jueves, 19 de enero de 2017

La ambigüedad que trae muerte en Colombia

La violencia en muchos países latinoamericanos es frecuente. Lo que distingue a Colombia es la cantidad de casos donde busca atacar un discurso político. Los asesinatos de personas que participaban en organizaciones sindicales, campesinas, afro, estudiantiles, indígenas o integraban alguna organización o partido político son cuantiosos.

Las organizaciones nacionales e internacionales y el Gobierno no logran ponerse de acuerdo acerca de la cifra de este tipo de homicidios en el 2016. Entre 58 y 116. Tomaremos una intermedia, de 85, del informe de la organización Front Line Defenders, que da cierto nivel de credibilidad al presentar un listado de las personas fallecidas. Según el documento, en todo el mundo fueron asesinadas 285 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Colombia, con casi un tercio de los casos, es el país con mayor número. No parece que se le haya dado mucho bombo a esta noticia, pese a lo impactante y trascendente que es.

Mannifestación de integrantes de Marcha Patriótica.
Fuente: Contagioradio.com

Para Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la sensación de que nada tan grave está sucediendo en el país probablemente tenga que ver con que las personas asesinadas son líderes en sus comunidades, veredas y pueblos. “Se mata en lugares lejanos de tal manera que en los centros urbanos existe la sensación de que nada malo está pasando”, declaró para el periódico El Tiempo.

Este tipo de asesinatos era común prácticamente en toda Latinoamérica en la década de los 80. También en los 90. Pero ningún país mantiene esa lógica de una forma tan sólida como Colombia en el presente siglo. Aquí sigue habiendo organizaciones alzadas en armas desde un discurso político e integrantes de organizaciones civiles asesinadas pese a no hacer uso de la vía armada.

El uso de las armas para atacar o defender un discurso político es un tema delicado que unos denuncian, otros justifican y otros evaden. Empuñadas por Estado, paramilitares y guerrillas, ni las organizaciones sociales se libran de los señalamientos, que pueden derivar en estigma. Concretamente, las organizaciones Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asociadas en reiteradas ocasiones con las FARC y el ELN respectivamente.

Ambos son movimientos amplios de izquierdas bajo los que se agrupan una gran cantidad de organizaciones afro, indígenas, campesinas, de personas sindicalizadas, integrantes de organizaciones de derechos humanos, personas desplazadas, prisioneras de guerra, ambientalistas y miembros del movimiento urbano y de la lucha estudiantil.

Desde ambas organizaciones se ha denunciado que sus supuestos vínculos con las guerrillas se han empleado para justificar los asesinatos de sus líderes. En el 2016, coincidiendo con la recta final de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano, han sido asesinados, según la Fundación Paz y Reconciliación, 14 militantes activos de Marcha Patriótica.

Esta organización criticó la impunidad ante estos casos, puesto que ninguno de ellos está siendo investigado, según declaró a finales de 2016 James Iván Larrea, vocero de Marcha Patriótica en el departamento del Valle del Cauca.

Esto hace que resulte entendible que quienes integran el Congreso de los Pueblos estén temerosos de lo que pueda ocurrir ahora que parece que va a comenzar la fase pública de las negociaciones del Gobierno con el ELN.

Uno de sus integrantes, Olimpo Cárdenas, admitió respeto y reconocimiento "a lo que originó ese tipo de lucha en esas organizaciones insurgentes", pero denunció que “tratan de hacerse los locos porque vincularlos (al ELN con el Congreso de los Pueblos y a Marcha Patriótica con las FARC) les permite hacer la guerra sucia. Si yo vinculo al Congreso con el ELN puedo fácilmente golpear a los líderes del Congreso como ya se hizo y asesinarlos o encarcelarlos por ser del ELN. Una cosa es que seas parte de una insurgencia armada y otra es que seas parte de un movimiento de oposición, revolucionario, amplio, de masas, de una sociedad”.

Mientras Marcha Patriótica está trabajando para que se investiguen los asesinatos, se acabe con la impunidad al respecto y se comiencen a implementar los recién firmados acuerdos de paz de las FARC y el Gobierno, el Congreso de los Pueblos se prepara para formar parte activa en la mesa de negociación de Quito entre el Gobierno y el ELN.

La Mesa Social para la Paz

El Congreso de los Pueblos organizó un Congreso para la Paz en el 2013, momento en el que se estaban dando las negociaciones entre el Gobierno y las FARC y se habían anunciado las exploraciones de paz con el ELN. “La gente no quería ser solamente espectadora de procesos entre guerrilla y gobierno, quería opinar y ser tenida en cuenta”, explicó Cárdenas, quien reprobó que desde el Gobierno y desde la mayoría de medios de comunicación se limiten a identificar la paz con el fin de las armas: “Quieren que las insurgencias armadas se desmovilicen y creen que eso va a traer la democratización del país, olvidando todo lo demás”.

Fruto de este Congreso surgió la iniciativa de armar una Mesa Social para la Paz. Su pretensión es ambiciosa: incluir todas las corrientes políticas, sociales e ideológicas que existen en el país. Esto englobaría a la población que no está organizada y a quienes tienen una visión adversa. El objetivo es que estas voces dialoguen en torno a qué cambios son necesarios para lograr la paz y alcancen un acuerdo que sirva de insumo en la mesa de negociación que está tratando de arrancar en Quito entre el ELN y el Gobierno.

Al lanzamiento de la Mesa Social para la Paz llegaron integrantes de corrientes políticas diversas.
Fuente: Mesa Social para la Paz.

La propuesta casa perfectamente con uno de los puntos clave acordados por el ELN y el Gobierno: la participación ciudadana. Desde el ELN se celebró el lanzamiento de la Mesa: “Que cuenten con nosotros en este esfuerzo de paz. La participación es el alma de esta mesa, es el punto uno de la negociación. Construir una visión común de paz que sea viable”, enunció Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla, en un video proyectado en el evento de lanzamiento de la Mesa Social el pasado 3 de noviembre.

Algunos miembros de la Mesa opinaron que el Gobierno no desea que la participación ciudadana sea tan amplia, puesto que no es lo mismo poner `líneas rojas´ a una negociación con la insurgencia que ponérselas a un diálogo con la sociedad civil. El Gobierno puso unos límites para negociar con las FARC que son clave en la agenda de la Mesa Social para la Paz, como reformas de fondo en salud y educación y plantear un nuevo modelo de explotación minero-energética.

Por eso, esos mismos miembros creen que una buena parte del pulso inicial entre Gobierno y ELN será acerca del alcance de esa participación de la sociedad civil, fundamental, según afirman, en el planteamiento político del grupo insurgente. 

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