en la ciudad. Antonio encontró trabajo en la construcción, pero en poco tiempo lo identificaron como el sobrino de los tíos guerrilleros. Estaba marcado. Aunque buscaba el modo de llevar una vida trabajando al margen de todo conflicto, el destino parecía empeñado en contrariarlo.

Volvió a huir, esta vez solo, a una zona rural. La confrontación armada le perseguía, o tal vez se había tornado omnipresente. Tropezó con las Autodefensas de Carlos Castaño, uno de los cabecillas máximos del paramilitarismo.

―Yo no soy de la guerra―, insistió.

― Va a tener que ser a las buenas o a las malas.

Sonó a maleficio. Y se cumplió. Un día Antonio decidió acercarse a un señor que sabía tenía relación con la guerrilla que operaba en la zona. Le dijo que quería hablar con ellos y le dieron cita.

Antonio tiene un sinnúmero de alegatos a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Allá no lo obligan. Primero le explican”, enfatiza contra quienes aseguran que el reclutamiento forzado es habitual en las filas de las FARC. Cuenta que le pusieron un requisito antes de decidirse, que pasara tres meses en un campamento.

La decisión estaba tomada: “Muramos por algo porque mi familia murió por trabajar”. Con este pensamiento, Antonio pasó en 1991 a integrar las filas de la guerrilla más grande del continente.

En ese tiempo formó una familia que nada sabía de su vida de guerrillero. Su esposa le creyó cuando le dijo que trabajaba como jornalero en una finca donde ella no le podía acompañar. Él iba a visitarla cada tanto tiempo y le mandaba dinero para el sostenimiento de los dos hijos que la pareja tuvo.

En uno de los combates le alcanzaron algunas esquirlas de granada en una pierna. Esta dolencia le perseguiría el resto de su vida y fue el motivo por el que le dieron permiso para retirarse. Tras casi dos décadas de lucha, regresó a la ciudad.

Antonio llegó a vivir con su familia y a trabajar en la construcción. Pero un día una gran cantidad de agentes ―habla de 80― irrumpieron en su casa, le encañonaron frente a su esposa e hijas y lo llevaron detenido. Cuenta que aquella escena provocó ataques de pánico a su hija.  

Acusado de rebelión, le ofrecieron soltarle a cambio de información.

―Yo no entrego, no soy un bandido―, replicó.

Tras cuatro meses preso, lo soltaron por falta de pruebas, pero lo detuvieron nuevamente y lo condenaron a 6 años.

En la cárcel sufrió más que en el monte. Su pierna empeoró y llegaron a plantearle amputársela. Acusa a la jueza que llevó su caso de no apiadarse de él y de colocar a su familia en una situación de vulnerabilidad, puesto que al detenerle con tal dispositivo, los paramilitares reaccionaron hostigando a su familia.

Estando encarcelado, Antonio tuvo que admitir el engaño a su mujer. Se confesó revolucionario y le dijo que era libre de aceptar su condición y perdonarlo o dejarle. Él no le reprocharía nada y seguiría manteniendo a sus hijos. Ella decidió disculparlo.

Por su estado de salud, lo indultaron cuando iba a cumplir dos años cautivo. Pero su vida no mejoró sustancialmente. Él y su familia están siendo acosados por bandas paramilitares. Muestra algunas de las hojas que le han llegado con amenazas.

Una de las notas recibidas por Antonio.

Tuvo que sacar a su hija de la institución educativa donde estudiaba porque la llamaron a ese centro. “Niña, nosotros sabemos que usted es hija del señor Antonio. Si no se va, los vamos a matar”. Cuenta que ha llevado su queja a La Habana porque lo que le está pasando a él puede ocurrirle a quienes están próximos a desmovilizarse.

Acudió a una institución gubernamental que le sugirió que se fuese a la capital, algo que rehusó. “¿Es que no estamos pues en un proceso de paz? Si nosotros vamos a salir de la selva  a producir en el país, a dar ideas en el país, a ayudar a la comunidad y tenemos que irnos a meternos a un hotel a Bogotá, entonces, ¿qué paz estamos haciendo?”

Pidió que le ayudaran a rehacer su vida en una zona rural. Cambió su lugar de residencia, pero las amenazas continuaron. Le persiguen. Nuevamente se siente acorralado.

“Yo no tengo libertad, no tengo tranquilidad, llevo seis meses luchando para sacar a esta familia adelante y no me dejan”. Subraya que no quiere guerra porque solo trae muerte y destrucción a todas las partes.

Cuando le pregunto por las acusaciones hacia las FARC, por las atrocidades que se atribuyen a este grupo armado, Antonio muestra la fe sin fisuras de un creyente: “Yo le digo (que) sí hay violaciones, pero son bloques. Bloques que desobedecen la conducta a aplicar. Es lo mismo que en las zonas militares”. Asegura que ni su persona ni nadie con quien él luchó durante esos 20 años codo con codo cometieron ningún tipo de atropello a los derechos humanos o a la población civil.

―¿Nunca han matado a civiles? ―, insisto.

―No. Yo nunca llegué a hacer eso. Siempre paramilitares y ejército. La guerra con los que estábamos combatiendo.