Es complejo conocer y entender a las dos guerrillas que
siguen funcionando en Colombia. Se dice que sus estilos son distintos. Al menos
las formas a la hora de dialogar con el Gobierno si lo son.
En los acuerdos alcanzados en La Habana, las FARC optaron
por pedir algunas modificaciones más o menos importantes según quién opine (como
la reforma agraria o el punto relativo a los cultivos de uso ilícito) y
facilidades para transitar hacia la vida política, asumiendo que los grandes
cambios estructurales que deseaban (como el del modelo económico) no podrían darse en esta etapa. Supuestamente, aspiran a concretarlos tras la
firma de los acuerdos, ya como movimiento político no armado.
El ELN pide cambios estructurales como condición para abandonar
la lucha armada. Aspiran a ser una formación política, pero quieren comenzar a
hacer política desde la propia negociación. El gobierno les acusa de que su
intención de abandonar las armas no es sincera.
El jefe negociador del Gobierno Colombiano, Juan Camilo Restrepo, y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, se estrechan la mano en Quito.
Fuente: EFE
Un militante del ELN consultado afirmó que hay voluntad de
abandonar las armas pero también recelo: “Si el ELN, después del examen
juicioso de cómo ha avanzado el proceso, observa que ha habido verdaderas
demostraciones de que el establecimiento también quiere caminar hacia allá, el
ELN habla seriamente de las armas”. Según esta fuente, que pide el anonimato,
esta guerrilla afín a la revolución cubana “no estaría dispuesta a una
negociación donde le prometen que van a hacer algo y luego le engañan, como es
la historia del país. Por eso ha planteado una forma de negociación en donde
las cosas se vayan dando al nivel que va caminando el proceso”.
Al preguntarle por la visión de esta guerrilla acerca del uso de las
armas en la actualidad, remarcó que las causas que dieron origen al alzamiento
armado siguen intactas: “La lucha de clases se ha profundizado, hay más saqueo,
más destrucción, más opresión, violencia estatal, cada vez se abre más el
abismo entre ricos y pobres”.
Pese a todo, el ELN y el Gobierno acaban de alcanzar un nuevo acuerdo para comenzar la fase pública de las negociaciones. Estaba previsto que arrancaran en octubre, pero se dio un tira y afloja en torno a las condiciones para
instalar la mesa de diálogo. El gobierno afirmó que esta insurgencia no desea
realmente renunciar a las armas y lo ilustró arguyendo que se negaba a liberar al
excongresista Odín Sánchez y a seguir cometiendo actos violentos.
El ELN aseguró que la liberación del político Odín Sánchez
no era uno de los requisitos para la instalación de la mesa. Para demostrarlo,
hizo públicos extractos del documento acordado entre esta guerrilla y el
Gobierno donde se decía que se pactó la liberación de dos secuestrados sin
precisar nombres y este requisito fue cumplido al soltar al exalcalde de
Charalá (departamento de Santander), Fabio León Ardila, y al arrocero Alejandro
Alarcón Jarro, en el departamento de Arauca.
Comunicado publicado por el ELN en octubre de 2016.
Desde el Gobierno se criticó que el ELN vulnerase el
carácter confidencial de los acuerdos al hacer públicas las condiciones. El
Comando Central del ELN reconoció que la divulgación de los documentos no
era procedimental, pero resultaba la única forma de demostrar a la sociedad que ellos
no estaban incumpliendo.
El militante del ELN criticó el accionar del gobierno: “En
el Estado no se puede confiar porque juega a la trampa, se muestra víctima y te
muestra victimario y él nunca hace nada, siempre es el otro”.
En cuanto a Odín Sánchez, el excongresista del departamento
del Chocó no es ningún santo, aunque casi nadie hable estos días de ello. Fue condenado
por la Corte Suprema de Justicia por ayudar a la conformación de grupos
paramilitares, concretamente, el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas de
Colombia (AUC). En la actualidad debe al Estado más de 5 mil ochocientos
millones de pesos (casi dos millones de dólares americanos).
Odín fue secuestrado el 3 de abril de 2016 a cambio de su hermano,
el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca.
El jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias
‘Gabino’, dijo en una entrevista que liberarían a Sánchez cuando el Gobierno cumpliera con el compromiso
de indultar a dos rebeldes presos y nombrar a dos gestores de paz para que integren el equipo negociador del lado del ELN.
Parece que finalmente las condiciones de ambos bandos serán cumplidas casi a cabalidad. Se ha establecido el 2 de febrero como fecha en la que Odín Sánchez será liberado. También en esa fecha se nombrará a Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez Quiroz como gestores de paz. Ambos están actualmetne presos en la cárcel Bellavista de Medellín.
En cuanto a los dos miembros del ELN que serán indultados, no pueden ser personas que hayan sido condenadas por delitos como narcotráfico o genocidio, sino por delitos políticos y anexos. Esos indultos se concederán en los términos de la justicia colombiana, puesto que han de ser concedidos por un juez.
Se ha anunciado que el 7 de febrero se instalará la mesa de conversaciones en Quito y el día siguiente arrancará la primera sesión.
Respecto a otros tipos de actos violentos, como el
asesinato de policías y militares, el militante dijo que, en caso de que el ELN
sea realmente el responsable, no supondría ninguna irregularidad porque no se ha firmado
ningún acuerdo de cese bilateral. “El ELN va a seguir golpeando cuando pueda los objetivos militares del Estado cuando, con toda seguridad, el Estado va a
seguir golpeando a los miembros del ELN”, remarcó para añadir: “Nadie va a
decir: `¿cómo se le ocurre al ejército haber matado a miembros del ELN si está
conversando?´. Pero si el ELN mata policías, inmediatamente la matriz (en
alusión a los medios de comunicación comerciales) dice: `¿Cómo se le ocurre al
ELN matar policías si está conversando?´”.
Se desconoce en qué términos se negociarán esta vez temas como la posibilidad de que el ELN abandone las “retenciones”
(una palabra que, según el entrevistado, tiene connotación política, a
diferencia de la palabra “secuestro”, con carácter jurídico). En unos intentos de negociación anteriores se planteó que lo haría si se le
abonaba el dinero que esas retenciones le aportan y si el Gobierno estaba dispuesto
a hablar de temas como la desactivación del paramilitarismo, la liberación de
presos políticos o el fin de los asesinatos de líderes sociales.
El servicio militar en Colombia, supuestamente obligatorio, es una fuente de discriminación evidente. Las cifras no pueden ser más reveladoras. En Colombia, existe una estratificación socioeconómica numerada del 0 al 6, donde el 0 se asigna a las personas con menos recursos y el 6 a las más enriquecidas. El 97% de los jóvenes que realizan el servicio militar pertenecen a los estratos 0, 1, 2 y 3. El resto, en su mayoría, obtiene la libreta militar de forma fraudulenta.
Además, quienes han estudiado bachiller no han de prestar el servicio por el mismo tiempo ni en los mismos lugares que quienes no lo han hecho o viven en áreas rurales, así que los soldados que mueren son en su mayoría jóvenes campesinos o aquellos que no lograron estudiar bachiller. Un retrato de la realidad del servicio militar en Colombia, el modelo económico-militar que representa y la objeción de conciencia a través de la mirada de Julián Ovalle, integrante de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia.
¿En qué condiciones se presta el servicio militar en Colombia?
Hay tres categorías en las que los jóvenes prestan servicio militar. Unos son los soldados bachilleres que, por fortuna y son los menos, pudieron estudiar, graduarse de bachilleres. Prestan 12 meses de servicio.
Los que no son bachilleres, además de que no lograron estudiar, les toca hacer un servicio militar de entre 18 y 24 meses. El tiempo lo decide el militar que está a cargo.
Hay una tercera categoría, los soldados campesinos que, en teoría, la ley dice que deberían permanecer en su territorio. Como los regulares, prestan entre 18 y 24 meses.
Además, los soldados bachilleres no pueden ir a la línea de fuego, a la zona roja del conflicto de confrontación. Eso implica que cerca de un 84% de los soldados muertos en servicio militar son soldados regulares o campesinos.
Datos de 2013 de la Defensoría del Pueblo
No es la única forma de discriminación que se da. En Colombia hay un sistema de estratificación para discriminar positivamente el pago de los servicios del Estado (agua, luz y gas). Las cifras de personas que prestan el servicio militar en función de los estratos socioeconómicos son clarísimas. El 97% de los soldados son de los estratos 1, 2 y 3, cuando el número 6 es el de mayor riqueza.
¿Cómo hacen los de los estratos altos para liberarse del servicio militar?
Acuden a un sistema corrupto que está muy bien estructurado. Hay un decir en Colombia cotidiano que es: “¿Prestaste el servicio militar o compraste la libreta?” Las clases que no son populares compran la libreta militar. ¿Eso qué quiere decir? Que le pagan a un militar o a algunos les preguntan si quieren ir o no.
¿Cuánto paga el Estado por prestar el servicio militar?
Pagan lo mismo en los tres tipos: un 30% de un salario mínimo legal vigente. Son como 230.000 pesos al mes ($76). Después de ahí les descuentan unas botas o unas sillas o una linterna, se lo descuentan del salario.
Cuéntame sobre el movimiento de opositoras y opositores.
En el marco de la Constitución que rige actualmente, la del 91, se logra que esté expreso el derecho a la libertad de conciencia. La gente que estaba trabajando por la objeción se dijo que a través del desarrollo jurisprudencial lo lograría.
Después se empieza a intentar visibilizar la importancia de que el Estado cumpla el compromiso internacional dado por la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de regular la objeción de conciencia.
Cuando firman los Estados este Pacto, tienen que acoger todas las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, que es el que vigila el cumplimiento del Pacto. El Comité, desde el 2004, le está diciendo al Estado colombiano que regule el derecho a la objeción a través de una ley.
En el 2009 interponemos una demanda ante la Corte Constitucional diciéndole al Estado que no ha reconocido la objeción de conciencia y el Estado dice: “Si, tienes razón”.
Una buena noticia, ¿no?
Fue una sorpresa. Nosotros le estábamos diciendo que debería estar la objeción de conciencia dentro de la ley militar, pero la Corte dice que lo que hay que hacer es una ley que regule la objeción de conciencia en su más amplio sentido. Entonces cuenta con un reconocimiento constitucional pero todavía no hay una legislación que la regule. Así que seguimos trabajando en esta propuesta antimilitarista, aunque también nos han tachado de reivindicar un derecho burgués.
¿Por qué?
Mucha gente no tiene conocimiento de sus derechos y esto de reivindicar la postura contra la guerra a partir de una reflexión política tiene que ver con el conocimiento de esos derechos y esas leyes. Además, para ser objetor de conciencia tienes que escribir una carta demostrando que lo eres y eso significa normalmente pasar por el sistema educativo. Es un filtro para que mucha gente no pueda acceder a este derecho.
"El militarismo es una configuración cultural y económica que privilegia valores culturales y éticos como la violencia, la ciega obediencia, la sumisión, la jerarquía, la lógica del enemigo, la homogeneidad, la disciplina"
¿En qué consiste el antimilitarismo?
En Colombia, de entrada, es un no a la guerra. Una guerra crónica, fratricida, de 60 años. El militarismo es una configuración cultural y económica que privilegia valores culturales y éticos como la violencia, la ciega obediencia, la sumisión, la jerarquía, la lógica del enemigo, la homogeneidad, la disciplina. Todos estos valores toman una dinámica concreta adentro de un batallón.
Esto se ha filtrado a la población, no sólo en la guerra de Colombia, eso pasa en todos los Estados modernos donde la institución del ejército es un referente de organización cultural.
¿Y cómo van con la aprobación de la ley?
Hemos intentado varios años que se cree esta ley y nos metimos en un lío porque Colombia tiene una tradición importantísima de cristianismo. Cuando la Corte definió que se puede objetar en ejercicio de la libertad de conciencia, ciertos sectores ultraconservadores católicos lo vincularon con los médicos que son católicos y tienen que interrumpir el embarazo de ciertas mujeres en casos que la Corte ha reconocido como posibles.
Son tres casos para que se pueda abortar. Cuando hay riesgo para la vida de la madre, cuando hay malformación del bebé y por violación. Por esos tres casos, las mujeres pueden optar por la interrupción voluntaria del embarazo, pero en esos mismos casos, los médicos también pueden apelar a la objeción de conciencia.
Entonces nos tuvimos que enfrentar con la necesidad de contarles a las mujeres. Nos sentamos y construimos un proyecto de ley para dar cumplimiento a lo que pedía la Corte, un proyecto de ley que garantizara los derechos de los jóvenes que no quisieran hacer el servicio militar y también la posibilidad de que el personal médico ejerciera su objeción sin que se le negara a las mujeres la posibilidad del aborto. Trabajamos desde el año 2000 porque este proyecto tuviera un espacio en el congreso, pero no lo hemos logrado.
¿Lograron llegar a un proyecto que garantice el derecho a la objeción de conciencia y el derecho al aborto?
Sigue habiendo un problema. En el proyecto que ya está en curso se contempla la objeción de conciencia institucional. Es decir, una institución podría negarse. El Hospital San Ignacio, asociado a la compañía de Jesús, se quiere declarar en objeción de conciencia en base a sus valores religiosos. Eso es gravísimo.
En Cúcuta las iglesias cristianas tienen una incidencia muy grande. Si estos ultraconservadores logran que la objeción de conciencia pueda ser a nivel institucional, puede que en Cúcuta, que es una ciudad medianamente grande, si necesita una mujer un aborto no pueda o tenga que irse lejos, a otra ciudad, donde si haya médicos dispuestos a cumplir la Constitución. Eso es lo que se está discutiendo en el Congreso de la República hoy.
"Desde el 2009 han sido reconocidos 13 objetores de conciencia ¿Cuántos han reclutado desde 2009? Estamos hablando de 7 años… digamos que 600 mil jóvenes, tirando por bajo".
En la actualidad, ¿se puede objetar al servicio militar?
En la práctica, los militares, de tanto que les hemos jodido, dicen que aceptan que hay objetores de conciencia. Pero si les preguntas desde el 2009 cuántos objetores de conciencia han sido reconocidos, te dicen que 13. ¡13, güei! ¿Cuántos han reclutado desde 2009? Estamos hablando de 7 años… digamos que 600 mil jóvenes, tirando por bajo. Se han reconocido 13 pinches objetores de conciencia y los 13 por motivaciones religiosas.
¿Y no hay visos de que las cosas vayan a cambiar?
Santos hizo una promesa de acabar con el servicio militar en las últimas elecciones, pero ha presentado un proyecto de ley donde quiere mantenerlo obligatorio, pagando más billetito a los muchachos y establece un tiempo unificado de 18 meses para prestar el servicio militar. Se beneficia a los campesinos y regulares, pero para los bachilleres se les sube de 12 a 18.
Hay una jurisprudencia en la Corte que dice que, cuando se necesita igualar las discriminaciones, la igualación debe optar por favorecer positivamente la discriminación, o sea, tendría que igualarse para lo bajo, no para lo alto.
Además, aquí los pueden multar porque los consideran remisos porque los llaman para concentración y no van. Hay tres concentraciones anuales. Al gobierno le interesa facilitarles la vida a los jóvenes que son remisos para que les paguen las multas que les deben, que debe ser una cifra bien gruesa.
Las sanciones dependen del tiempo que haya pasado desde que se declaró remiso hasta el momento en que se presenta. El promedio de las multas que tienen los jóvenes anualmente por no estar ahí es de un millón de pesos.
Entonces, hay una cuestión económica importante.
Claro, no sólo por eso. En la situación actual de servicio militar, el ejército se ha privatizado para ciertas cosas. No tengo claridad de los lugares específicos, pero cuando uno cruza mapas, se mira que lo que hay ahí es una correspondencia directa entre el crecimiento de estamentos militares, batallones y los lugares donde los proyectos extractivos neoliberales imperialistas invierten. Es una cosa nueva que el ejército de Colombia se moderniza y hace batallones minero-energéticos, viales.
¿De qué
se encargan?
Son militares que son también ingenieros. Se
encargan de construir la autopista y de defenderla. Ese negocio resulta
novedoso. El servicio militar supuestamente es para la protección de los bienes
públicos pero en la práctica está profundamente ligado a los intereses del
capital privado extranjero.
Y todo esto mueve mucho dinero. Por ejemplo,
en el 2012, el presupuesto de educación y salud sumados los dos no dieron para
apuntar lo que se invirtió en el sector de defensa.
¿Eso
significa que sigue aumentando la cantidad de soldados?
Claro. Cuando se aprueba ese
proyecto compartido con Estados Unidos, el Plan Colombia, al que le ponen un
nombre patriótico y lo presentan como un proyecto de cooperación militar que
tiene que ver con el afianzamiento de la lucha antiterrorista y antinarcóticos
en Colombia, pero también es una fuerza
de control territorial militar en la región. A través de ese proyecto, Colombia
asumió un compromiso de crecimiento del pie de fuerza.
Hubo un gobierno guerrerista, que ha sido
señalado por tener nexos con el paramilitarismo, que empezó a invertir de una
forma que no tenía precedentes en el sector de defensa y empieza a crecer el
pie de fuerza del ejército a través también del servicio militar. Si ves la
gráfica de los miles de personas que han pasado el servicio militar, empieza a
crecer y crecer desde el gobierno de Álvaro Uribe.
¿El Plan Colombia sigue vigente en la actualidad?
No, ya no. Ahora es Peace Colombia. Lo curioso
es que el gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente actual, que es el
gobierno de la paz, tiene unas cifras
mayores que el de Uribe en el reclutamiento militar obligatorio.
Tenemos que ver qué compromisos asumió el gobierno con Estados
Unidos porque en el Plan Colombia había unos compromisos relacionados con el
crecimiento del pie de fuerza y ahora el Peace Colombia no sé si hace referencia
a eso.
En cualquier caso, estos no son proyectos
autónomos de los gobiernos autónomos y soberanos que el pueblo elige en
democracia. Esto es un negocio, unos compromisos internacionales y unos
acuerdos comerciales con el capital trasnacional.
Fuente: ASOOC
Si el
servicio militar es obligatorio, ¿cómo hace el gobierno para subir y bajar las
cuotas de reclutamiento según su voluntad?
El gobierno establece una cuota anual. Vienen
los militares y reciben la cuota. Cuántos jóvenes hay en edad de hacer el
servicio militar no importa. Como los jóvenes están mamados de que los maten,
no van a hacer la mili. Como no van y esos manes
tienen que cumplir con esa cuota, se ven en la
obligación de ir a algunos barrios y montarlos en un camión y
reclutarlos obligatoriamente, o forzadamente. Salen a las calles a tomar a la
gente de forma arbitraria, indiscriminada, para cumplir con la cuota. Es lo que
se hablaba de las batidas, que son esas redadas con camiones en las calles
pidiendo libreta militar y quien no tenga libreta militar pues para el camión.
Una de
las formas de hacer obligatorio el servicio militar es que sin la libreta
militar no te dejaban estudiar ni trabajar. ¿Esto sigue siendo así?
Hasta hace muy poco tiempo se necesitaba para
estudiar y trabajar. Se quita como requisito para graduarse en la universidad.
Podías estudiar pero no te daban el título. Eso se quitó. Ahora lo que quieren
hacer es que no te puedan rechazar en ningún trabajo por no tener libreta
militar, pero tienes que inscribirte en una página web y tienes 18 meses a partir
de entonces para pagar la libreta militar. Después de cumplir este requisito,
puedes seguir trabajando. Es lo que contempla el proyecto de ley que se está
tramitando.
¿La
libreta militar te la dan cuando la pagas o cuando has realizado el servicio?
La libreta militar es el documento que
certifica que cumpliste la obligación de definir tu situación militar. Tiene
dos categorías. La primera es para aquellos que prestaron el servicio militar,
la segunda es que definieron su situación sin haber prestado. Es obligatorio en
Colombia, no el servicio militar, sino definir la situación.
¿Y
cuánto cuesta?
Las diferencias de precios dependen del
estatus socioeconómico. La Corte unificó un pago para las personas que están en
estratos 1, 2 y 3 de alrededor de 90 mil pesos (unos 30 euros). El resto dan
cuenta de su situación socioeconómica para que les hagan una liquidación.
El pago de la libreta es un mecanismo de
financiación del ejército que no es la fuente más importante de financiación, pero
si es muy importante porque, aunque sea muy bajo, esa plata es de libre
circulación. Para el 2013, que es la última cifra a la que logramos acceder
oficialmente, eran 27 mil millones de pesos. ¿Qué serán esto?, ¿10 millones de
euros que el ejército recibe? No se sabe qué pasa con esta plata. 10 millones
de euros de los que no tienen que rendir cuentas. En un país, en un Estado
casado con paramilitares, uno puede hacer sospechas, ¿no?
