"El Estado español te acoge pero no te permite seguir políticamente vivo"

La historia del grupo de música “propuesta” Pasajeros es una de esas que merecen ser contadas. Lo sospeché cuando la oí por encima, pero al entrevistar a uno de sus componentes, Leonardo Rúa, no imaginaba lo intensa e interesante que sería, ni que a través de ella aparecería la de una ciudad: Medellín.

Pasajeros se formó en 1991 con canciones que buscaban hablar de la realidad que les rodeaba. Su lírica atinó tanto que fueron amenazados, encarcelados y empujados a pedir asilo.

¿Cómo arranca el grupo Pasajeros?

Se funda con tres integrantes, nos damos a la tarea de hacer canciones que hablen de nuestra propia realidad. En la década de los 90, había empezado a implementarse en Colombia la política neoliberal que trajo el presidente César Gaviria y que provocó muchos cierres de empresas y, por lo tanto, mucho movimiento obrero en contraposición. El acompañamiento constante del grupo en las tomas de empresas, en actividades culturales, eso fue marcando los primeros años de los 90.

Medellín era una ciudad industrial por excelencia, era el 80% del Producto Interior Bruto del país, con una gran industria que se sustentaba más que todo en la parte textil. Había unas 20 empresas textileras aquí grandes, como Coltejer, Tejecom, Fabricanto.

Se van porque, con la entrada de las políticas neoliberales, a las empresas locales y a las extranjeras que estaban aquí funcionando les era más barato abrir una base en México con cero sindicato, cero servicio pensional y mano de obra más barata.

Leo Rúa, cantante del grupo Pasajeros.

¿Aquí si había derechos laborales?

Sí, claro. Había sindicatos fuertes. Los destruyen con esa apertura económica. Los obreros se tomaron las empresas porque lo iban a vender todo y les iban a dejar sin su patrimonio. Con el grupo les apoyamos con la dinámica cultural para la resistencia en los campamentos que crearon en las empresas que iban a ser desalojadas. Todo el movimiento social se vuelca allá para apoyarlos hasta que logran llegar a unos acuerdos con la empresa. En ese proceso fueron más de 300 empresas que cerraron en Medellín.

Cuando esto se rompe, se rompe una cadena generacional de esperanza de empleo y todas estas vacantes que quedan se vuelven el caldo de cultivo de la violencia estructural que ya venía atrapando un personaje que era Pablo Escobar desde los 80. Ellos pasan a engrosar las filas de desempleados y los grupos de delincuencia común. Se financian del microtráfico, trabajos sicariales, hurtos y esas cosas.

En esa misma década de los 90, surgen en los barrios las milicias populares, que son una respuesta a esa violencia estructural que se formó porque, con el desempleo, los jóvenes no vieron otra opción que meterse ahí, al dinero fácil. Y el Estado, en lugar de propiciar fuentes de empleo, las estaba acabando en esta ciudad. Eso generó un gran ciclo de violencia que parecía interminable, entran las milicias y las bandas de los barrios.

Los organismos de seguridad llegan a los barrios y, si veían a 5 chicos parados en una esquina, lo que hacían es dispararles. Le llamaban “la fumigada”, la mal llamada limpieza social. El movimiento cultural que te venía relatando nace en respuesta también a eso. No podemos permitir que sigan matando a los jóvenes de esta ciudad.

Se empiezan a formar unos colectivos culturales muy importantes en los barrios con el fin de llegar a aquellos barrios donde el Estado no ha llegado, no solamente con cultura sino también con educación, salud… con atenciones básicas.

¿Desde los movimientos barriales se suple la salud y la educación?

Si. El Estado había llegado a algún barrio de las comunas populares de Medellín. Hacían el centro de salud pero no llevaban médicos, hacían el colegio pero no ponían profesores. Después de algunos años de permanecer vacíos estos espacios, la comunidad decide juntarse a través de las Juntas de Acción Comunal, convocar a estudiantes y a grupos culturales y una vez visto esto se decide ocupar estos espacios y traer los estudiantes de la universidad para que vengan y hagan sus prácticas aquí y nos ayuden con la gente.

Empieza a haber un movimiento muy fuerte alrededor de todos los barrios populares de Medellín. Se juntaba una cantidad de gente no solamente a trabajar para la comunidad sino también a los eventos culturales. Como parte de esa formación que se les ofrecía a los muchachos en la parte artística y cultural, salían talleres de poesía, literatura, música, telecomunicaciones, danza, teatro, que se desarrollaban en esos mismos espacios. Ésta era una forma de robarle jóvenes al conflicto, que además era muy fuerte en esos momentos. Desde los 80, 90 y 2000 hay tres generaciones de jóvenes varones asesinados.

Hay otra respuesta del Estado y es que cuando entran las milicias a las comunas de Medellín, el Estado para contrarrestar esto coopta a los ejércitos de reserva que dejó Pablo Escobar tirados, les da armas, les da vehículos, les da poder, les pone un uniforme gris y les pone un nombre muy bonito: Cooperativa de Vigilancia Convivir. Arman a los jóvenes que trabajaban con la mafia en la protección del pueblo contra las milicias. Es, de alguna manera, el inicio del paramilitarismo en la parte urbana.

¿Cuál es el argumento del Estado contra las milicias?

Únicamente decían que la guerrilla se estaba tomando la ciudad y tenían que contrarrestar eso. Las milicias urbanas nacen como un fenómeno de autodefensa contra las bandas de delincuencia que venían azotando los barrios con mucha violencia. Homicidios, violencia sexual, cobro de vacunas… Fue una década donde se contaban cada semana 100, 150 muertos en la ciudad de Medellín.

También empieza a darse la incursión paramilitar, no sólo con las Convivir, sino que el Estado empieza a traer hombres del Urabá antioqueño a la ciudad para sacar a las milicias de los barrios. Frente a la histeria que había de que la guerrilla se iba a tomar la ciudad, se la terminan tomando los paramilitares.

Sería complicado trabajar en los barrios con semejante contexto.

Había barrios donde no solamente era suficiente hablar con la acción comunal del barrio sino que además había que pedir permiso al jefe de las milicias o al jefe de la banda criminal o al grupo paramilitar de ese barrio. Generalmente los grupos paramilitares no permitían ese tipo de actividades.

El mensaje era que no nos podíamos quedar parados en la esquina esperando que el Estado venga y nos mate. “Venga, aprovechemos sus cualidades, ¿qué puede hacer?, ¿qué podemos construir?, ¿le gusta cantar?, ¿bailar?, ¿una actividad cultural?” Primero lo mostrábamos y luego presentábamos los talleres.

Éramos muchos. Lo hacíamos a través de la corporación cultural La Aldaba. También estuvo un tiempo apoyando ese proceso la ONU. De ese modo había un nombre muy grande para poder entrar tranquilamente a esos barrios y hablar con los actores armados. Al llegar con el nombre de la ONU la gente pensaba que era algo importante.

¿Os fuisteis haciendo famosos en este proceso?

Si, un poquito.

Una de las canciones míticas del grupo.

Hay un episodio que marca vuestras vidas.

En el 2004 estábamos apoyando un gran paro cívico que hubo en el norte del Valle de Aburrá en contra de un peaje que iban a poner cerca del municipio de Copacabana dentro del área metropolitana.

¿Cómo afectaba ese peaje a la comunidad?

Casi toda la gente que vive allí trabaja en el sur. Al desplazarse saliendo de su municipio encuentran un peaje, lo que incrementa los costos. Es un municipio de clase media baja. Fueron dos meses de paro cívico muy fuerte y cuando estaban negociando con el Estado, los promotores del paro nos piden que participemos de un concierto. En un gran operativo nos detienen a los músicos del grupo Pasajeros bajo cargos de terrorismo y rebelión. Fue un gran operativo del cuerpo élite antiterrorista de la policía, pero también participó el ejército. Éramos cinco miembros, pero iban a por los fundadores, que éramos tres.

¿Cuántos integraban el operativo?

Muchos, para cada uno de nosotros había un pelotón de 10 policías con unas armas que ni ellos podían con ellas. A cada uno nos llevaban en un vehículo diferente, custodiados como si hubieran capturado a Fidel Castro. Una cosa impresionante, desproporcionada para capturar a tres peludos músicos.

¿Hasta entonces habíais sufrido amenazas?

En los 90 la presencia del Estado en cuanto a persecución al movimiento social era muy fuerte. Todo lo que estuviera contra el Estado olía a subversión y era objeto de persecución. Cuando salías de algún sitio siempre veías el mismo coche, tipo camioneta, cuatro puertas de vidrios oscuros, con cuatro personas adentro, mutilados (con la cabeza rapada), como policial, con los vidrios abajo.

La misma descripción de los vehículos con los que ya sabíamos que iban a los barrios a asesinar a los jóvenes. Como ya todos sabíamos qué estaba pasando, cada vez que salíamos de alguna sede, reunión o concierto, lo primero que hacíamos es mirar quién había por ahí.

Hubo llamadas telefónicas varias veces pidiéndonos que nos fuéramos del país, que nos calláramos, que nos iban a matar si seguíamos cantando y haciendo bulla contra el Estado. Eran llamadas típicas de las fuerzas del orden acá.

¿Tomasteis medidas de precaución?

Si. Por ejemplo, no vivir más de seis meses en una misma vivienda. Al centro de la ciudad no se podía venir o, por lo menos, venir solo. A ciertos barrios, bares y sitios, llegó un momento en que ya no podíamos ir. De hecho, antes de la detención hubo una llamada que fue la amenaza más fuerte. Fue en una mesa de paz en la universidad nacional amenazándonos, diciendo que nos iban a callar la boca porque estábamos hablando muchas cosas cuando cantábamos.

Seis meses antes de la detención, la situación estaba muy delicada y no habíamos vuelto a tocar en la ciudad. Tocábamos fuera, en otras ciudades o países como Cuba o España. Esas salidas nos daban un manto de protección porque nos retirábamos un poco y dejábamos que los ánimos se aplacaran, después de unos meses volvíamos y volvían las amenazas y nos teníamos que ir otra vez, pero nunca pensamos en salir del país porque eran amenazas y como que ya te estabas acostumbrando a vivir mirando en las vitrinas de los comercios quién te estaba siguiendo simulando estar viendo la ropa exhibida.

Las amenazas siempre las identificas con grupos del Estado

Lo que pasa es que aquí siempre actuaron las fuerzas del Estado en contra del movimiento social. Otra cosa es que paguen a sicarios de un grupo armado para que hagan el trabajo sucio y maten a líderes sindicales o sociales.

¿Qué pasa cuando os detienen?

Nos llevan a prisión, nos ponen una chapa grandísima de sindicación de terrorismo y rebelión. Algo que era muy difícil de demostrar. En esa época ya casi todo Medellín estaba cooptado por el paramilitarismo, había un ideario político de eliminar a las milicias y todo lo que tuviera que ver con ellas y en ese momento incluía el movimiento social. Había desaparecidos, asesinatos selectivos, amenazas, vetos, no se podía ir a ciertas zonas. También las emisoras de radio cambiaron sus programaciones de radio de toda la vida y a cambio pusieron reggaetón. Eso va cambiando la mentalidad de la gente. Prohibieron escuchar canción social. La música de Pasajeros fue vetada por los paramilitares y por las fuerzas del orden en los barrios donde íbamos.

Para el 2004, el grupo estaba más grandecito, éramos cinco, con batero y bajo eléctrico. Antes éramos guitarra, bombo y vientos andinos. Jamás pusimos palabras directas en una canción, nuestra construcción era muy literaria, muy poética, pero reflejaba las dinámicas sociales que habíamos vivido, la desigualdad social que venía ampliándose en la ciudad.

La detención fue un hecho escandaloso. Sobre todo porque fue una detención sin orden de captura, abiertamente ilegal, porque se pasaron tres horas con nosotros dando vueltas a toda la ciudad sin saber qué hacer hasta que al día siguiente legalizaron.

¿Sabéis quién ordena esa detención?

Viene de una fiscal especializada antiterrorista. Tiempo después nos damos cuenta que la orden viene del alto gobierno. Para ese entonces era (Álvaro) Uribe el Presidente de la República.

La voz se corrió muy rápido porque siempre a los eventos nos acompañaban organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Nos trasladan a la cárcel de Bellavista, nos leen los cargos de terrorismo y rebelión, donde nos hacían parecer como si fuésemos los jefes de las milicias populares de todo Medellín. A uno le ponían que era el jefe de finanzas, otro el jefe político y otro el jefe militar. Tenían cinco declaraciones de cinco testigos que decían que eran desmovilizados, unos de las milicias del ELN, otros de las milicias de las FARC, pero todos recibían órdenes nuestras supuestamente. Eso era muy curioso porque cualquiera que tenga conocimiento de eso sabe que cada uno obedece a una línea de mando diferente.

Estando en prisión nos damos cuenta de que esos testigos si eran reinsertados, pero no de un  grupo subversivo sino del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas (grupo paramilitar que operaba en Medellín y se desmovilizó en el 2003). La fiscal les había inducido a dar testimonio contra nosotros. Ponían que ordenábamos homicidios, que habíamos dado dinero para comprar fusiles en no sé qué sitio o para poner bombas en algún sitio de la ciudad. Una serie de cosas que formaron un proceso de unos 500 folios. Impresionante.

También estaban documentados todos los seguimientos que habíamos notado que nos habían hecho, pero ninguno llegaba a una conclusión de que estuviéramos haciendo algo ilegal. Simplemente nos seguían y ya.

Cuando nos damos cuenta de este entramado que prepara la fiscalía para llevarnos a prisión, solicitamos las pruebas. Pasamos seis meses en prisión sin que ordenaran una prueba que nosotros pidiéramos. Es ahí donde interviene la ONU y con su intervención la Fiscalía se ve amenazada y entonces ordena las pruebas y el cambio de fiscal. La nueva fiscal mira ese proceso y ve que es ilegal, ordena las pruebas y se demuestra que los testigos eran falsos, que era un montaje judicial, lo que aquí llamamos un falso positivo judicial. Eso da como resultado que seis meses después salgamos en libertad.

Fragmento de la entrevista donde Leo Rúa narra su experiencia en la cárcel de Bellavista.

¿Qué hicisteis al salir de prisión?

Estuvimos tres meses bajo un programa de protección de defensores de derechos humanos en Bogotá, y es ahí donde llegan nuevas amenazas que venían directamente del DAS (el servicio de inteligencia colombiano de aquel entonces) y nos toca tomar la decisión de salir del país.

En esos tres meses en Bogotá tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Director Nacional de Fiscalías y él nos dice que la orden de la detención nuestra viene de altas esferas del gobierno y que es mejor que busquemos dónde irnos. Estuvimos nueve años en mi caso en el exilio.

¿Cómo os vais?

Amnistía Internacional ayudaba a sacar a la gente del país, pero nosotros no fuimos por ahí porque, por la premura, no dio tiempo a hacer el trámite necesario, había que esperar mucho tiempo y la cuestión era de inmediatez.

Unos amigos nos envían una invitación para hacer una gira de conciertos por el Estado español. Hicimos la gira de conciertos y fuimos a la oficina de asilo y refugio, a través del CEAR de España (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Pudimos llevar unos documentos que acreditaban la persecución del Estado, entre ellos la inclusión de la ONU del caso Pasajeros como caso tipo de la violación al derecho a la libertad de expresión en Colombia.

No fue fácil el exilio, no es fácil romper con tu vida tajantemente, con toda tu dinámica familiar, social, profesional, musical y llegar a un país donde no te conoce nadie, aunque habíamos estado de gira e hicimos otra a la llegada, realmente éramos un grupo que nadie conocía. Y lo que cantábamos obedecía a una dinámica muy de acá que la gente en España poco entendía.

¿Cómo se os recibe desde la institucionalidad española como asilados?

En términos de ayudas efectivas, nos llevamos una poco grata sorpresa porque en realidad la salida del país era para preservar no solamente la vida, sino la dinámica artística y musical que teníamos como grupo. Lo que nos propone el CEAR es ubicarnos a cada uno en una ciudad diferente de todo el Estado español, con lo que no cumplíamos el objetivo. No tenía sentido salir del país para estar desperdigados.

¿Cuál es el argumento que usa el CEAR?

La falta de cupos. Las políticas de ayuda al refugiado adolecen de muchas cosas. No hay un estudio personal del individuo que viene a pedir asilo en cuanto a sus capacidades, su formación académica, su experiencia laboral, sus expectativas de vida… simplemente eres un refugiado más, un inmigrante más que viene a hacer su vida a España, a rebuscarse.

Yo creo que el refugiado político no es un inmigrante económico, es un perseguido político, que tiene una historia, que tiene una hoja de vida de trabajo social que tiene que ser tenida en cuenta por los centros de ayuda. Veníamos buscando una dinámica que nos mantuviera políticamente vivos y eso no lo propicia el Centro Español de Ayuda al Refugiado. Por lo menos no en nuestro caso.

¿Crees que hay una intencionalidad de que no os mantengáis políticamente vivos?

Creo que hay políticas que no lo permiten y la conclusión lógica es que el Estado español es un aliado incondicional económica y políticamente del Estado colombiano. Si tú eres piedra en el zapato para el Estado colombiano, el Estado español te acoge pero no te permite o al menos no te deja fácil seguir desarrollando la dinámica que traes en tu Estado de origen.

¿Cuáles son los intereses de España en Colombia?

En ese momento, estoy hablando del 2005, había muchos intereses económicos de España en Colombia. Endesa, Aguas de Barcelona, el Canal de la Reina Isabel, Repsol y una multiplicidad de empresas que estaban explotando aquí los recursos minero-energéticos. Esas empresas eran objeto de acusación por parte de los movimientos sociales por la explotación, por los contratos basura, por la explotación de los recursos sin medir las consecuencias ambientales, por las concesiones fiscales que se les daba, 80 para la empresa y 20 para el Estado.

¿Qué pasa con Pasajeros?

En el 2008 logramos grabar un disco en España, el quinto trabajo que se llamó Bitácora de vuelo y ahí pusimos las canciones que hicimos durante la prisión y durante el exilio. Tuvimos giras por Suiza, Dinamarca, Francia, Suecia, España.

Me voy a Canadá y seguimos comunicándonos, ya podíamos hacer hasta video-ensayos con el avance de los medios de comunicación. Seguimos alimentando dinámicas y en el 2013 decido regresar a Colombia a retomar el trabajo que ha dejado el grupo acá. Había otro ya acá en Colombia, quedaba otro en España, otro se había ido a Venezuela.

¿Por qué decides regresar?

Cuando el DAS desaparece definitivamente veo condiciones para regresar al país. Migración cambia totalmente porque estaba manejada por el DAS. El gran peligro de los exiliados políticos era que, al regresar al país, tenían que pasar los filtros del DAS y muchos eran asesinados al salir del aeropuerto o días cerquita de haber regresado. Ya no estando ese filtro ahí puedes decir: “Ya puedo entrar”.

¿Cómo encuentras Medellín?

Se notaban ciertos cambios en la dinámica social, pero había mucho por hacer todavía. En 10 años, la infraestructura de la ciudad había cambiado mucho, se llenó de edificios, pero también cada vez más polarizada entre los barrios populares y la clase media- alta. La presencia del Estado había aumentado con casas de la cultura, bibliotecas, parques. El nivel educativo y de formación en pensamiento crítico siguen pendientes. Siguen haciendo cosas para que la gente no piense, no critique de forma constructiva.

¿Cómo encuentras al movimiento social?

Muy tímido. Para lo que era antes cuando había realmente un conflicto y un riesgo social, físico, de perder la vida. Muy temeroso. Muy ligado a las instituciones del Estado. Sin embargo siguen haciendo cosas.

En las ayudas que venían por cuenta de la cooperación internacional se cambiaron las condiciones y pusieron un filtro. Necesitabas que una institución del Estado te avalara. Se asfixió a organizaciones no avaladas por el Estado. Una manera de coaptar la manera de trabajar de las organizaciones sociales. Gran parte fue por el lobby que hizo en Europa Álvaro Uribe Vélez. El problema que planteaba Uribe es que esos dineros no pagaban impuestos al llegar directamente. Así les ponen filtros para que, con la excusa de la veeduría de la institución colombiana, escojo con quién se puede. Se quedan con gran parte del presupuesto y, de paso, es selectivo.

¿Qué es de Pasajeros hoy?

En mayo celebramos los 25 años. Presentamos temas viejitos, temas del exilio y temas nuevos, que no están grabados aún. Pasajeros es un proyecto social y musical y en esa dinámica vienen elementos nuevos. Hay una visión, una línea política, que sigue siendo la misma, puesto que las condiciones sociales no han variado mucho, solo la infraestructura. La base del conflicto social está sin resolver. 

El tira y afloja del Gobierno colombiano y el ELN

Es complejo conocer y entender a las dos guerrillas que siguen funcionando en Colombia. Se dice que sus estilos son distintos. Al menos las formas a la hora de dialogar con el Gobierno si lo son.

En los acuerdos alcanzados en La Habana, las FARC optaron por pedir algunas modificaciones más o menos importantes según quién opine (como la reforma agraria o el punto relativo a los cultivos de uso ilícito) y facilidades para transitar hacia la vida política, asumiendo que los grandes cambios estructurales que deseaban (como el del modelo económico) no podrían darse en esta etapa. Supuestamente, aspiran a concretarlos tras la firma de los acuerdos, ya como movimiento político no armado.

El ELN pide cambios estructurales como condición para abandonar la lucha armada. Aspiran a ser una formación política, pero quieren comenzar a hacer política desde la propia negociación. El gobierno les acusa de que su intención de abandonar las armas no es sincera.

El jefe negociador del Gobierno Colombiano, Juan Camilo Restrepo, y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, se estrechan la mano en Quito.
Fuente: EFE

Un militante del ELN consultado afirmó que hay voluntad de abandonar las armas pero también recelo: “Si el ELN, después del examen juicioso de cómo ha avanzado el proceso, observa que ha habido verdaderas demostraciones de que el establecimiento también quiere caminar hacia allá, el ELN habla seriamente de las armas”. Según esta fuente, que pide el anonimato, esta guerrilla afín a la revolución cubana “no estaría dispuesta a una negociación donde le prometen que van a hacer algo y luego le engañan, como es la historia del país. Por eso ha planteado una forma de negociación en donde las cosas se vayan dando al nivel que va caminando el proceso”.

Al preguntarle por la visión de esta guerrilla acerca del uso de las armas en la actualidad, remarcó que las causas que dieron origen al alzamiento armado siguen intactas: “La lucha de clases se ha profundizado, hay más saqueo, más destrucción, más opresión, violencia estatal, cada vez se abre más el abismo entre ricos y pobres”.

Pese a todo, el ELN y el Gobierno acaban de alcanzar un nuevo acuerdo para comenzar la fase pública de las negociaciones. Estaba previsto que arrancaran en octubre, pero se dio un tira y afloja en torno a las condiciones para instalar la mesa de diálogo. El gobierno afirmó que esta insurgencia no desea realmente renunciar a las armas y lo ilustró arguyendo que se negaba a liberar al excongresista Odín Sánchez y a seguir cometiendo actos violentos.

El ELN aseguró que la liberación del político Odín Sánchez no era uno de los requisitos para la instalación de la mesa. Para demostrarlo, hizo públicos extractos del documento acordado entre esta guerrilla y el Gobierno donde se decía que se pactó la liberación de dos secuestrados sin precisar nombres y este requisito fue cumplido al soltar al exalcalde de Charalá (departamento de Santander), Fabio León Ardila, y al arrocero Alejandro Alarcón Jarro, en el departamento de Arauca.

Comunicado publicado por el ELN en octubre de 2016.

Desde el Gobierno se criticó que el ELN vulnerase el carácter confidencial de los acuerdos al hacer públicas las condiciones. El Comando Central del ELN reconoció que la  divulgación de los documentos no era procedimental, pero resultaba la única forma de demostrar a la sociedad que ellos no estaban incumpliendo.

El militante del ELN criticó el accionar del gobierno: “En el Estado no se puede confiar porque juega a la trampa, se muestra víctima y te muestra victimario y él nunca hace nada, siempre es el otro”.

En cuanto a Odín Sánchez, el excongresista del departamento del Chocó no es ningún santo, aunque casi nadie hable estos días de ello. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por ayudar a la conformación de grupos paramilitares, concretamente, el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas de Colombia (AUC). En la actualidad debe al Estado más de 5 mil ochocientos millones de pesos (casi dos millones de dólares americanos).

Odín fue secuestrado el 3 de abril de 2016 a cambio de su hermano, el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca. 

El jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, dijo en una entrevista que liberarían a Sánchez cuando el Gobierno cumpliera con el compromiso de indultar a dos rebeldes presos y nombrar a dos gestores de paz para que integren el equipo negociador del lado del ELN.

Parece que finalmente las condiciones de ambos bandos serán cumplidas casi a cabalidad. Se ha establecido el 2 de febrero como fecha en la que Odín Sánchez será liberado. También en esa fecha se nombrará a Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez Quiroz como gestores de paz. Ambos están actualmetne presos en la cárcel Bellavista de Medellín.

En cuanto a los dos miembros del ELN que serán indultados, no pueden ser personas que hayan sido condenadas por delitos como narcotráfico o genocidio, sino por delitos políticos y anexos. Esos indultos se concederán en los términos de la justicia colombiana, puesto que han de ser concedidos por un juez.

Se ha anunciado que el 7 de febrero se instalará la mesa de conversaciones en Quito y el día siguiente arrancará la primera sesión.

Respecto a otros tipos de actos violentos, como el asesinato de policías y militares, el militante dijo que, en caso de que el ELN sea realmente el responsable, no supondría ninguna irregularidad porque no se ha firmado ningún acuerdo de cese bilateral. “El ELN va a seguir golpeando cuando pueda los objetivos militares del Estado cuando, con toda seguridad, el Estado va a seguir golpeando a los miembros del ELN”, remarcó para añadir: “Nadie va a decir: `¿cómo se le ocurre al ejército haber matado a miembros del ELN si está conversando?´. Pero si el ELN mata policías, inmediatamente la matriz (en alusión a los medios de comunicación comerciales) dice: `¿Cómo se le ocurre al ELN matar policías si está conversando?´”.

Se desconoce en qué términos se negociarán esta vez temas como la posibilidad de que el ELN abandone las “retenciones” (una palabra que, según el entrevistado, tiene connotación política, a diferencia de la palabra “secuestro”, con carácter jurídico). En unos intentos de negociación anteriores se planteó que lo haría si se le abonaba el dinero que esas retenciones le aportan y si el Gobierno estaba dispuesto a hablar de temas como la desactivación del paramilitarismo, la liberación de presos políticos o el fin de los asesinatos de líderes sociales.

Historia de un hombre que se llama revolucionario

La rutina campesina se vio interrumpida cuando tropas del ejército recorrieron la vereda. Siete hombres fueron entresacados. Antonio tenía 16 años cuando vio cómo dos de sus tíos eran tachados de guerrilleros  y tiroteados. 

“Ver y callar. La voz del silencio. Porque somos los que mandamos y nosotros hacemos lo que nos parece”, les escupió un teniente cuando reclamaron que los ultimados eran meros campesinos.

Posteriormente aparecieron las Defensas Civiles Campesinas, que decían haber surgido para proteger sus tierras. A Antonio le conminaron a que caminara con ellos so pena de acabar con su vida.

―Yo no soy de guerra, yo soy campesino―, contestó.

Logró escapar, no así su padrastro.

Ante la creciente presencia de tropas legales e ilegales, varias decenas de personas marcharon en busca de un lugar tranquilo donde vivir, pero el área se había convertido en un hervidero de grupos armados y tampoco hallaban tierras con las que subsistir.

Él y su madre decidieron probar suerte en la ciudad. Antonio encontró trabajo en la construcción, pero en poco tiempo lo identificaron como el sobrino de los tíos guerrilleros. Estaba marcado. Aunque buscaba el modo de llevar una vida trabajando al margen de todo conflicto, el destino parecía empeñado en contrariarlo.

Volvió a huir, esta vez solo, a una zona rural. La confrontación armada le perseguía, o tal vez se había tornado omnipresente. Tropezó con las Autodefensas de Carlos Castaño, uno de los cabecillas máximos del paramilitarismo.

―Yo no soy de la guerra―, insistió.

― Va a tener que ser a las buenas o a las malas.

Sonó a maleficio. Y se cumplió. Un día Antonio decidió acercarse a un señor que sabía tenía relación con la guerrilla que operaba en la zona. Le dijo que quería hablar con ellos y le dieron cita.

Antonio tiene un sinnúmero de alegatos a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Allá no lo obligan. Primero le explican”, enfatiza contra quienes aseguran que el reclutamiento forzado es habitual en las filas de las FARC. Cuenta que le pusieron un requisito antes de decidirse, que pasara tres meses en un campamento.

La decisión estaba tomada: “Muramos por algo porque mi familia murió por trabajar”. Con este pensamiento, Antonio pasó en 1991 a integrar las filas de la guerrilla más grande del continente.

En ese tiempo formó una familia que nada sabía de su vida de guerrillero. Su esposa le creyó cuando le dijo que trabajaba como jornalero en una finca donde ella no le podía acompañar. Él iba a visitarla cada tanto tiempo y le mandaba dinero para el sostenimiento de los dos hijos que la pareja tuvo.

En uno de los combates le alcanzaron algunas esquirlas de granada en una pierna. Esta dolencia le perseguiría el resto de su vida y fue el motivo por el que le dieron permiso para retirarse. Tras casi dos décadas de lucha, regresó a la ciudad.

Antonio llegó a vivir con su familia y a trabajar en la construcción. Pero un día una gran cantidad de agentes ―habla de 80― irrumpieron en su casa, le encañonaron frente a su esposa e hijas y lo llevaron detenido. Cuenta que aquella escena provocó ataques de pánico a su hija.  

Acusado de rebelión, le ofrecieron soltarle a cambio de información.

―Yo no entrego, no soy un bandido―, replicó.

Tras cuatro meses preso, lo soltaron por falta de pruebas, pero lo detuvieron nuevamente y lo condenaron a 6 años.

En la cárcel sufrió más que en el monte. Su pierna empeoró y llegaron a plantearle amputársela. Acusa a la jueza que llevó su caso de no apiadarse de él y de colocar a su familia en una situación de vulnerabilidad, puesto que al detenerle con tal dispositivo, los paramilitares reaccionaron hostigando a su familia.

Estando encarcelado, Antonio tuvo que admitir el engaño a su mujer. Se confesó revolucionario y le dijo que era libre de aceptar su condición y perdonarlo o dejarle. Él no le reprocharía nada y seguiría manteniendo a sus hijos. Ella decidió disculparlo.

Por su estado de salud, lo indultaron cuando iba a cumplir dos años cautivo. Pero su vida no mejoró sustancialmente. Él y su familia están siendo acosados por bandas paramilitares. Muestra algunas de las hojas que le han llegado con amenazas.

Una de las notas recibidas por Antonio.

Tuvo que sacar a su hija de la institución educativa donde estudiaba porque la llamaron a ese centro. “Niña, nosotros sabemos que usted es hija del señor Antonio. Si no se va, los vamos a matar”. Cuenta que ha llevado su queja a La Habana porque lo que le está pasando a él puede ocurrirle a quienes están próximos a desmovilizarse.

Acudió a una institución gubernamental que le sugirió que se fuese a la capital, algo que rehusó. “¿Es que no estamos pues en un proceso de paz? Si nosotros vamos a salir de la selva  a producir en el país, a dar ideas en el país, a ayudar a la comunidad y tenemos que irnos a meternos a un hotel a Bogotá, entonces, ¿qué paz estamos haciendo?”

Pidió que le ayudaran a rehacer su vida en una zona rural. Cambió su lugar de residencia, pero las amenazas continuaron. Le persiguen. Nuevamente se siente acorralado.

“Yo no tengo libertad, no tengo tranquilidad, llevo seis meses luchando para sacar a esta familia adelante y no me dejan”. Subraya que no quiere guerra porque solo trae muerte y destrucción a todas las partes.

Cuando le pregunto por las acusaciones hacia las FARC, por las atrocidades que se atribuyen a este grupo armado, Antonio muestra la fe sin fisuras de un creyente: “Yo le digo (que) sí hay violaciones, pero son bloques. Bloques que desobedecen la conducta a aplicar. Es lo mismo que en las zonas militares”. Asegura que ni su persona ni nadie con quien él luchó durante esos 20 años codo con codo cometieron ningún tipo de atropello a los derechos humanos o a la población civil.

―¿Nunca han matado a civiles? ―, insisto.

―No. Yo nunca llegué a hacer eso. Siempre paramilitares y ejército. La guerra con los que estábamos combatiendo.

La política contrainsurgente que aplica el paramilitarismo en Colombia es persiguiendo al movimiento social

La ciudad de Medellín, que en los 90 fue considerada la más peligrosa del mundo, sigue escondiendo un complejo entramado de redes delincuenciales. Es interesante entrevistar a una persona como Fernando Quijano para tratar de entender un poco lo que sucede. 

Este hombre menudo habla sobre los entresijos del crimen en la ciudad y el área metropolitana donde se asienta, el Valle de Aburrá, como quien enseña una casa que conoce de memoria. Salta de un dato a un personaje y luego retoma sin dar un respiro. Pero no se limita a analizar. Preside la organización Corpades (Corporación para la paz y el Desarrollo Social) y dirige la agencia de noticias Análisis Urbano. Desde ambos espacios está tratando de impulsar procesos de diálogo para acabar con la violencia en la metrópoli.

Sus señalamientos sobre el carácter paramilitar de la criminalidad y los vínculos de ésta con la institucionalidad le han llevado a vivir rodeado de guardaespaldas.

En los medios de comunicación se oye hablar de bandas criminales a las que denominan “bacrim” y de paramilitares. ¿Qué distingue cada fenómeno y cómo se relacionan?

Nosotros, desde Corpades y Análisis Urbano, creemos que las bacrim no existen. Entendemos que lo que existen son estructuras paramilitares y paramafiosas que son hijas de ese paramilitarismo que dicen que se acabó con la desmovilización parcial que inició a finales del 2003 y concluyó aproximadamente en el 2006. El paramilitarismo para nosotros nunca ha dejado de existir. 

El paramilitarismo se caracteriza por su lucha contrainsurgente y por contar con el apoyo de fuerzas del Estado, ¿cierto?

Si hablamos de paramilitarismo es porque tiene vínculos con un sector del Estado. Participan militares, policía, agentes del Estado en todo su orden. Tienen poder en altas esferas del Estado colombiano. Además, hay poderes reales que lo acompañan. Un sector de los terratenientes, agricultores y ganaderos mafiosos. Es una clase que llamamos emergente y ese ejército le sirve a esa clase. Con eso protege sus tierras, tierras que fueron robadas en la guerra en Colombia a miles de víctimas.

Siguen operando de forma contrainsurgente porque la política contrainsurgente que aplica el paramilitarismo en Colombia es persiguiendo al movimiento social. Lo contrainsurgente va más allá de decir que es contra la guerrilla, va contra la izquierda, va contra la posibilidad de cambio en el país, de un verdadero cambio. Más allá de enfrentar a la guerrilla que, obviamente, se enfrentan. Asesinan defensores de derechos humanos diariamente. Vienen asesinándolos desde hace muchos años. Hay quienes dicen que no existe el paramilitarismo. Acaba de decretarlo el fiscal encargado, el presidente Juan Manuel Santos también lo dice.

¿Y cómo se estructura ese paramilitarismo mafioso en el Valle de Aburrá?

En el caso del Valle de Aburrá, la historia nos muestra lo siguiente. Hay una Oficina que ha transcendido y se ha transformado de Oficina de Envigado a Oficina del Valle de Aburrá. Para nosotros sigue existiendo el Cartel de Medellín. Para nosotros la Oficina del Valle de Aburrá es la fachada del Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín nunca se acabó.

Cuando matan a Pablo Escobar, toman el control quienes ganan la guerra contra Pablo. 

Entonces, al hablar de la Oficina del Valle de Aburrá, ¿hablamos de narcotráfico?

Nosotros creemos que lo que hay no es narco, sino mafia, que se asemeja a un pulpo, una gran cabeza y muchos tentáculos metidos en todos los negocios, en todas las formas donde se puede obtener dinero. Desde la explotación sexual hasta el tráfico de drogas, desde el tema de minería ilegal hasta la madera, desde el paso de migrantes hasta el contrabando. 

¿Por qué dice que la Oficina de Envigado es una fachada del Cartel de Medellín?

Cuando tú pones la fachada, no ves lo que hay detrás y para mí eso es una de las cosas más inteligentes que hizo el cartel de Medellín. Encuentras a Douglas, a Kenner, a Sebastián, a Valenciano… los jefes gatilleros con poder alto, pero ésa es la fachada. La pregunta mía es qué hay detrás del muro, ahí está el Cartel de Medellín, el gran negocio, el macronegocio. Mientras la Oficina va a la guerra, la capturan o la matan, el Cartel casi siempre está tranquilo. 

Mucha gente ha sido acusada de ser los jefes de la Oficina sin serlo. Nosotros creemos que han cubierto a los verdaderos poderes mafiosos que hay atrás, los que yo llamo los “sin rostro”. Podemos saber que están metidos en lo legal mucho de ellos, que hacen juego entre lo legal y lo ilegal y sentimos que han sido protegidos en este país.

¿Esta mafia es también paramilitar?

La mafia tradicionalmente se ha dedicado a los negocios, a conseguir dinero, a no mezclarse de mucha violencia. Pero en Colombia mezcla violencia, se mete en asuntos de la política, de la disputa de tierras, de perseguir a la izquierda, a los sectores democráticos y demás.

La mafia se asocia y se ha asociado en Colombia con ejércitos paramilitares y con la doctrina paramilitar para tener regiones a su servicio. Yo pienso que la mafia también ha adquirido cierto tinte ideológico porque se han metido en esas luchas, en esas disputas ideológicas. 

Antes ha nombrado la muerte de Pablo Escobar como un punto de inflexión en la historia del Cártel de Medellín. En esa transformación, el personaje de don Berna es clave. 

Berna, Diego Fernando Murillo Bejaramo, viene de procesos de la izquierda. Él estuvo en el proyecto Estrella Roja del Sur, un proyecto que había tenido raíces en el Ejército Popular de Liberación. Pero era colaborador, él trabajaba para los Moncada. Cuando Estrella Roja se va contra los Moncada, Berna se va a luchar del lado de sus patrones. 

Los Moncada trabajaban para Pablo Escobar, pero luego se enfrentan y Escobar los mata. Después de la muerte de sus patrones, tiene importancia militar con los Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. Dicen que “Semilla”, el hermano de él, fue el que asesinó a Pablo Escobar. 

¿Qué pasa después de la muerte de Pablo Escobar?

Los Pepes fueron premiados por el poder de este país y por los Estados Unidos. A don Berna le dan el premio de tener el control del crimen urbano (del Valle de Aburrá). Primero lo hace a través de La Terraza, una de las bandas más poderosas y duras que ha existido en la historia de la ciudad metropolitana del Valle de Aburrá, una de las que trabajó para el Cartel de Medellín.

La Terraza llega un momento en que es la que coordina y controla toda la actividad criminal. A finales del 96 llega a la ciudad de Medellín la primera oleada del Bloque Metro, que son parte de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de los hermanos Castaño, y abren acuerdos con la Terraza.

Unos años después entra en guerra La Terraza con el Bloque Metro. El paramilitarismo pierde esa guerra. En esa guerra La Terraza asesina a Semilla y Diego Fernando (don Berna) se refugia en la región de Urabá. De ahí viene con todo el poder, ya no solo de la mafia, sino ya como paramilitar. Berna viene fortalecido y le gana la guerra a La Terraza. Asesinan a una gran cantidad de jefes y toman el control de La Terraza y del Valle de Aburrá. La Terraza hoy está sometida a La Oficina. 

Berna termina siendo el subinspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el 2002 anuncia que tiene el control total de las bandas del Valle de Aburrá. Cuando toma las bandas, las paramilitariza.

Antes dijo que entre el 2003 y el 2006 hubo un proceso de desmovilización de paramilitares.

Para nosotros hubo una desmovilización parcial. En ese momento en el Valle de Aburrá eran más de 8.000 integrantes de bandas que habían sido sometidas y controladas por el paramilitarismo en cabeza de don Berna. Cuando se da la primera desmovilización no llegaron a 900 personas, o sea, fue el 10% de las bandas que ya estaban paramilitarizadas. En ese proceso, a don Berna lo extraditan a Estados Unidos. Allí está preso.

¿Qué pasa tras las desmovilizaciones?

La Oficina va a una guerra interna entre el 2007 y finales del 2010 entre dos alas de la Oficina: los que encabeza Valenciano y los que encabeza Sebastián. Cuando está terminando la guerra, alias Sebastián dice: “Yo triunfé, soy el dueño del Valle de Aburrá”. Y aparecieron los Urabeños y le dijeron: “No, nosotros ya llegamos”. En 2012 prende la guerra entre Urabeños y Oficina y en junio de 2013 dijeron “No nos matemos más” y hacen el Pacto del Fusil. Corpades y Análisis Urbano lo bautizamos como el Pacto del Fusil, el acuerdo entre criminales. Hoy al interior de la Oficina hay guerras internas. Por eso el número de muertes va creciendo. 

¿Tienen datos sobre la realidad de las bandas actualmente en el Valle de Aburrá y en Medellín?

Son 500 aproximadamente en el Valle, 350 están en Medellín. 

¿Cómo llegan a estas cifras?

Varias organizaciones nos dedicamos a hacer un trabajo de hacerle un barrido hace unos años a este tema y encontrábamos en ese momento unas 400 bandas en Medellín. Hoy podríamos estar en unas 350. La discusión que siempre ha existido es cuántos son sus miembros. Para la institucionalidad no son más de 2.000 en el solo Medellín. Nosotros hemos hecho cálculos y pueden existir más o menos en el Valle de Aburrá unas 13.000 personas vinculadas. Unos son gatilleros, otros campaneros, otros los que están en casas de tortura, conocidas como de pique, otros son los que manejan la droga, otros las finanzas y así sucesivamente. No hemos hablado en esos 13 mil de sus bases sociales, que están ahí por conveniencia, miedo o simpatía. Estamos hablando de bandas organizadas y sometidas. Hoy las someten la oficina del Valle de Aburrá y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

¿En qué consiste el Pacto del Fusil?

Repartir territorios, cesar la guerra entre ellos, fortalecer el negocio. El Pacto del Fusil es una alianza poderosa, mafiosa, paramilitar. Todo lo que suman las bandas lo tienen al servicio de ellos. Eso es parte de la cuota inicial de la negociación de ellos con el Estado, así el Estado y las alcaldías y la gobernación lo nieguen.

¿Los Acuerdos de Paz que se están negociando en La Habana tendrán algún efecto?

Yo siento que los Acuerdos de Paz de La Habana van a dar para mucho. Obligatoriamente tiene que venir, por un lado, el combate al paramilitarismo, que ya los acuerdos de La Habana dicen que existe el paramilitarismo. Ya hay un acuerdo, dos hombres lo dirigen: el general (Óscar) Naranjo por parte del equipo negociador del gobierno y Pablo Catatumbo por las FARC. Están diseñando la estrategia para enfrentar el paramilitarismo. Por un lado, los van a golpear duro, si no los Acuerdos de Paz no van a avanzar. Y por otro lado, les van a tener que dar diálogos, negociación y someterlos a la justicia al mayor número posible de hombres.

Lo de La Habana los va a obligar a negociar y a transformarse. Tú vas a ver el próximo año una nueva cartografía del crimen, unas nuevas siglas, unos nuevos jefes, porque eso es lo que va pasando, se va transformando el negocio y se van transformando las estructuras de acuerdo al momento histórico. Lo que van a surgir ahora son ejércitos antipaz, son ejércitos antirrestitución de tierras, antiacuerdos de paz. Y esos ya se están organizando y preparando. De un momento a otro surgirán las nuevas siglas de la nueva versión paramilitar en Colombia.

Suena a lo que mucha gente dice: que se espera una oleada de violencia tras los acuerdos.

Se va a venir. Lamentable pero se va a venir. Reconocerlo es muy duro, pero se va a venir. Contra el movimiento social, contra las FARC, contra miembros del gobierno, contra miembros de la clase dirigente que negoció la paz y contra muchos más, hasta contra ellos mismos para crear el caos. Ahí está la pericia del gobierno, de los países de Europa, de Estados Unidos, de la dirigencia de las FARC, de los que creemos en la paz para saber entender esos momentos. 

Ustedes tienen una propuesta para mitigar esto, ¿no es así?

Nosotros estamos proponiendo establecer unos diálogos que lleven al sometimiento de las bandas de la Oficina y de los Gaitanistas, pero con la participación activa de la sociedad, y estamos proponiendo que vengan los Estados Unidos y participen de la mesa de negociación porque ellos tienen responsabilidad en lo que está pasando en estas guerras urbanas y en el crecimiento desmesurado que han tenido los Gaitanistas. 

Queremos reducir ostensiblemente el ejército urbano de las bandas, que participen en esa negociación sus jefes, el poder oculto y construyamos unas nuevas reglas del juego. El crimen no se va a acabar nunca, pero aspiramos a que se vuelva invisible, menos violento, que sea una lucha entre el Estado contra el crimen, pero no lo que se hace ahora que en el medio está la comunidad y es la que recibe todo el golpe, la que pone la cuota mayor de sacrificio para enriquecer a otros con lo mismo de siempre: pobre matando pobre. Estamos apostando a que logremos un gran proceso de paz, regional en principio, que se pueda llevar a otras regiones del país. 

¿Cómo pretenden llevar a cabo estos acuerdos urbanos?

Yo creo que con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hay que encontrar un punto intermedio, que no es el reconocimiento político pero que no es el sometimiento. Las bandas hay que llevarlas al sometimiento a la justicia, igual que a la Oficina.

¿Qué se negociaría?

Muchas cosas. Desmontar parte del negocio. Acabar con las casas de tortura, con la vacuna, con el control territorial, con las relaciones institución-crimen, con reducir el ejército de ellos. Quitar todo el manejo de reclutamiento forzado de menores. 

Pintada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Análisis Urbano

¿Qué se les da? Lo que una ley de sometimiento puede otorgar, el 50 o 60 o 70 por ciento de los beneficios, reducción. Perpetuamos gente metida en las cárceles. ¿Para qué? Más de 120 mil personas están hacinadas hoy en las cárceles y eso para qué ha servido. Que los Estados Unidos se lleven las rutas, la información, que se lleven 50 pesitos de cada 100 pesos y que nos dejen al capo aquí para negociar con él, para someterlo a la justicia acá.

Cuando hablas de entablar diálogos urbanos con los Gaitanistas y la Oficina, hablas de que a ambas estructuras se les de distinto trato, ¿por qué?

Los Gaitanistas son herederos de grupos de la guerrilla del EPL, de la disidencia que no se sumó a la dejación de armas del 91. También del paramilitarismo. Actúan como paramilitares: enfrentan a la guerrilla, matan líderes sociales, defensores de derechos humanos, amenazan, toman control de territorios, desplazan, están contra la restitución de tierras. Creo que hay que encontrar un punto medio porque ellos no te van a aceptar el sometimiento porque saben que tienen fuerza militar, son capaces de responder y han respondido militarmente. 

Yo soy enemigo de los Gaitanistas, pero hoy en Colombia estoy convencido de que la paz tiene que ser con ellos porque si no qué vamos a hacer los próximos años con gente que tiene presencia en 22 departamentos, que tiene un ejército que no creo en las cifras del gobierno nacional que dice que no son más de tres mil hombres. Si están en 22 departamentos, calcule el número de tropas que tiene para estar hoy enfrentados en el Chocó con el ELN, para haberse enfrentado en el Bagre con el ELN, para estar cubriendo fronteras, para estar tomando control en otros departamentos. 

Para la Oficina sólo recomiendo el sometimiento a la justicia, no darle el mismo status. La fuerza de la Oficina se basa en territorios, en negocios, en poder militar. Si los jefes de la Oficina nos ayudan a desmantelar casas de tortura, paga-diario, venta de drogas a menores de edad, si liberan los barrios, obvio que merecen garantías importantes, no se trata de que haya impunidad, pero merecen premios. En las fincas podemos construir cárceles alternas porque ¿quién dijo que a punta de cárcel esto lo resolvemos?