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viernes, 10 de febrero de 2017

"El Estado español te acoge pero no te permite seguir políticamente vivo"

La historia del grupo de música “propuesta” Pasajeros es una de esas que merecen ser contadas. Lo sospeché cuando la oí por encima, pero al entrevistar a uno de sus componentes, Leonardo Rúa, no imaginaba lo intensa e interesante que sería, ni que a través de ella aparecería la de una ciudad: Medellín.
Pasajeros se formó en 1991 con canciones que buscaban hablar de la realidad que les rodeaba. Su lírica atinó tanto que fueron amenazados, encarcelados y empujados a pedir asilo.

¿Cómo arranca el grupo Pasajeros?
Se funda con tres integrantes, nos damos a la tarea de hacer canciones que hablen de nuestra propia realidad. En la década de los 90, había empezado a implementarse en Colombia la política neoliberal que trajo el presidente César Gaviria y que provocó muchos cierres de empresas y, por lo tanto, mucho movimiento obrero en contraposición. El acompañamiento constante del grupo en las tomas de empresas, en actividades culturales, eso fue marcando los primeros años de los 90.
Medellín era una ciudad industrial por excelencia, era el 80% del Producto Interior Bruto del país, con una gran industria que se sustentaba más que todo en la parte textil. Había unas 20 empresas textileras aquí grandes, como Coltejer, Tejecom, Fabricanto.
Se van porque, con la entrada de las políticas neoliberales, a las empresas locales y a las extranjeras que estaban aquí funcionando les era más barato abrir una base en México con cero sindicato, cero servicio pensional y mano de obra más barata.

Leo Rúa, cantante del grupo Pasajeros.

¿Aquí si había derechos laborales?
Sí, claro. Había sindicatos fuertes. Los destruyen con esa apertura económica. Los obreros se tomaron las empresas porque lo iban a vender todo y les iban a dejar sin su patrimonio. Con el grupo les apoyamos con la dinámica cultural para la resistencia en los campamentos que crearon en las empresas que iban a ser desalojadas. Todo el movimiento social se vuelca allá para apoyarlos hasta que logran llegar a unos acuerdos con la empresa. En ese proceso fueron más de 300 empresas que cerraron en Medellín.
Cuando esto se rompe, se rompe una cadena generacional de esperanza de empleo y todas estas vacantes que quedan se vuelven el caldo de cultivo de la violencia estructural que ya venía atrapando un personaje que era Pablo Escobar desde los 80. Ellos pasan a engrosar las filas de desempleados y los grupos de delincuencia común. Se financian del microtráfico, trabajos sicariales, hurtos y esas cosas.
En esa misma década de los 90, surgen en los barrios las milicias populares, que son una respuesta a esa violencia estructural que se formó porque, con el desempleo, los jóvenes no vieron otra opción que meterse ahí, al dinero fácil. Y el Estado, en lugar de propiciar fuentes de empleo, las estaba acabando en esta ciudad. Eso generó un gran ciclo de violencia que parecía interminable, entran las milicias y las bandas de los barrios.
Los organismos de seguridad llegan a los barrios y, si veían a 5 chicos parados en una esquina, lo que hacían es dispararles. Le llamaban “la fumigada”, la mal llamada limpieza social. El movimiento cultural que te venía relatando nace en respuesta también a eso. No podemos permitir que sigan matando a los jóvenes de esta ciudad.
Se empiezan a formar unos colectivos culturales muy importantes en los barrios con el fin de llegar a aquellos barrios donde el Estado no ha llegado, no solamente con cultura sino también con educación, salud… con atenciones básicas.

¿Desde los movimientos barriales se suple la salud y la educación?
Si. El Estado había llegado a algún barrio de las comunas populares de Medellín. Hacían el centro de salud pero no llevaban médicos, hacían el colegio pero no ponían profesores. Después de algunos años de permanecer vacíos estos espacios, la comunidad decide juntarse a través de las Juntas de Acción Comunal, convocar a estudiantes y a grupos culturales y una vez visto esto se decide ocupar estos espacios y traer los estudiantes de la universidad para que vengan y hagan sus prácticas aquí y nos ayuden con la gente.
Empieza a haber un movimiento muy fuerte alrededor de todos los barrios populares de Medellín. Se juntaba una cantidad de gente no solamente a trabajar para la comunidad sino también a los eventos culturales. Como parte de esa formación que se les ofrecía a los muchachos en la parte artística y cultural, salían talleres de poesía, literatura, música, telecomunicaciones, danza, teatro, que se desarrollaban en esos mismos espacios. Ésta era una forma de robarle jóvenes al conflicto, que además era muy fuerte en esos momentos. Desde los 80, 90 y 2000 hay tres generaciones de jóvenes varones asesinados.
Hay otra respuesta del Estado y es que cuando entran las milicias a las comunas de Medellín, el Estado para contrarrestar esto coopta a los ejércitos de reserva que dejó Pablo Escobar tirados, les da armas, les da vehículos, les da poder, les pone un uniforme gris y les pone un nombre muy bonito: Cooperativa de Vigilancia Convivir. Arman a los jóvenes que trabajaban con la mafia en la protección del pueblo contra las milicias. Es, de alguna manera, el inicio del paramilitarismo en la parte urbana.

¿Cuál es el argumento del Estado contra las milicias?
Únicamente decían que la guerrilla se estaba tomando la ciudad y tenían que contrarrestar eso. Las milicias urbanas nacen como un fenómeno de autodefensa contra las bandas de delincuencia que venían azotando los barrios con mucha violencia. Homicidios, violencia sexual, cobro de vacunas… Fue una década donde se contaban cada semana 100, 150 muertos en la ciudad de Medellín.
También empieza a darse la incursión paramilitar, no sólo con las Convivir, sino que el Estado empieza a traer hombres del Urabá antioqueño a la ciudad para sacar a las milicias de los barrios. Frente a la histeria que había de que la guerrilla se iba a tomar la ciudad, se la terminan tomando los paramilitares.

Sería complicado trabajar en los barrios con semejante contexto.
Había barrios donde no solamente era suficiente hablar con la acción comunal del barrio sino que además había que pedir permiso al jefe de las milicias o al jefe de la banda criminal o al grupo paramilitar de ese barrio. Generalmente los grupos paramilitares no permitían ese tipo de actividades.
El mensaje era que no nos podíamos quedar parados en la esquina esperando que el Estado venga y nos mate. “Venga, aprovechemos sus cualidades, ¿qué puede hacer?, ¿qué podemos construir?, ¿le gusta cantar?, ¿bailar?, ¿una actividad cultural?” Primero lo mostrábamos y luego presentábamos los talleres.
Éramos muchos. Lo hacíamos a través de la corporación cultural La Aldaba. También estuvo un tiempo apoyando ese proceso la ONU. De ese modo había un nombre muy grande para poder entrar tranquilamente a esos barrios y hablar con los actores armados. Al llegar con el nombre de la ONU la gente pensaba que era algo importante.

¿Os fuisteis haciendo famosos en este proceso?
Si, un poquito.

Una de las canciones míticas del grupo.

Hay un episodio que marca vuestras vidas.
En el 2004 estábamos apoyando un gran paro cívico que hubo en el norte del Valle de Aburrá en contra de un peaje que iban a poner cerca del municipio de Copacabana dentro del área metropolitana.

¿Cómo afectaba ese peaje a la comunidad?
Casi toda la gente que vive allí trabaja en el sur. Al desplazarse saliendo de su municipio encuentran un peaje, lo que incrementa los costos. Es un municipio de clase media baja. Fueron dos meses de paro cívico muy fuerte y cuando estaban negociando con el Estado, los promotores del paro nos piden que participemos de un concierto. En un gran operativo nos detienen a los músicos del grupo Pasajeros bajo cargos de terrorismo y rebelión. Fue un gran operativo del cuerpo élite antiterrorista de la policía, pero también participó el ejército. Éramos cinco miembros, pero iban a por los fundadores, que éramos tres.

¿Cuántos integraban el operativo?
Muchos, para cada uno de nosotros había un pelotón de 10 policías con unas armas que ni ellos podían con ellas. A cada uno nos llevaban en un vehículo diferente, custodiados como si hubieran capturado a Fidel Castro. Una cosa impresionante, desproporcionada para capturar a tres peludos músicos.

¿Hasta entonces habíais sufrido amenazas?
En los 90 la presencia del Estado en cuanto a persecución al movimiento social era muy fuerte. Todo lo que estuviera contra el Estado olía a subversión y era objeto de persecución. Cuando salías de algún sitio siempre veías el mismo coche, tipo camioneta, cuatro puertas de vidrios oscuros, con cuatro personas adentro, mutilados (con la cabeza rapada), como policial, con los vidrios abajo.
La misma descripción de los vehículos con los que ya sabíamos que iban a los barrios a asesinar a los jóvenes. Como ya todos sabíamos qué estaba pasando, cada vez que salíamos de alguna sede, reunión o concierto, lo primero que hacíamos es mirar quién había por ahí.
Hubo llamadas telefónicas varias veces pidiéndonos que nos fuéramos del país, que nos calláramos, que nos iban a matar si seguíamos cantando y haciendo bulla contra el Estado. Eran llamadas típicas de las fuerzas del orden acá.

¿Tomasteis medidas de precaución?
Si. Por ejemplo, no vivir más de seis meses en una misma vivienda. Al centro de la ciudad no se podía venir o, por lo menos, venir solo. A ciertos barrios, bares y sitios, llegó un momento en que ya no podíamos ir. De hecho, antes de la detención hubo una llamada que fue la amenaza más fuerte. Fue en una mesa de paz en la universidad nacional amenazándonos, diciendo que nos iban a callar la boca porque estábamos hablando muchas cosas cuando cantábamos.
Seis meses antes de la detención, la situación estaba muy delicada y no habíamos vuelto a tocar en la ciudad. Tocábamos fuera, en otras ciudades o países como Cuba o España. Esas salidas nos daban un manto de protección porque nos retirábamos un poco y dejábamos que los ánimos se aplacaran, después de unos meses volvíamos y volvían las amenazas y nos teníamos que ir otra vez, pero nunca pensamos en salir del país porque eran amenazas y como que ya te estabas acostumbrando a vivir mirando en las vitrinas de los comercios quién te estaba siguiendo simulando estar viendo la ropa exhibida.

Las amenazas siempre las identificas con grupos del Estado
Lo que pasa es que aquí siempre actuaron las fuerzas del Estado en contra del movimiento social. Otra cosa es que paguen a sicarios de un grupo armado para que hagan el trabajo sucio y maten a líderes sindicales o sociales.

¿Qué pasa cuando os detienen?
Nos llevan a prisión, nos ponen una chapa grandísima de sindicación de terrorismo y rebelión. Algo que era muy difícil de demostrar. En esa época ya casi todo Medellín estaba cooptado por el paramilitarismo, había un ideario político de eliminar a las milicias y todo lo que tuviera que ver con ellas y en ese momento incluía el movimiento social. Había desaparecidos, asesinatos selectivos, amenazas, vetos, no se podía ir a ciertas zonas. También las emisoras de radio cambiaron sus programaciones de radio de toda la vida y a cambio pusieron reggaetón. Eso va cambiando la mentalidad de la gente. Prohibieron escuchar canción social. La música de Pasajeros fue vetada por los paramilitares y por las fuerzas del orden en los barrios donde íbamos.
Para el 2004, el grupo estaba más grandecito, éramos cinco, con batero y bajo eléctrico. Antes éramos guitarra, bombo y vientos andinos. Jamás pusimos palabras directas en una canción, nuestra construcción era muy literaria, muy poética, pero reflejaba las dinámicas sociales que habíamos vivido, la desigualdad social que venía ampliándose en la ciudad.
La detención fue un hecho escandaloso. Sobre todo porque fue una detención sin orden de captura, abiertamente ilegal, porque se pasaron tres horas con nosotros dando vueltas a toda la ciudad sin saber qué hacer hasta que al día siguiente legalizaron.

¿Sabéis quién ordena esa detención?
Viene de una fiscal especializada antiterrorista. Tiempo después nos damos cuenta que la orden viene del alto gobierno. Para ese entonces era (Álvaro) Uribe el Presidente de la República.
La voz se corrió muy rápido porque siempre a los eventos nos acompañaban organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Nos trasladan a la cárcel de Bellavista, nos leen los cargos de terrorismo y rebelión, donde nos hacían parecer como si fuésemos los jefes de las milicias populares de todo Medellín. A uno le ponían que era el jefe de finanzas, otro el jefe político y otro el jefe militar. Tenían cinco declaraciones de cinco testigos que decían que eran desmovilizados, unos de las milicias del ELN, otros de las milicias de las FARC, pero todos recibían órdenes nuestras supuestamente. Eso era muy curioso porque cualquiera que tenga conocimiento de eso sabe que cada uno obedece a una línea de mando diferente.
Estando en prisión nos damos cuenta de que esos testigos si eran reinsertados, pero no de un  grupo subversivo sino del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas (grupo paramilitar que operaba en Medellín y se desmovilizó en el 2003). La fiscal les había inducido a dar testimonio contra nosotros. Ponían que ordenábamos homicidios, que habíamos dado dinero para comprar fusiles en no sé qué sitio o para poner bombas en algún sitio de la ciudad. Una serie de cosas que formaron un proceso de unos 500 folios. Impresionante.
También estaban documentados todos los seguimientos que habíamos notado que nos habían hecho, pero ninguno llegaba a una conclusión de que estuviéramos haciendo algo ilegal. Simplemente nos seguían y ya.
Cuando nos damos cuenta de este entramado que prepara la fiscalía para llevarnos a prisión, solicitamos las pruebas. Pasamos seis meses en prisión sin que ordenaran una prueba que nosotros pidiéramos. Es ahí donde interviene la ONU y con su intervención la Fiscalía se ve amenazada y entonces ordena las pruebas y el cambio de fiscal. La nueva fiscal mira ese proceso y ve que es ilegal, ordena las pruebas y se demuestra que los testigos eran falsos, que era un montaje judicial, lo que aquí llamamos un falso positivo judicial. Eso da como resultado que seis meses después salgamos en libertad.

Fragmento de la entrevista donde Leo Rúa narra su experiencia en la cárcel de Bellavista.

¿Qué hicisteis al salir de prisión?
Estuvimos tres meses bajo un programa de protección de defensores de derechos humanos en Bogotá, y es ahí donde llegan nuevas amenazas que venían directamente del DAS (el servicio de inteligencia colombiano de aquel entonces) y nos toca tomar la decisión de salir del país.
En esos tres meses en Bogotá tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Director Nacional de Fiscalías y él nos dice que la orden de la detención nuestra viene de altas esferas del gobierno y que es mejor que busquemos dónde irnos. Estuvimos nueve años en mi caso en el exilio.

¿Cómo os vais?
Amnistía Internacional ayudaba a sacar a la gente del país, pero nosotros no fuimos por ahí porque, por la premura, no dio tiempo a hacer el trámite necesario, había que esperar mucho tiempo y la cuestión era de inmediatez.
Unos amigos nos envían una invitación para hacer una gira de conciertos por el Estado español. Hicimos la gira de conciertos y fuimos a la oficina de asilo y refugio, a través del CEAR de España (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Pudimos llevar unos documentos que acreditaban la persecución del Estado, entre ellos la inclusión de la ONU del caso Pasajeros como caso tipo de la violación al derecho a la libertad de expresión en Colombia.
No fue fácil el exilio, no es fácil romper con tu vida tajantemente, con toda tu dinámica familiar, social, profesional, musical y llegar a un país donde no te conoce nadie, aunque habíamos estado de gira e hicimos otra a la llegada, realmente éramos un grupo que nadie conocía. Y lo que cantábamos obedecía a una dinámica muy de acá que la gente en España poco entendía.

¿Cómo se os recibe desde la institucionalidad española como asilados?
En términos de ayudas efectivas, nos llevamos una poco grata sorpresa porque en realidad la salida del país era para preservar no solamente la vida, sino la dinámica artística y musical que teníamos como grupo. Lo que nos propone el CEAR es ubicarnos a cada uno en una ciudad diferente de todo el Estado español, con lo que no cumplíamos el objetivo. No tenía sentido salir del país para estar desperdigados.

¿Cuál es el argumento que usa el CEAR?
La falta de cupos. Las políticas de ayuda al refugiado adolecen de muchas cosas. No hay un estudio personal del individuo que viene a pedir asilo en cuanto a sus capacidades, su formación académica, su experiencia laboral, sus expectativas de vida… simplemente eres un refugiado más, un inmigrante más que viene a hacer su vida a España, a rebuscarse.
Yo creo que el refugiado político no es un inmigrante económico, es un perseguido político, que tiene una historia, que tiene una hoja de vida de trabajo social que tiene que ser tenida en cuenta por los centros de ayuda. Veníamos buscando una dinámica que nos mantuviera políticamente vivos y eso no lo propicia el Centro Español de Ayuda al Refugiado. Por lo menos no en nuestro caso.

¿Crees que hay una intencionalidad de que no os mantengáis políticamente vivos?
Creo que hay políticas que no lo permiten y la conclusión lógica es que el Estado español es un aliado incondicional económica y políticamente del Estado colombiano. Si tú eres piedra en el zapato para el Estado colombiano, el Estado español te acoge pero no te permite o al menos no te deja fácil seguir desarrollando la dinámica que traes en tu Estado de origen.

¿Cuáles son los intereses de España en Colombia?
En ese momento, estoy hablando del 2005, había muchos intereses económicos de España en Colombia. Endesa, Aguas de Barcelona, el Canal de la Reina Isabel, Repsol y una multiplicidad de empresas que estaban explotando aquí los recursos minero-energéticos. Esas empresas eran objeto de acusación por parte de los movimientos sociales por la explotación, por los contratos basura, por la explotación de los recursos sin medir las consecuencias ambientales, por las concesiones fiscales que se les daba, 80 para la empresa y 20 para el Estado.

¿Qué pasa con Pasajeros?
En el 2008 logramos grabar un disco en España, el quinto trabajo que se llamó Bitácora de vuelo y ahí pusimos las canciones que hicimos durante la prisión y durante el exilio. Tuvimos giras por Suiza, Dinamarca, Francia, Suecia, España.
Me voy a Canadá y seguimos comunicándonos, ya podíamos hacer hasta video-ensayos con el avance de los medios de comunicación. Seguimos alimentando dinámicas y en el 2013 decido regresar a Colombia a retomar el trabajo que ha dejado el grupo acá. Había otro ya acá en Colombia, quedaba otro en España, otro se había ido a Venezuela.

¿Por qué decides regresar?
Cuando el DAS desaparece definitivamente veo condiciones para regresar al país. Migración cambia totalmente porque estaba manejada por el DAS. El gran peligro de los exiliados políticos era que, al regresar al país, tenían que pasar los filtros del DAS y muchos eran asesinados al salir del aeropuerto o días cerquita de haber regresado. Ya no estando ese filtro ahí puedes decir: “Ya puedo entrar”.

¿Cómo encuentras Medellín?
Se notaban ciertos cambios en la dinámica social, pero había mucho por hacer todavía. En 10 años, la infraestructura de la ciudad había cambiado mucho, se llenó de edificios, pero también cada vez más polarizada entre los barrios populares y la clase media- alta. La presencia del Estado había aumentado con casas de la cultura, bibliotecas, parques. El nivel educativo y de formación en pensamiento crítico siguen pendientes. Siguen haciendo cosas para que la gente no piense, no critique de forma constructiva.

¿Cómo encuentras al movimiento social?
Muy tímido. Para lo que era antes cuando había realmente un conflicto y un riesgo social, físico, de perder la vida. Muy temeroso. Muy ligado a las instituciones del Estado. Sin embargo siguen haciendo cosas.
En las ayudas que venían por cuenta de la cooperación internacional se cambiaron las condiciones y pusieron un filtro. Necesitabas que una institución del Estado te avalara. Se asfixió a organizaciones no avaladas por el Estado. Una manera de coaptar la manera de trabajar de las organizaciones sociales. Gran parte fue por el lobby que hizo en Europa Álvaro Uribe Vélez. El problema que planteaba Uribe es que esos dineros no pagaban impuestos al llegar directamente. Así les ponen filtros para que, con la excusa de la veeduría de la institución colombiana, escojo con quién se puede. Se quedan con gran parte del presupuesto y, de paso, es selectivo.

¿Qué es de Pasajeros hoy?

En mayo celebramos los 25 años. Presentamos temas viejitos, temas del exilio y temas nuevos, que no están grabados aún. Pasajeros es un proyecto social y musical y en esa dinámica vienen elementos nuevos. Hay una visión, una línea política, que sigue siendo la misma, puesto que las condiciones sociales no han variado mucho, solo la infraestructura. La base del conflicto social está sin resolver. 

jueves, 10 de noviembre de 2016

Cómo se logró que mucha gente creyera que los derechos de la comunidad LGTBI (o la “colonización homosexual”) estaban en disputa en La Habana



Toda Colombia lo sabe pero, más allá de sus fronteras, tal vez poca gente se enteró de que un factor trascendente en la abstención y en el voto en contra de los acuerdos de paz alcanzados entre las FARC y el gobierno fueron un conjunto de declaraciones en torno a algo que llamaron la “ideología de género”.

No surge de la nada, son un conjunto de temas en los que ya existía un tira y afloja. ¿Los temas? Los de siempre: derechos sexuales, derechos reproductivos y equidad de género. En este caso, sobre todo los primeros.

En los últimos años Colombia ha vivido importantes avances. Desde el año pasado, las parejas del mismo sexo pueden optar a procesos de adopción y este año se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. También a mediados de año se lanzó el borrador de unos manuales de convivencia dirigidos al personal docente y administrativo de los centros educativos donde se abordaba el respeto con el que debían tratar a sus estudiantes con respeto a su orientación sexual o su identidad de género. En palabras del viceministro de educación, Víctor Saavedra Mercado, lo que se pretendía era “que se eliminen expresiones o lineamientos que castigan las expresiones de género”. 

El documento no era una ocurrencia del ejecutivo, suponía cumplir una orden de la Corte Constitucional después de que un joven de 16 años se suicidara lanzándose desde la terraza de un centro comercial dejando una nota en la que confesaba que el acoso sufrido en el entorno escolar y familiar por ser homosexual se le hacía insoportable. La tragedia de Sergio Urrego conmocionó al país.
Pero no todo el mundo leyó esta iniciativa como una maniobra para tratar de atajar la discriminación en el ámbito educativo, hubo sectores fundamentalmente religiosos― que entendieron que se trataba de una especie de conspiración desde la comunidad LGTBI para “convertir” al resto.


Imagen de Colombia Diversa, organización que vela por los derechos de las personas LGTBI
Ante las actitudes fundamentalistas, las reacciones de la institucionalidad suelen ser cobardes. La ahora exministra de educación, Gina Parody, quien además es abiertamente lesbiana (algo que por supuesto fue usado en su contra), adujo que el manual no había sido elaborado por el Ministerio sino por una de las agencias de Naciones Unidas: el UNFPA.

El manual está escondido en algún cajón, víctima de uno de esos trámites que podría condenarle a la esterilidad.

¿Y los acuerdos de paz?

¿Qué tiene que ver todo esto con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC? En principio, nada.
En julio de este año se anunció que éstos serían los primeros acuerdos de paz donde se incluiría el enfoque de género de manera transversal. A la hora de explicarlo, el jefe de la delegación de Gobierno, Humberto de la Calle, sorprendió con un discurso conceptualmente rico dando cátedra sobre la diferencia entre sexo y género: “El enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social que son históricas, en el sentido de que son productos sociales no deterministas. […] El género evoca roles de dominación, de discriminación sobre todo a la mujer y a formas de identidad sexual diferentes. Y hasta nombró a Simone de Beauvoir. 

Hacer el enfoque de género transversal a los acuerdos supone muchas cosas. Por un lado, que se reconozca que las mujeres y la comunidad LGTBI han sido víctimas del conflicto armado de una forma diferenciada. Un punto clave es señalar la violencia sexual como delito de lesa humanidad no amnistiable ni indultable, teniendo en cuenta que el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, según datos de Medicina Legal. Asimismo, el desplazamiento fruto del conflicto se ha exacerbado en las mujeres. “Cuando una mujer es desplazada, se desplaza toda una familia o casi toda una comunidad”, apostilló Yiya Sandoval, integrante del movimiento ciudadano Paz a la Calle.
En el punto de participación política, se estableció la “promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos”, aunque no se logró aprobar la paridad. 

En el de reforma agraria se tiene en cuenta el papel de las mujeres y la importancia de que aparezcan como propietarias y titulares en la asignación de tierras, además de incluirlas explícitamente en planes y programas para la capacitación técnica o la distribución de semillas.

En cuanto a los cultivos ilícitos, al dejar de perseguir los delitos menores no violentos se salva a la mayoría de mujeres implicadas en estas redes, mujeres empobrecidas generalmente a las que se coloca en los puntos de la cadena más vulnerables.

Como ven, nada en relación al concepto de familia, de qué sexo deben ser sus componentes o su orientación sexual. Tampoco sobre si el enfoque de la educación en los centros escolares deba ser conforme al concepto tradicional de familia o abrirse a un concepto más abierto e inclusivo. No es que estas discusiones sean baladí, sólo que no se abordan en los acuerdos. Estas controversias se mezclan de forma malintencionada con los acuerdos.

Sería para reírse si no fuese por la cantidad de personas que lograron movilizar. Una amiga me contó que su madre siempre pensó en abstenerse hasta que un día regresó del culto evangélico convencida de que debía votar por el `no´ “para que no nos impongan el homosexualismo”.

¿Quiénes generaron este malentendido? Personajes como el exprocurador general, Alejandro Ordóñez, la procuradora para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, Ilvia Myriam Hoyos, la senadora del Partido de la U el partido del presidente Juan Manuel Santos, por cierto, Ángela Hernández, la senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, líderes de varias iglesias, fundamentalmente evangélicas, y, por supuesto, uno de los principales portavoces de la campaña del `no´, el senador y expresidente del Gobierno, Álvaro Uribe Vélez.
Todos pusieron en el centro del debate la defensa de la familia tradicional, los valores y principios religiosos que, en su opinión, estaban siendo amenazados por la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo Final. En otras palabras, se distorsionó la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de forma malintencionada mediante un discurso homofóbico.
Yiya Sandoval acusó a estos sectores de querer regresar a un “enfoque familista” negando la laicidad del Estado colombiano e irrespetando los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.

Desde Paz a la Calle, Paola Vargas reflexionaba: “Esto fue un sacudón para ver que tenemos que salir de nuestras esferas políticas y hablar con los demás porque el tema de género no está muy claro. Así se logre firmar los acuerdos, la implementación depende de una educación mucho más profunda”. 

Yiya Sandoval (izquierda) y Paola Vargas, de la Comisión de Género de Paz a la Calle.
Después del plebiscito

La controversia no termina con el plebiscito. Una vez que gana el `no´ por un estrecho margen, comienzan las conversaciones y tanto el gobierno como las FARC buscan dialogar en torno a los temas sobre los que no hay consenso. Entre ellos, la ideología de género. Hay que tener en cuenta que el fenómeno cristiano en Colombia cuenta con 6.000 iglesias, según datos de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Unos 15 millones de feligreses.

Las iglesias cristianas plantean cosas como la defensa del concepto tradicional de la familia, que el término género se circunscriba a sexo únicamente y que se garantice el derecho de padres y madres a educar conforme a sus valores. 

La comunidad LGTBI demandan que el acuerdo entre gobierno y FARC no abarque la definición de familia, matrimonio o adopción por parejas del mismo sexo, por no tener relación con ninguno de los puntos.

Santos ya ha dicho que el enfoque de género se queda en los acuerdos, pero la ideología de género no está incluida, ni se va a abordar el concepto de familia en La Habana. 

Falta mucho para aceptar que el género es una construcción social donde también entra la orientación sexual como una decisión individual influida por múltiples factores, frente a la idea de que sexo y género van de la mano por voluntad de una deidad y toda forma de sexualidad no heterosexual no es “legítima”.

Como indicaban las integrantes de la Comisión de Género de Paz a la Calle, lo que ha quedado claro es que se necesita hacer mucha pedagogía en el tema de derechos.