La violencia en muchos países
latinoamericanos es frecuente. Lo que distingue a Colombia es la cantidad de
casos donde busca atacar un discurso político. Los asesinatos de personas que
participaban en organizaciones sindicales, campesinas, afro, estudiantiles,
indígenas o integraban alguna organización o partido político son cuantiosos.
Las
organizaciones nacionales e internacionales y el Gobierno no logran ponerse de
acuerdo acerca de la cifra de este tipo de homicidios en el 2016. Entre 58 y 116.
Tomaremos una intermedia, de 85, del informe de la organización Front Line Defenders, que da cierto nivel de credibilidad al presentar un listado de las personas fallecidas. Según el documento, en todo el mundo fueron
asesinadas 285 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Colombia, con casi un tercio de los casos, es el país con mayor número. No
parece que se le haya dado mucho bombo a esta noticia, pese a lo impactante y
trascendente que es.
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| Mannifestación de integrantes de Marcha Patriótica. Fuente: Contagioradio.com |
Para Ariel Ávila, investigador de
la Fundación Paz y Reconciliación, la sensación de que nada tan grave está
sucediendo en el país probablemente tenga que ver con que las personas
asesinadas son líderes en sus comunidades, veredas y pueblos. “Se mata en
lugares lejanos de tal manera que en los centros urbanos existe la sensación de
que nada malo está pasando”, declaró para el periódico El Tiempo.
Este tipo de asesinatos era común
prácticamente en toda Latinoamérica en la década de los 80. También en los 90.
Pero ningún país mantiene esa lógica de una forma tan sólida como Colombia en
el presente siglo. Aquí sigue habiendo organizaciones alzadas en armas desde un
discurso político e integrantes de organizaciones civiles asesinadas pese a no
hacer uso de la vía armada.
El uso de las armas para atacar o
defender un discurso político es un tema delicado que unos denuncian, otros
justifican y otros evaden. Empuñadas por Estado, paramilitares y guerrillas, ni
las organizaciones sociales se libran de los señalamientos, que pueden derivar
en estigma. Concretamente, las organizaciones Marcha Patriótica y el Congreso
de los Pueblos han sido asociadas en reiteradas ocasiones con las FARC y el ELN
respectivamente.
Ambos son movimientos amplios de
izquierdas bajo los que se agrupan una gran cantidad de organizaciones afro,
indígenas, campesinas, de personas sindicalizadas, integrantes de
organizaciones de derechos humanos, personas desplazadas, prisioneras de
guerra, ambientalistas y miembros del movimiento urbano y de la lucha
estudiantil.
Desde ambas organizaciones se ha
denunciado que sus supuestos vínculos con las guerrillas se han empleado para
justificar los asesinatos de sus líderes. En el 2016, coincidiendo con la recta final de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano,
han sido asesinados, según la Fundación Paz y Reconciliación, 14 militantes activos de Marcha Patriótica.
Esta organización criticó la
impunidad ante estos casos, puesto que ninguno de ellos está siendo investigado,
según declaró a finales de 2016 James Iván Larrea, vocero de Marcha Patriótica
en el departamento del Valle del Cauca.
Esto hace que resulte entendible
que quienes integran el Congreso de los Pueblos estén temerosos de lo que pueda
ocurrir ahora que parece que va a comenzar la fase pública de las negociaciones
del Gobierno con el ELN.
Uno de sus integrantes, Olimpo
Cárdenas, admitió respeto y reconocimiento "a lo que originó ese tipo de lucha en esas organizaciones insurgentes", pero denunció que “tratan de hacerse los locos porque vincularlos (al ELN con el Congreso de los Pueblos y a Marcha Patriótica con las FARC) les permite hacer la guerra sucia. Si yo vinculo
al Congreso con el ELN puedo fácilmente golpear a los líderes del Congreso como
ya se hizo y asesinarlos o encarcelarlos por ser del ELN. Una cosa es que seas
parte de una insurgencia armada y otra es que seas parte de un movimiento de
oposición, revolucionario, amplio, de masas, de una sociedad”.
Mientras Marcha Patriótica está
trabajando para que se investiguen los asesinatos, se acabe con la impunidad al
respecto y se comiencen a implementar los recién firmados acuerdos de paz de
las FARC y el Gobierno, el Congreso de los Pueblos se prepara para formar parte
activa en la mesa de negociación de Quito entre el Gobierno y el ELN.
La Mesa Social para la Paz
El Congreso de los Pueblos
organizó un Congreso para la Paz en el 2013, momento en el que se estaban dando
las negociaciones entre el Gobierno y las FARC y se habían anunciado las
exploraciones de paz con el ELN. “La gente no quería ser solamente espectadora
de procesos entre guerrilla y gobierno, quería opinar y ser tenida en
cuenta”, explicó Cárdenas, quien reprobó que desde el Gobierno y desde la
mayoría de medios de comunicación se limiten a identificar la paz con el fin de
las armas: “Quieren que las insurgencias armadas se desmovilicen y creen que
eso va a traer la democratización del país, olvidando todo lo demás”.
Fruto de este Congreso surgió la
iniciativa de armar una Mesa Social para la Paz. Su pretensión es ambiciosa: incluir todas las corrientes políticas, sociales e ideológicas que
existen en el país. Esto englobaría a la población que no está organizada y a
quienes tienen una visión adversa. El objetivo es que estas voces dialoguen en
torno a qué cambios son necesarios para lograr la paz y alcancen un acuerdo
que sirva de insumo en la mesa de negociación que está tratando de arrancar en
Quito entre el ELN y el Gobierno.
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| Al lanzamiento de la Mesa Social para la Paz llegaron integrantes de corrientes políticas diversas. Fuente: Mesa Social para la Paz. |
La propuesta casa perfectamente
con uno de los puntos clave acordados por el ELN y el Gobierno: la
participación ciudadana. Desde el ELN se celebró el lanzamiento de la Mesa:
“Que cuenten con nosotros en este esfuerzo de paz. La participación es el alma
de esta mesa, es el punto uno de la negociación. Construir una visión común de
paz que sea viable”, enunció Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la
guerrilla, en un video proyectado en el evento de lanzamiento de la Mesa Social
el pasado 3 de noviembre.
Algunos miembros de la Mesa opinaron
que el Gobierno no desea que la participación ciudadana sea tan amplia, puesto
que no es lo mismo poner `líneas rojas´ a una negociación con la insurgencia
que ponérselas a un diálogo con la sociedad civil. El Gobierno puso unos límites
para negociar con las FARC que son clave en la agenda de la Mesa Social para la
Paz, como reformas de fondo en salud y educación y plantear un nuevo modelo de
explotación minero-energética.
Por eso, esos mismos miembros
creen que una buena parte del pulso inicial entre Gobierno y ELN será acerca del
alcance de esa participación de la sociedad civil, fundamental, según afirman,
en el planteamiento político del grupo insurgente.
