Una sonrisa cómplice asoma en la cara de Marta Restrepo mientras va deshojando la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en su país. La integrante de la Red Feminista Antimilitarista expone que tras la lucha por erradicar los cultivos ilícitos se esconde el combate a la insurgencia armada y, tras éste, la codicia de las multinacionales por los recursos del país.
Esa táctica de perseguir las plantaciones en
el campo, junto con la persecución al microtráfico en las ciudades, hace que
quienes terminan en la cárcel sean los eslabones más débiles de la cadena,
fácilmente sustituibles. Así se explica cómo las millonarias inversiones en esta
lucha apenas rozan la estructura en la que se fundamenta el negocio, la de los grandes narcotraficantes, los
del lavado de dinero, los que entran y salen del país sin despeinarse y le hablan
de tú a la clase política, indudable cómplice. Pero esto podría cambiar.
¿Cuál ha sido el modelo de persecución a las drogas en Colombia?
La historia del combate a las drogas en
Colombia es imposible no verla en una relación de dependencia hacia los Estados
Unidos porque, básicamente, las políticas antidrogas en Colombia han sido un
mandato producto de una supuesta vía de cooperación entre Estados. Los
intereses que han primado realmente son los que los Estados Unidos tienen en
ese combate.
En Colombia, esa política antidrogas ha estado
fundamentalmente ligada a una
problemática contrainsurgente. Es una práctica militarista que privilegia el
control territorial militar más que perseguir realmente el negocio
trasnacional, que significa perseguir a los que fabrican los químicos con los
que se modifica la pasta de coca, perseguir el lavado de capitales, la plata
que sale hacia los paraísos fiscales o la relación entre políticos y
narcotráfico. Es más fácil desarrollar esa política sobre la
vía de la erradicación del cultivo, que pone de inmediato el militarismo en el
territorio rural, en donde se ha librado históricamente la guerra de guerrillas
que vive este país.
El componente de la política antidrogas, que en su momento se llamó el Plan Colombia, siempre decía que había un componente militar y un componente social. Por un lado se asperjaba químicamente con glifosato y supuestamente se intervenía socialmente para que esas comunidades transitaran hacia otra economía. Realmente eso nunca se dio. Además, esa lucha antidrogas se desentendió de una política de salud pública en el territorio colombiano para disminuir el consumo. Entonces encontramos una guerra militarista en el territorio y un aumento del consumo y el microtráfico en la ciudad.
¿Cuáles
son los intereses de Estados Unidos en Colombia?
Colombia tiene aguas en dos mares, es el país
con mayor biodiversidad del mundo, tiene agua dulce, tiene minería, tiene
petróleo, tiene carbón… tiene todo. Entonces el suelo de Colombia es de
importancia estratégica para los Estados Unidos en términos de poder acceder a
la riqueza del suelo colombiano mediante las multinacionales.
Hasta como el 2010 hubo un plan en el que los
Estados Unidos establecen cinco bases militares. Eso no sucede sino en campos
de guerra. Estados Unidos pensó que la derrota militar de
la insurgencia era estratégica para poder acceder a ese territorio que todavía,
de alguna manera, las insurgencias custodian. Por supuesto, cada vez menos. No
es lo mismo la insurgencia antes del Plan Colombia a la de ahora.
Esa cooperación militar significó traer tropas, dinero, armas, inteligencia militar y generó muchas pérdidas a las FARC, pero todo eso venía enmascarado como un plan de cooperación antidrogas. No en una intervención directa como en el caso de los contras nicaragüenses o Iraq, que fuimos porque allá había una guerra y había que perseguir a unos rebeldes y matarlos. Aquí ellos nunca dijeron eso. Ni el congreso colombiano habría aprobado eso. Se presentó un plan de cooperación técnica, militar y social para erradicar el narcotráfico a una sociedad que había vivido los 80 y 90 asfixiada por la criminalidad del narcotráfico.
Esa cooperación militar significó traer tropas, dinero, armas, inteligencia militar y generó muchas pérdidas a las FARC, pero todo eso venía enmascarado como un plan de cooperación antidrogas. No en una intervención directa como en el caso de los contras nicaragüenses o Iraq, que fuimos porque allá había una guerra y había que perseguir a unos rebeldes y matarlos. Aquí ellos nunca dijeron eso. Ni el congreso colombiano habría aprobado eso. Se presentó un plan de cooperación técnica, militar y social para erradicar el narcotráfico a una sociedad que había vivido los 80 y 90 asfixiada por la criminalidad del narcotráfico.
Desde el gobierno también se ha acusado a la guerrilla de dedicarse al
narcotráfico.
La teoría de los gobiernos colombianos siempre
ha sido que la guerra se financia con el dinero del narcotráfico. Ese argumento
ha sido el combustible de la guerra, pero eso no siempre fue así. La presencia
de las insurgencias en el tráfico de drogas no es de 50 y punta años de guerra.
Sólo que, como esos territorios rurales siempre han estado en disputa, los
impuestos, el efectivo, han estado mediados por quien tiene el control del
territorio, en algún momento las insurgencias o los paramilitares y en otros territorios
exclusivamente los narcotraficantes, sin ninguna afiliación ideológica. Pero es una realidad de subsistencia en el
territorio. Es el negocio del momento, el negocio que es posible por el
empobrecimiento del campo, por los tratados de libre comercio. El campesinado
no encuentra qué hacer.
¿Por
qué se persiguen los delitos menores y no los delitos estructurales vinculados al
narcotráfico?
Porque en Colombia es imposible mirar el
mantenimiento, el auge y el crecimiento de los cultivos y del narcotráfico y lo
exitoso como negocio si no entendieras que hay políticos detrás, que hay
corrupción, que hay financiamiento de campañas electorales, que hay cambio de
leyes. No se
puede entender que haya crecido una mafia sin una relación con la política. Y
eso no es exclusivo nuestro, una mafia sin políticos es imposible.
Dentro
de esta lógica, ¿quiénes van a las cárceles colombianas por narcotráfico?
Cuando cogen un laboratorio, ahí en el
laboratorio toman presas a personas que hacen diferentes trabajos. En el
narcotráfico hay una división del trabajo y también es sexual. Está el químico, el raspachín y el propietario del pedacito
de tierra.
El raspachín es el que siembra la
mata, la saca, la pisa y ahí entra el quimiquero, que en muchas
regiones del país son hoy mujeres, que son las que adicionan los químicos. Nos encontramos con que cocaleros, cocaleras,
raspachines o quimiqueras, que son la base del trabajo productivo, son los que
son encarcelados. Igual, cuando hay extinción de dominio se extingue sobre una
familia campesina que son dos viejitos y hay 300 o 400 matas ahí. ¿Qué
es la extinción de dominio? Si usted en su propiedad
tiene un negocio de droga, yo, Estado, le quito su propiedad porque
entiendo que es producto de ese negocio ilícito, pero además le llevo a
la cárcel.
¿Cómo
afecta este modelo de persecución a las mujeres?
En
muchas regiones del país, producto de la
guerra contrainsurgente, las mujeres se quedaron solas en el campo.
Ellas son las que siembran, son las cocaleras. En Arauca y en Bocoa, al
suroriente del país, ellas son mayoritariamente las que
conforman las asociaciones cocaleras. También porque en algún momento
pensaron que ser mujeres las iba
a proteger de la criminalización.
En la parte urbana cada vez más se desempeñan
como microtraficantes. Son las que arman, empacan y, en algunos casos,
venden en una plaza o en una casa. Los hombres ocupan un lugar de
cuidado, de seguridad. Al momento de hacer la persecución al microtráfico ahí
están las mujeres, que están casi siempre solas porque están en un escenario
de narcotráfico que ha tenido sicariato. Muchas han perdido a sus maridos por
haberse enlistado militarmente en las mafias. Otras vinieron desplazadas, vienen
solas porque a sus maridos los perdieron o se quedaron en la guerra. Entonces
son mujeres solas con hijos e hijas.
A esas mujeres es a las que se les aplica la
extinción de dominio. Alrededor del 60% de la gente que va a la cárcel en Colombia es por drogas y, en ese porcentaje, entre el 11 y el 15% son mujeres.
En el país podemos tener alrededor de cuatro mil
mujeres presas por microtráfico, o sea, por delitos de narcotráfico que no son
violentos, lo que quiere decir que ellas no han asesinado a nadie, no han
portado un arma, no han producido un desplazamiento forzado por eso, sino que
se han dedicado a vender en la plaza. Esto equivale al 32% del total de mujeres presas. Muchas de ellas en
relaciones de control social territorial donde no hay otra opción. Otras, sus
compañeros las meten al negocio, les dejan la mercancía para que ellas la
vendan. Ellas ni siquiera saben cómo llegó ni nada sino que son simplemente las
que están detrás de una puertica, venden, entregan y reciben el dinero. Ellas
no saben más del negocio porque se mantienen al margen.
Las mujeres que terminan vinculadas al
microtráfico lo hacen como una salida última, por no tener la posibilidad de
tener otro empleo o por ser un empleo que podría representar algún nivel de
autonomía y que está asociado con la necesidad de estar en casa y cuidar a los
hijos e hijas porque no hay nadie más que apoye en el cuidado.
Dices
que muchas acaban en prisión, ¿el encarcelamiento les afecta de manera
diferente?
Lo que sigue pareciendo para esta sociedad
natural es que exclusivamente las mujeres se hacen cargo de las familias. Si
las mujeres llevan la carga de la familia, al ponerlas en la cárcel eso pone en
mayor vulnerabilidad al resto del grupo familiar. Como ella era la única fuente
de ingreso, puede que miembros más jóvenes de su familia se desplieguen hacia
esa o cualquier otra actividad ilegal o que ella tenga que, desde la cárcel,
estar en constante preocupación por sus hijos e hijas, dónde están.
Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), el 45% de las mujeres encarceladas en 2014 (3,830) habían sido condenadas por delitos de drogas.
Además, a veces también fue delatada porque es más fácil entreguemos a esta mujer que con eso damos un positivo
(una captura falsa) en la policía y la policía muestra la gran captura pero ella es la más débil de
la cadena. El más grande de la cadena, el que acumula, el que tiene todas las
rutas, el que viaja entre París, Nueva York, Argentina, Brasil, Chile..., ese no,
ese además puede salir del país todas las veces que quiera.
Las mujeres están confinadas territorialmente
en una casa y ahí está su mayor vulnerabilidad porque, aunque supuestamente han
cometido un delito que atenta contra la salud pública, son mujeres sin ningún
poder en lo social.
Ese tipo de cosas hace que el castigo que se
produce sobre las mujeres sea absolutamente desproporcionado. La política
antidrogas de persecución al microtráfico en Colombia, además que ya de por sí
es injusta, representa una desproporción en términos de la aplicación de
justicia y eso constituye una vulneración de derechos humanos de parte del Estado
colombiano.
Eso tiene que cambiar, tendría que ser abolida
esa persecución. Todos esos recursos en la persecución del microtráfico y ese
silencio respecto a los grandes responsables, lo que hacen es que toda la
cadena crezca, pero además abandona una política de salud pública que respete los
derechos de los consumidores y las consumidoras y que tienda cada vez más hacia
un escenario de regularización.
Existen
varios puntos en los acuerdos de paz que se han firmado entre el gobierno y las
FARC-EP donde se abordan aspectos relativos a las drogas ilícitas, ¿qué aportan
a esta problemática?
El acuerdo solito de tierras aporta en tanto
que nombra por primera vez la necesidad de subsidiar el campo colombiano. Esto
es que el campesinado pueda sostenerse cultivando los alimentos que necesitamos
para vivir, siendo la pertenencia de la tierra del campesinado. Eso es un
elemento que sería vital para no tener que depender del cultivo de la coca y de
la amapola. Que la vida campesina pueda desarrollarse en un
trabajo digno que dé ingresos para el sustento familiar quita un factor de
desplazamiento hacia la ciudad. Además, el acuerdo de tierras plantea programas
de soberanía alimentaria. En el campo colombiano se podrían producir todos los
nutrientes para alimentar a un ser humano pero no sucede así.
¿Este
acuerdo de tierras hace alguna referencia explícita a las mujeres?
En el acuerdo se plantea la titulación de la
tierra como un patrimonio de familia, favoreciendo la devolución y la
titulación de tierras a quienes la han habitado, privilegiando que eso se haga
a nombre de las mujeres. Siempre han sido las mujeres las que más siembran el
pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidad
alimenticias) para la autonomía familiar. A la mujer le cuesta más asalariarse en el
jornal en el campo porque solo lo puede hacer como empleada doméstica. En cambio
el hombre se puede vender a múltiples tareas.
El acuerdo tiene una dificultad y es la
expansión del agronegocio, de que las personas, si no hay todo lo demás
coadyuvante, prefieran vender la tierra al agronegocio y venirse a la ciudad.
Eso puede ser si la identidad o el arraigo campesino no se protegen,
protegiendo el territorio de nuevos hechos de violencia, de control militar y
si se hace todo lo que el acuerdo pide en términos de inversión en el campo. El
acuerdo pide que en el campo tiene que haber salud, educación, electrificación,
vías. Eso sería un coadyuvante.
Además
del acuerdo de tierras, ¿en qué aportan los acuerdos?
En el específico de drogas plantea que en las
zonas donde hay coca se va a hacer un proceso de sustitución. No se va a
fumigar más, no se va a llevar cuadrillas a que arranquen, sino que los cocaleros
y las cocaleras van a poder decidir planes municipales participativos para la
erradicación. Ya no vendrá un gran plan nacional, sino que las comunidades, de
acuerdo a su realidad, se organizarán, pactarán un plan con el Estado
colombiano con unas metas y desarrollarán ese proceso de sustitución. El cambio fundamental es que habrá
participación, se convierte al cocalero o cocalera en un actor político para el
campo. Eso es vital.
El otro componente que tiene es el de la salud
pública con un cambio del tratamiento a los y las consumidoras. El acuerdo es
muy enunciativo, habrá que ver cómo se aterriza en transformaciones jurídicas,
institucionales y políticas, que es donde nos toca hacer la fuerza.
¿Ya no
se va a perseguir a quienes cultivan coca?
No, es más, ya se viene haciendo en el sur del
país el plan piloto de sustitución. Tienen que ver cómo funciona la cooperación
insurgencia-Estado-comunidades.
El año pasado hubo un encuentro de unos 350
cocaleros y cocaleras que se reunieron por primera vez de manera pública a
pensarse y ellos son los que producen gran parte del insumo que va a la mesa de
negociación. Fue importante que salieran a nombrarse como cocaleros y
cocaleras. Eso en Colombia no se había dado antes, eran criminales. Fue con el
apoyo de una fundación internacional, Open Society, la de George Sorus, el
mecenas estadounidense. Él fue el que financió ese encuentro.
¿Esto
significa que ya no se encarcelará a las cocaleras?
Las mujeres que hoy se encuentran presas porque
estaban en funciones de microtráfico, cocaleras y eso, tendrán que quedar
libres bajo el acuerdo de justicia.
¿De qué
cifra estamos hablando?
Producto de un cambio en la política antidrogas y la aplicación de la justicia transicional de los acuerdos, podrían salir de las cárceles alrededor de 20 mil personas entre presos y presas sociales y políticos, que están en las cárceles por el delito de rebelión y a quienes se les ha aplicado de forma conexa el delito de narcotráfico.
Producto de un cambio en la política antidrogas y la aplicación de la justicia transicional de los acuerdos, podrían salir de las cárceles alrededor de 20 mil personas entre presos y presas sociales y políticos, que están en las cárceles por el delito de rebelión y a quienes se les ha aplicado de forma conexa el delito de narcotráfico.
Pero las otras, que
no tienen ninguna relación con la insurgencia, se dice que habrá un cambio en
la política en la que ese delito no será objeto de prisión.
Extraído de la investigación Mujeres, política de drogas y encarcelamiento |
Lo que pasa es que si cambia la política yo ya
no voy a seguir persiguiendo el microtráfico. Yo me voy a ir a las estructuras
criminales que sé dónde cruzan, que sé por dónde sacan la droga, por el mar,
las que mueven grandes capitales, yo me voy a ir a perseguir eso.
Y si además hago un pacto y cada vez tiendo
más a la liberación regulada, pues eso ya no va a ser tan buen negocio,
entonces cada vez voy a tener menos gente que quiera ser parte de eso porque ya
no va a ser rentable.
Hola, Begoña, soy Nuchi. Sabrás que este tipo de trabajo y su difusión nos interesa mucho a las Mujeres Clara Campoamor. Mi enhorabuena por tu trabajo y por hacer visible la situación de estas mujeres colombianas. Te parece que difundamos a traves de todos los cauces de los que disponemos como asociación? Un abrazo grande.
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