Mostrando entradas con la etiqueta presos políticos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta presos políticos. Mostrar todas las entradas

viernes, 10 de febrero de 2017

"El Estado español te acoge pero no te permite seguir políticamente vivo"

La historia del grupo de música “propuesta” Pasajeros es una de esas que merecen ser contadas. Lo sospeché cuando la oí por encima, pero al entrevistar a uno de sus componentes, Leonardo Rúa, no imaginaba lo intensa e interesante que sería, ni que a través de ella aparecería la de una ciudad: Medellín.
Pasajeros se formó en 1991 con canciones que buscaban hablar de la realidad que les rodeaba. Su lírica atinó tanto que fueron amenazados, encarcelados y empujados a pedir asilo.

¿Cómo arranca el grupo Pasajeros?
Se funda con tres integrantes, nos damos a la tarea de hacer canciones que hablen de nuestra propia realidad. En la década de los 90, había empezado a implementarse en Colombia la política neoliberal que trajo el presidente César Gaviria y que provocó muchos cierres de empresas y, por lo tanto, mucho movimiento obrero en contraposición. El acompañamiento constante del grupo en las tomas de empresas, en actividades culturales, eso fue marcando los primeros años de los 90.
Medellín era una ciudad industrial por excelencia, era el 80% del Producto Interior Bruto del país, con una gran industria que se sustentaba más que todo en la parte textil. Había unas 20 empresas textileras aquí grandes, como Coltejer, Tejecom, Fabricanto.
Se van porque, con la entrada de las políticas neoliberales, a las empresas locales y a las extranjeras que estaban aquí funcionando les era más barato abrir una base en México con cero sindicato, cero servicio pensional y mano de obra más barata.

Leo Rúa, cantante del grupo Pasajeros.

¿Aquí si había derechos laborales?
Sí, claro. Había sindicatos fuertes. Los destruyen con esa apertura económica. Los obreros se tomaron las empresas porque lo iban a vender todo y les iban a dejar sin su patrimonio. Con el grupo les apoyamos con la dinámica cultural para la resistencia en los campamentos que crearon en las empresas que iban a ser desalojadas. Todo el movimiento social se vuelca allá para apoyarlos hasta que logran llegar a unos acuerdos con la empresa. En ese proceso fueron más de 300 empresas que cerraron en Medellín.
Cuando esto se rompe, se rompe una cadena generacional de esperanza de empleo y todas estas vacantes que quedan se vuelven el caldo de cultivo de la violencia estructural que ya venía atrapando un personaje que era Pablo Escobar desde los 80. Ellos pasan a engrosar las filas de desempleados y los grupos de delincuencia común. Se financian del microtráfico, trabajos sicariales, hurtos y esas cosas.
En esa misma década de los 90, surgen en los barrios las milicias populares, que son una respuesta a esa violencia estructural que se formó porque, con el desempleo, los jóvenes no vieron otra opción que meterse ahí, al dinero fácil. Y el Estado, en lugar de propiciar fuentes de empleo, las estaba acabando en esta ciudad. Eso generó un gran ciclo de violencia que parecía interminable, entran las milicias y las bandas de los barrios.
Los organismos de seguridad llegan a los barrios y, si veían a 5 chicos parados en una esquina, lo que hacían es dispararles. Le llamaban “la fumigada”, la mal llamada limpieza social. El movimiento cultural que te venía relatando nace en respuesta también a eso. No podemos permitir que sigan matando a los jóvenes de esta ciudad.
Se empiezan a formar unos colectivos culturales muy importantes en los barrios con el fin de llegar a aquellos barrios donde el Estado no ha llegado, no solamente con cultura sino también con educación, salud… con atenciones básicas.

¿Desde los movimientos barriales se suple la salud y la educación?
Si. El Estado había llegado a algún barrio de las comunas populares de Medellín. Hacían el centro de salud pero no llevaban médicos, hacían el colegio pero no ponían profesores. Después de algunos años de permanecer vacíos estos espacios, la comunidad decide juntarse a través de las Juntas de Acción Comunal, convocar a estudiantes y a grupos culturales y una vez visto esto se decide ocupar estos espacios y traer los estudiantes de la universidad para que vengan y hagan sus prácticas aquí y nos ayuden con la gente.
Empieza a haber un movimiento muy fuerte alrededor de todos los barrios populares de Medellín. Se juntaba una cantidad de gente no solamente a trabajar para la comunidad sino también a los eventos culturales. Como parte de esa formación que se les ofrecía a los muchachos en la parte artística y cultural, salían talleres de poesía, literatura, música, telecomunicaciones, danza, teatro, que se desarrollaban en esos mismos espacios. Ésta era una forma de robarle jóvenes al conflicto, que además era muy fuerte en esos momentos. Desde los 80, 90 y 2000 hay tres generaciones de jóvenes varones asesinados.
Hay otra respuesta del Estado y es que cuando entran las milicias a las comunas de Medellín, el Estado para contrarrestar esto coopta a los ejércitos de reserva que dejó Pablo Escobar tirados, les da armas, les da vehículos, les da poder, les pone un uniforme gris y les pone un nombre muy bonito: Cooperativa de Vigilancia Convivir. Arman a los jóvenes que trabajaban con la mafia en la protección del pueblo contra las milicias. Es, de alguna manera, el inicio del paramilitarismo en la parte urbana.

¿Cuál es el argumento del Estado contra las milicias?
Únicamente decían que la guerrilla se estaba tomando la ciudad y tenían que contrarrestar eso. Las milicias urbanas nacen como un fenómeno de autodefensa contra las bandas de delincuencia que venían azotando los barrios con mucha violencia. Homicidios, violencia sexual, cobro de vacunas… Fue una década donde se contaban cada semana 100, 150 muertos en la ciudad de Medellín.
También empieza a darse la incursión paramilitar, no sólo con las Convivir, sino que el Estado empieza a traer hombres del Urabá antioqueño a la ciudad para sacar a las milicias de los barrios. Frente a la histeria que había de que la guerrilla se iba a tomar la ciudad, se la terminan tomando los paramilitares.

Sería complicado trabajar en los barrios con semejante contexto.
Había barrios donde no solamente era suficiente hablar con la acción comunal del barrio sino que además había que pedir permiso al jefe de las milicias o al jefe de la banda criminal o al grupo paramilitar de ese barrio. Generalmente los grupos paramilitares no permitían ese tipo de actividades.
El mensaje era que no nos podíamos quedar parados en la esquina esperando que el Estado venga y nos mate. “Venga, aprovechemos sus cualidades, ¿qué puede hacer?, ¿qué podemos construir?, ¿le gusta cantar?, ¿bailar?, ¿una actividad cultural?” Primero lo mostrábamos y luego presentábamos los talleres.
Éramos muchos. Lo hacíamos a través de la corporación cultural La Aldaba. También estuvo un tiempo apoyando ese proceso la ONU. De ese modo había un nombre muy grande para poder entrar tranquilamente a esos barrios y hablar con los actores armados. Al llegar con el nombre de la ONU la gente pensaba que era algo importante.

¿Os fuisteis haciendo famosos en este proceso?
Si, un poquito.

Una de las canciones míticas del grupo.

Hay un episodio que marca vuestras vidas.
En el 2004 estábamos apoyando un gran paro cívico que hubo en el norte del Valle de Aburrá en contra de un peaje que iban a poner cerca del municipio de Copacabana dentro del área metropolitana.

¿Cómo afectaba ese peaje a la comunidad?
Casi toda la gente que vive allí trabaja en el sur. Al desplazarse saliendo de su municipio encuentran un peaje, lo que incrementa los costos. Es un municipio de clase media baja. Fueron dos meses de paro cívico muy fuerte y cuando estaban negociando con el Estado, los promotores del paro nos piden que participemos de un concierto. En un gran operativo nos detienen a los músicos del grupo Pasajeros bajo cargos de terrorismo y rebelión. Fue un gran operativo del cuerpo élite antiterrorista de la policía, pero también participó el ejército. Éramos cinco miembros, pero iban a por los fundadores, que éramos tres.

¿Cuántos integraban el operativo?
Muchos, para cada uno de nosotros había un pelotón de 10 policías con unas armas que ni ellos podían con ellas. A cada uno nos llevaban en un vehículo diferente, custodiados como si hubieran capturado a Fidel Castro. Una cosa impresionante, desproporcionada para capturar a tres peludos músicos.

¿Hasta entonces habíais sufrido amenazas?
En los 90 la presencia del Estado en cuanto a persecución al movimiento social era muy fuerte. Todo lo que estuviera contra el Estado olía a subversión y era objeto de persecución. Cuando salías de algún sitio siempre veías el mismo coche, tipo camioneta, cuatro puertas de vidrios oscuros, con cuatro personas adentro, mutilados (con la cabeza rapada), como policial, con los vidrios abajo.
La misma descripción de los vehículos con los que ya sabíamos que iban a los barrios a asesinar a los jóvenes. Como ya todos sabíamos qué estaba pasando, cada vez que salíamos de alguna sede, reunión o concierto, lo primero que hacíamos es mirar quién había por ahí.
Hubo llamadas telefónicas varias veces pidiéndonos que nos fuéramos del país, que nos calláramos, que nos iban a matar si seguíamos cantando y haciendo bulla contra el Estado. Eran llamadas típicas de las fuerzas del orden acá.

¿Tomasteis medidas de precaución?
Si. Por ejemplo, no vivir más de seis meses en una misma vivienda. Al centro de la ciudad no se podía venir o, por lo menos, venir solo. A ciertos barrios, bares y sitios, llegó un momento en que ya no podíamos ir. De hecho, antes de la detención hubo una llamada que fue la amenaza más fuerte. Fue en una mesa de paz en la universidad nacional amenazándonos, diciendo que nos iban a callar la boca porque estábamos hablando muchas cosas cuando cantábamos.
Seis meses antes de la detención, la situación estaba muy delicada y no habíamos vuelto a tocar en la ciudad. Tocábamos fuera, en otras ciudades o países como Cuba o España. Esas salidas nos daban un manto de protección porque nos retirábamos un poco y dejábamos que los ánimos se aplacaran, después de unos meses volvíamos y volvían las amenazas y nos teníamos que ir otra vez, pero nunca pensamos en salir del país porque eran amenazas y como que ya te estabas acostumbrando a vivir mirando en las vitrinas de los comercios quién te estaba siguiendo simulando estar viendo la ropa exhibida.

Las amenazas siempre las identificas con grupos del Estado
Lo que pasa es que aquí siempre actuaron las fuerzas del Estado en contra del movimiento social. Otra cosa es que paguen a sicarios de un grupo armado para que hagan el trabajo sucio y maten a líderes sindicales o sociales.

¿Qué pasa cuando os detienen?
Nos llevan a prisión, nos ponen una chapa grandísima de sindicación de terrorismo y rebelión. Algo que era muy difícil de demostrar. En esa época ya casi todo Medellín estaba cooptado por el paramilitarismo, había un ideario político de eliminar a las milicias y todo lo que tuviera que ver con ellas y en ese momento incluía el movimiento social. Había desaparecidos, asesinatos selectivos, amenazas, vetos, no se podía ir a ciertas zonas. También las emisoras de radio cambiaron sus programaciones de radio de toda la vida y a cambio pusieron reggaetón. Eso va cambiando la mentalidad de la gente. Prohibieron escuchar canción social. La música de Pasajeros fue vetada por los paramilitares y por las fuerzas del orden en los barrios donde íbamos.
Para el 2004, el grupo estaba más grandecito, éramos cinco, con batero y bajo eléctrico. Antes éramos guitarra, bombo y vientos andinos. Jamás pusimos palabras directas en una canción, nuestra construcción era muy literaria, muy poética, pero reflejaba las dinámicas sociales que habíamos vivido, la desigualdad social que venía ampliándose en la ciudad.
La detención fue un hecho escandaloso. Sobre todo porque fue una detención sin orden de captura, abiertamente ilegal, porque se pasaron tres horas con nosotros dando vueltas a toda la ciudad sin saber qué hacer hasta que al día siguiente legalizaron.

¿Sabéis quién ordena esa detención?
Viene de una fiscal especializada antiterrorista. Tiempo después nos damos cuenta que la orden viene del alto gobierno. Para ese entonces era (Álvaro) Uribe el Presidente de la República.
La voz se corrió muy rápido porque siempre a los eventos nos acompañaban organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Nos trasladan a la cárcel de Bellavista, nos leen los cargos de terrorismo y rebelión, donde nos hacían parecer como si fuésemos los jefes de las milicias populares de todo Medellín. A uno le ponían que era el jefe de finanzas, otro el jefe político y otro el jefe militar. Tenían cinco declaraciones de cinco testigos que decían que eran desmovilizados, unos de las milicias del ELN, otros de las milicias de las FARC, pero todos recibían órdenes nuestras supuestamente. Eso era muy curioso porque cualquiera que tenga conocimiento de eso sabe que cada uno obedece a una línea de mando diferente.
Estando en prisión nos damos cuenta de que esos testigos si eran reinsertados, pero no de un  grupo subversivo sino del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas (grupo paramilitar que operaba en Medellín y se desmovilizó en el 2003). La fiscal les había inducido a dar testimonio contra nosotros. Ponían que ordenábamos homicidios, que habíamos dado dinero para comprar fusiles en no sé qué sitio o para poner bombas en algún sitio de la ciudad. Una serie de cosas que formaron un proceso de unos 500 folios. Impresionante.
También estaban documentados todos los seguimientos que habíamos notado que nos habían hecho, pero ninguno llegaba a una conclusión de que estuviéramos haciendo algo ilegal. Simplemente nos seguían y ya.
Cuando nos damos cuenta de este entramado que prepara la fiscalía para llevarnos a prisión, solicitamos las pruebas. Pasamos seis meses en prisión sin que ordenaran una prueba que nosotros pidiéramos. Es ahí donde interviene la ONU y con su intervención la Fiscalía se ve amenazada y entonces ordena las pruebas y el cambio de fiscal. La nueva fiscal mira ese proceso y ve que es ilegal, ordena las pruebas y se demuestra que los testigos eran falsos, que era un montaje judicial, lo que aquí llamamos un falso positivo judicial. Eso da como resultado que seis meses después salgamos en libertad.

Fragmento de la entrevista donde Leo Rúa narra su experiencia en la cárcel de Bellavista.

¿Qué hicisteis al salir de prisión?
Estuvimos tres meses bajo un programa de protección de defensores de derechos humanos en Bogotá, y es ahí donde llegan nuevas amenazas que venían directamente del DAS (el servicio de inteligencia colombiano de aquel entonces) y nos toca tomar la decisión de salir del país.
En esos tres meses en Bogotá tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Director Nacional de Fiscalías y él nos dice que la orden de la detención nuestra viene de altas esferas del gobierno y que es mejor que busquemos dónde irnos. Estuvimos nueve años en mi caso en el exilio.

¿Cómo os vais?
Amnistía Internacional ayudaba a sacar a la gente del país, pero nosotros no fuimos por ahí porque, por la premura, no dio tiempo a hacer el trámite necesario, había que esperar mucho tiempo y la cuestión era de inmediatez.
Unos amigos nos envían una invitación para hacer una gira de conciertos por el Estado español. Hicimos la gira de conciertos y fuimos a la oficina de asilo y refugio, a través del CEAR de España (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Pudimos llevar unos documentos que acreditaban la persecución del Estado, entre ellos la inclusión de la ONU del caso Pasajeros como caso tipo de la violación al derecho a la libertad de expresión en Colombia.
No fue fácil el exilio, no es fácil romper con tu vida tajantemente, con toda tu dinámica familiar, social, profesional, musical y llegar a un país donde no te conoce nadie, aunque habíamos estado de gira e hicimos otra a la llegada, realmente éramos un grupo que nadie conocía. Y lo que cantábamos obedecía a una dinámica muy de acá que la gente en España poco entendía.

¿Cómo se os recibe desde la institucionalidad española como asilados?
En términos de ayudas efectivas, nos llevamos una poco grata sorpresa porque en realidad la salida del país era para preservar no solamente la vida, sino la dinámica artística y musical que teníamos como grupo. Lo que nos propone el CEAR es ubicarnos a cada uno en una ciudad diferente de todo el Estado español, con lo que no cumplíamos el objetivo. No tenía sentido salir del país para estar desperdigados.

¿Cuál es el argumento que usa el CEAR?
La falta de cupos. Las políticas de ayuda al refugiado adolecen de muchas cosas. No hay un estudio personal del individuo que viene a pedir asilo en cuanto a sus capacidades, su formación académica, su experiencia laboral, sus expectativas de vida… simplemente eres un refugiado más, un inmigrante más que viene a hacer su vida a España, a rebuscarse.
Yo creo que el refugiado político no es un inmigrante económico, es un perseguido político, que tiene una historia, que tiene una hoja de vida de trabajo social que tiene que ser tenida en cuenta por los centros de ayuda. Veníamos buscando una dinámica que nos mantuviera políticamente vivos y eso no lo propicia el Centro Español de Ayuda al Refugiado. Por lo menos no en nuestro caso.

¿Crees que hay una intencionalidad de que no os mantengáis políticamente vivos?
Creo que hay políticas que no lo permiten y la conclusión lógica es que el Estado español es un aliado incondicional económica y políticamente del Estado colombiano. Si tú eres piedra en el zapato para el Estado colombiano, el Estado español te acoge pero no te permite o al menos no te deja fácil seguir desarrollando la dinámica que traes en tu Estado de origen.

¿Cuáles son los intereses de España en Colombia?
En ese momento, estoy hablando del 2005, había muchos intereses económicos de España en Colombia. Endesa, Aguas de Barcelona, el Canal de la Reina Isabel, Repsol y una multiplicidad de empresas que estaban explotando aquí los recursos minero-energéticos. Esas empresas eran objeto de acusación por parte de los movimientos sociales por la explotación, por los contratos basura, por la explotación de los recursos sin medir las consecuencias ambientales, por las concesiones fiscales que se les daba, 80 para la empresa y 20 para el Estado.

¿Qué pasa con Pasajeros?
En el 2008 logramos grabar un disco en España, el quinto trabajo que se llamó Bitácora de vuelo y ahí pusimos las canciones que hicimos durante la prisión y durante el exilio. Tuvimos giras por Suiza, Dinamarca, Francia, Suecia, España.
Me voy a Canadá y seguimos comunicándonos, ya podíamos hacer hasta video-ensayos con el avance de los medios de comunicación. Seguimos alimentando dinámicas y en el 2013 decido regresar a Colombia a retomar el trabajo que ha dejado el grupo acá. Había otro ya acá en Colombia, quedaba otro en España, otro se había ido a Venezuela.

¿Por qué decides regresar?
Cuando el DAS desaparece definitivamente veo condiciones para regresar al país. Migración cambia totalmente porque estaba manejada por el DAS. El gran peligro de los exiliados políticos era que, al regresar al país, tenían que pasar los filtros del DAS y muchos eran asesinados al salir del aeropuerto o días cerquita de haber regresado. Ya no estando ese filtro ahí puedes decir: “Ya puedo entrar”.

¿Cómo encuentras Medellín?
Se notaban ciertos cambios en la dinámica social, pero había mucho por hacer todavía. En 10 años, la infraestructura de la ciudad había cambiado mucho, se llenó de edificios, pero también cada vez más polarizada entre los barrios populares y la clase media- alta. La presencia del Estado había aumentado con casas de la cultura, bibliotecas, parques. El nivel educativo y de formación en pensamiento crítico siguen pendientes. Siguen haciendo cosas para que la gente no piense, no critique de forma constructiva.

¿Cómo encuentras al movimiento social?
Muy tímido. Para lo que era antes cuando había realmente un conflicto y un riesgo social, físico, de perder la vida. Muy temeroso. Muy ligado a las instituciones del Estado. Sin embargo siguen haciendo cosas.
En las ayudas que venían por cuenta de la cooperación internacional se cambiaron las condiciones y pusieron un filtro. Necesitabas que una institución del Estado te avalara. Se asfixió a organizaciones no avaladas por el Estado. Una manera de coaptar la manera de trabajar de las organizaciones sociales. Gran parte fue por el lobby que hizo en Europa Álvaro Uribe Vélez. El problema que planteaba Uribe es que esos dineros no pagaban impuestos al llegar directamente. Así les ponen filtros para que, con la excusa de la veeduría de la institución colombiana, escojo con quién se puede. Se quedan con gran parte del presupuesto y, de paso, es selectivo.

¿Qué es de Pasajeros hoy?

En mayo celebramos los 25 años. Presentamos temas viejitos, temas del exilio y temas nuevos, que no están grabados aún. Pasajeros es un proyecto social y musical y en esa dinámica vienen elementos nuevos. Hay una visión, una línea política, que sigue siendo la misma, puesto que las condiciones sociales no han variado mucho, solo la infraestructura. La base del conflicto social está sin resolver. 

lunes, 6 de junio de 2016

“En Colombia tenemos personas presas por ejercer el liderazgo político, sindical o comunitario”

Sergio Guzmán, integrante de la organización de abogados Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, habla con un tono vehemente y apasionado, el de quien trabaja por algo de lo que está convencido. En su caso, la necesidad de defender y sacar de las cárceles colombianas a las 12.500 personas condenadas, según sostiene, por delitos políticos.


En los textos que están siendo redactados en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, se reconoce la existencia de personas presas por motivos políticos, lo que supone admitir que esta guerrilla no es un grupo terrorista de delincuentes comunes y narcotraficantes, sino que tras su accionar existen motivaciones ideológicas. Un gran giro a la forma de presentar el conflicto armado en Colombia.


Guzmán defiende la necesidad de terminar con la guerra en Colombia y opina que los procesos de negociación que se están desarrollando en La Habana con las FARC-EP y con el ELN en Quito son necesarios “para que en el país se deje de hacer política con armas”.


La Corporación Nelson Mandela se funda en paralelo a las negociaciones de paz de La Habana, ¿cómo ocurre esto?



El año pasado, un grupo de profesionales del derecho, reflexionando y preocupados por la situación del país, veíamos una gran oportunidad en los diálogos de paz que se estaban desarrollando en La Habana con la insurgencia de las FARC para que en Colombia se dé una salida política al conflicto armado y se entienda que la guerra que está viviendo Colombia no se supera por la vía militar, sino por la vía de la negociación política.

Ese momento histórico nos pareció muy determinante y dijimos: “Así como se han creado organizaciones de derechos humanos para atender la crisis de la guerra, ¿por qué no constituimos una organización que se dedique a ser la defensora de una paz perpetua y estable?”. 

No solo es para defender políticamente los acuerdos de La Habana y Quito, sino para que esos acuerdos sean debidamente aplicados en términos de que queden en libertad todos y todas las prisioneras políticas de Colombia.

Algunos de los que están en las cárceles como prisioneros políticos son rebeldes civiles, rebeldes sin armas. Es a lo que llamamos prisioneros de conciencia o personas que están privadas de su libertad por ejercer un liderazgo político, sindical, comunitario en la defensa de los derechos humanos.

¿De qué cifra estamos hablando?

Solo en Colombia aproximadamente tenemos 12,500 prisioneros y prisioneras políticas. De esos, aproximadamente se estima, según los censos muy insuficientes todavía, que cerca de 6,000 serían verdaderos insurgentes. Unos 3,500 pertenecen a la guerrilla de las FARC y otros 2,500 aproximadamente al ELN.

¿Por qué Nelson Mandela?

Le damos el nombre de Nelson  Mandela porque representa la lucha incansable por la paz y los derechos humanos y un reconocimiento, una validación de que las personas que han quedado privadas de su libertad por haber ejercido el derecho a la rebelión no pueden seguirse estigmatizando como si fueran los peores y más perversos delincuentes que ha tenido la tierra colombiana.

Partimos de que quienes han ejercido el derecho de rebelión pacífico o armado son luchadores por la democracia que deben ser aceptados a través de un proceso de reconciliación para que la paz sea estable y duradera porque no podemos seguir tratando de matar al diferente o encarcelar al que es inconforme. No, a esas personas las necesita la democracia porque una democracia es más democracia en la medida en que permita más ejercicio de la contradicción, de la oposición.

Hábleme del derecho de rebelión.

Un rebelde es el que considera que el gobierno actual y su institucionalidad no son legítimos, considera que hacen parte de una normatividades propias de un régimen arbitrario, injusto, tiránico y se levanta en armas para instaurar unas nuevas autoridades y un nuevo orden con nuevas leyes. En Colombia esto es un delito, el que haga eso va para la cárcel, pero en el derecho internacional humanitario y en el derecho penal internacional se acepta que cuando un pueblo está sometido a un gobierno tiránico, opresor, que viola los derechos humanos, es legítimo que se levante en rebeldía. 

El derecho de rebelión es considerado un derecho humano por la jurisprudencia internacional y quienes en ejercicio de ese derecho humano se rebelen tienen un tratamiento judicial especial, un tratamiento benéfico, privilegiado. Ese tratamiento especial se llama amnistía e indulto.

Consideramos que aquella persona que ha sido condenada como delincuente político porque ejerció el derecho de rebelión es un delincuente altruista, que no transgrede las normas constitucionales y legales para buscar beneficios egoístas, del interés particular, sino que lo hace para buscar un modelo de sociedad que sea mejor para todos y todas.

El derecho internacional penal define claramente que el delito de rebelión puede tener delitos adicionales. Son los delitos conexos. El delito conexo es el que se ejecuta para garantizar que el delito de rebelión pueda continuar, desarrollarse y llevarse a un final.

Si monto una organización que está al margen de la ley y su propósito es derrocar las autoridades vigentes y para hacerlo necesito tener un ejército igual que el que está defendiendo la institucionalidad, ese ejército requiere una serie de recursos. Si para ello asaltas un banco, ese robo no es para que usted se enriquezca, sino para sostener una causa que es por la liberación de un país que se considera está sometido a una opresión de un gobierno que viola los derechos humanos.

¿Hasta qué punto el delito de rebelión puede tener conexos otros delitos?, ¿se podrían incluir los delitos de lesa humanidad?

No, no. El delito de rebelión abarca todos los delitos que no sean de lesa humanidad. Y por tanto no son ni amnistiables ni indultables todos esos delitos que van más allá de los delitos comunes. Esto lo dice claramente el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, ningún insurgente ni ningún jurista puede decir que el delito de violencia sexual es un delito conexo al delito de rebelión.

¿Cómo está regulado este derecho en la legislación colombiana?

Hasta el año 97, que hubo la primera sentencia de la Corte Constitucional frente al artículo 127 del Código Penal, se decía que los delitos que se cometan en el marco del delito de rebelión serán delitos conexos solo si no son delitos atroces. En esa época el delito atroz era lo que hoy en día conocemos como de lesa humanidad.

A partir de esa sentencia, los delitos que se cometan en nombre del delito de rebelión ya no serán conexos, se juzgarán por separado.

Con el acuerdo de La Habana firmado el 15 de diciembre del 2015 se vuelve a revivir en Colombia el delito político en toda su magnitud y se dice que el delito político de rebelión aceptará que hay unos delitos conexos.

Antes de ese acuerdo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado venían emitiendo sentencias donde decían que la guerrilla de las FARC y el ELN no son terroristas, son insurgentes, que en algunos momentos algunos de sus integrantes han cometido conductas terroristas, pero no por eso la organización es terrorista.

Otra sentencia importante que sacó la Corte Suprema de Justicia es que el delito de narcotráfico también puede ser un delito conexo.

¿Estos cambios en la legislación han beneficiado el proceso de La Habana?

No porque el acuerdo de paz que se ha firmado en La Habana dice que no se rige por el derecho penal colombiano sino por el derecho penal internacional y el derecho penal humanitario.

Y, en materia de presos políticos, ¿qué supondrá la firma de los acuerdos?

De acuerdo con las lecturas que he realizado, desde el momento en que se firme el acuerdo de paz y éste sea debidamente aprobado e incorporado como parte de las normas colombianas, deben empezar a expedirse por parte de las autoridades competentes que tengan los casos las amnistías y los indultos en forma inmediata para todas las personas que hagan parte de las filas de la insurgencia de las FARC-EP.

Igualmente, toda persona que haya sido judicializada o esté en proceso de serlo por delitos de carácter político, aunque no pertenezca a la estructura de la insurgencia de las FARC-EP, también deberá quedar inmediatamente en libertad.

Además, toda persona que haya sido procesada o que apenas se le vaya  a iniciar el proceso por motivos relacionados con la protesta social por alguno de los tipos penales establecidos en la Ley 1453 del año 2010, la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A esas personas no se les decretará la figura del indulto o la amnistía, sino la cesación de procedimiento.

Finalmente, todas las personas en la cárcel producto de la pobreza, especialmente mujeres, madres de familia, campesinos y campesinas que hayan sido procesados por la figura penal del artículo 375 del Código Penal que se refiere a la conservación, cultivo de plantas, droga o alucinógena, también quedarán en libertad.

Todo esto parece responder a un gran cambio de concepción desde el Estado.

Eso no hubiera sido posible en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él decía que esto era una democracia perfecta que estaba siendo atacada por unos grupos terroristas y que a eso no se le llama conflicto armado interno y por tanto es legítimo que el Estado utilice como única fórmula de solución el arrasamiento, la exterminación total de ese fenómeno delictivo.

Hay una variación sustancial entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos porque cuando este gobierno inicia las negociaciones con las FARC, lo primero que hace es reconocer que Colombia si vive un conflicto armado interno y que como tal se acoge a toda la normatividad internacional que regula ese asunto.

¿Qué va a pasar con los miembros de la insurgencia que están libres?

La mayoría de esa gente va a quedar sujeta a la amnistía, salvo quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Ésos se presentarán a la jurisdicción especial de paz. En ese proceso, quienes mientan o no digan toda la verdad estarán sujetos hasta a 20 años de cárcel.

Si dicen la verdad y cuentan todo y aceptan sus responsabilidades, tendrán un tratamiento que irá entre 5 y 8 años de pena alternativa.

Las penas parecen más relacionadas con el momento en que se dice la verdad que con la gravedad de los delitos cometidos.

Si, ese sería un criterio clave. Se considera desde el punto de vista de la justicia restaurativa que es mejor que una persona tenga una sanción alternativa y conocer la verdad y desencajar toda esa cadena de horror que está oculta y que está en la impunidad, aunque no haya una condena de cárcel de 20 o 30 años.

Lo peor para los crímenes de guerra y lesa humanidad es que queden en la impunidad porque es la que genera el espacio para que vuelva a ocurrir. Pero si no queda impunidad y se genera la verdad y se generan sanciones, eso va a ser más sanador que lo que tenemos ahora.

Hoy tenemos mediante la justicia redistributiva una cantidad de gente que ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, los tenemos en la cárcel, los han metido las organizaciones de víctimas y la verdad no aparece por ningún lado. Porque ellos han callado la verdad. Los encuentran culpables pero nunca denuncian  a sus superiores, ni dicen cómo se creó esa situación en tiempo, modo y lugar, quién financió, quién dio la orden, quién orquestó. Eso es una de las cosas que está reclamando el movimiento de víctimas.

La ley 975 del 2005, que es la ley mediante la cual se hizo el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, ¿qué le trajo a las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? La verdad no fue total, fue verdad a medias y, lo más triste, solo basada en la verdad que le diera la gana declarar al postulado. Además, fueron penas también de hasta de 8 años. En materia de reparación, se creó un fondo de reparación de víctimas y el Estado no tuvo dinero para este fondo.

Aquí en este proceso va a haber verdad plena o completa porque se contrasta la versión de la víctima con la del victimario. En la otra primaba la versión del victimario sobre la de la víctima. Hay un cambio tenaz.

¿En qué lapso de tiempo se espera que se den las amnistías y los indultos?

Máximo un año para la amnistía y el indulto. El resto puede demorarse más porque el acuerdo de paz tendrá que tener un capítulo con los acuerdos del ELN. El posconflicto está pensado para 20 años. De 10 a 20 años se puede dar la justicia transicional.

Antes has dicho que uno de los colectivos que se verá beneficiado por este proceso de indultos y amnistías está relacionado con el cultivo y tráfico de estupefacientes.

El artículo 375 del Código Penal dice que serán judicializados y penados con cárcel la persona que cultive, conserve o financie marihuana u otra planta de la que se extraiga cocaína, morfina, heroína, que produzca dependencia. Es el artículo que se aplica a campesinos y campesinas que no son traficantes, sino que por circunstancias de la vida la producen.

La cárcel está llena de esta gente. Hay una cantidad de campesinos y campesinas empobrecidos enorme. Entonces, con esta medida se busca que queden en libertad.

¿Qué sucederá con los cultivos?

También se va a cambiar la forma de erradicar los cultivos. Aquí había dos formas de atacar el cultivo. O unidades del ejército quemaban el cultivo, que era algo minoritario, o mandaban aviones a fumigar con glifosato, que era lo más extendido.

Ya no se va a volver a erradicar vía fumigación, sino que se van a generar acuerdos con esta gente para que no vuelvan a cultivar eso y para que la erradicación sea manual. Va a ser un cambio cultural. Eso está muy bien explicado en el punto cuatro de los acuerdos de la Habana. La insurgencia va a contribuir desminando esos campos.